ENTRE AMPAROS Y BURRADAS

Lo de hoy son los amparos. Con motivaciones y orígenes diferentes pero todas vinculadas con asuntos de interés general, las demandas del amparo de la justicia federal contra diversos actos de autoridad se han multiplicado las últimas semanas en estas tierras. Vistas separadamente sumarán decenas, pero se agrupan en tres “paquetes” que facilitan su abordamiento. Algunos de estos juicios se refieren a circunstancias individuales, pero otros hay que involucran intereses colectivos y tienen que ver con el futuro de nuestra ciudad y de quienes la habitamos.

LA SIERRA

Sin duda que el tema de mayor trascendencia hoy y en los años por venir es el que se refiere a la Declaratoria de Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito (DANP), no tanto en la visión estrecha de sus afectaciones a intereses inmobiliarios sino en la perspectiva más amplia de cómo se reconfigurará el futuro crecimiento urbano, racional, factible, ordenado, regulado y sustentable de esta capital y buena parte de su zona metropolitana. 

En los términos que fue promulgado, el decreto que dispone la DANP impone nuevos limites y restricciones al desarrollo urbanístico de la ciudad, por lo que obliga a revisar con detenimiento y con criterios técnicos los planes y planos que se aprobaron hace menos de un año en el Cabildo. No creo que sea cuestión de rehacerlos íntegramente, pero sí de verificar si siguen dando respuesta o no a unas cuantas preguntas esenciales: ¿Hacia dónde debe y puede crecer la mancha urbana? ¿Por dónde pasarán las nuevas vialidades que urgen para resolver la aguda problemática actual en materia de movilidad y prevenir su agravamiento? ¿Sigue siendo deseable el crecimiento industrial en esta zona o conviene ir buscando nuevas alternativas de desarrollo económico?

Las bases para responder a estas cuestiones tan elementales están en gran medida contempladas en los planes de desarrollo urbano aprobados en febrero del año anterior, pero esos documentos consideraban el aprovechamiento urbanístico e inmobiliario de parte de la Sierra de San Miguelito. Las restricciones contenidas en la DANP obliga a su revisión con los nuevos parámetros.

Lo que sí es absolutamente imprescindible es que esa revisión se sustente en criterios técnicos y que sus respuestas se aparten de intereses particulares. Desentenderse de estas interrogantes y sucumbir a la miopía respecto de nuestro propio futuro, puede tener consecuencias catastróficas. Sin exagerar. La falta de condiciones propicias para el adecuado crecimiento urbanístico, inmobiliario, comercial y demás, conducirá lenta pero inexorablemente a la degradación de nuestra calidad de vida, con lo mucho que eso repercute en la competitividad regional para atraer y/o propiciar nuevas inversiones que a su vez generen empleos.

Esta prevención -asomarnos al futuro y no esperar a que nos atropelle- tiene sentido cualquiera que sea el fallo final en los juicios de amparo promovidos por los núcleos agrarios: se confirma el decreto de la DANP, se anula o se modifica en parte. Lo que se necesita hacer ni es muy complejo ni cuesta mucho.

LAS INHABILITACIONES

El pasado viernes 7, cuando acudieron ante el Poder Judicial Federal a solicitar amparo contra la decisión del Congreso del Estado de inhabilitar por diversos períodos a una decena de exintegrantes del Cabildo capitalino, con Xavier Nava Palacios a la cabeza, los abogados temían que el juez de distrito correspondiente rechazara su demanda por considerarla notoriamente improcedente. Esto, básicamente porque el juzgador considerara aplicable en automático la disposición contenida en el artículo 126 de nuestra Constitución local, que establece que en materia de juicios políticos “Las declaraciones y resoluciones del Congreso no son recurribles”.

Y aunque un fallo semejante hubiera podido apelarse ante una instancia superior, el golpe inicial habría sido muy severo. Pero no ocurrió así. La demanda fue admitida, se concedió la suspensión provisional y están próximos a celebrarse nuevos pasos procesales. 

La admisión y las suspensiones tanto provisional como definitiva no presuponen nada respecto del fallo final una vez analizado el fondo del asunto, pero por lo pronto en el Congreso se pusieron muy nerviosos. De entrada, porque lo que suponían un blindaje impenetrable (lo no recurrible de sus resoluciones) saltó hecho añicos. Lo que el juez federal hizo fue admitir a revisión constitucional si todos los pasos procedimentales del Congreso se apegaron a principios ineludibles como son el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. 

El nerviosismo de nuestros legisladores se agudiza porque hay otro cabo que dejaron suelto y del que podría jalar el juzgado de distrito que conoce de la causa. Se trata del hecho de que dieron por concluido un litigio federal que en estricto sentido no lo estaba. Sea que lo hayan hecho por despistados o por acatar consignas, lo cierto es que han quedado expuestos a por lo menos una reprimenda de los tribunales federales. 

Pero no es eso lo que más preocupa a los señores diputados sino la posibilidad, al parecer no tan remota, de que si la resolución de fondo del juicio de amparo se da en ciertos términos,  Nava, Lujambio y demás compañeros de viaje encuentren condiciones jurídicas apropiadas para emprender, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una demanda de juicio político contra los 26 legisladores locales que votaron a favor de las inhabilitaciones y remociones (el único que se abstuvo fue Eloy Franklin). Eso sería, llegado el caso, lo que se llama pasar de escopetas a patos.

Interesante este panorama, pero no se le olvide: las resoluciones finales e inapelables tardarán años. Ni modo.

DOÑA MÓNICA Y SUS APUROS

La semana pasada nos enteramos de que nuestra exsecretaria de Salud, la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, anda con la preocupación de que alguna autoridad, sea estatal o federal, la quiera meter a la cárcel. Con motivo de esa preocupación fue su solicitud de amparo contra todos los juzgados del fuero común habidos y por haber, cualquiera de los cuales podría haber expedido una orden de aprehensión en su contra.

La verdad es que la acción de la también excandidata de Morena a la gubernatura estatal es eso que los abogados conocen como “amparo buscador”. Un recurso cuyo verdadero objetivo es saber si en cualquiera de los juzgados locales existe alguna carpeta de investigación que la involucre. Aparentemente en ese momento no la había, pero eso de ninguna manera implica que no pueda haberla hoy o en el futuro. 

Lo curioso es que el gobernador Gallardo Cardona salió al llano -¿No habrá nadie que le diga que son cosas en los que no debe andarse metiendo?- a decir que al parecer quien sí anda tras la doctora es la justicia federal. Puede ser, ya que las muy graves irregularidades encontradas a su gestión en la Secretaría de Salud involucran tanto recursos federales como estatales, y tiene observaciones al respecto tanto de la Auditoria Superior del Estado como de la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, no deja de ser extraño que sin tener por qué hacerlo, ya que en todo caso sería un asunto emprendido por la supuestamente autónoma Fiscalía General del Estado y el muy independiente Poder Judicial, Gallardo haya salido apresuradamente a lavarse las manos y lanzar la pelota a la cancha de la federación. Da la impresión de que se trata de una papa caliente que no quiere en sus manos ni medio segundo. ¿Por qué? Veo dos posibilidades: teme causar enojos jupiterinos por andar tratando de darle bote a una ex candidata de Morena, o algo hay de cierto en las insistentes versiones de que tiene un pacto de impunidad con Juan Manuel Carreras, cuya situación personal se volvería extremadamente comprometida si doña Mónica avienta lodo sobre el ventilador.

Por lo demás, el afán local de escurrir el bulto en ese espinoso tema contradice en los hechos otra insistente versión: Que el tal Gabo, socio de negocios con la doctora en Salud, ya había soltado la sopa para buscar clemencia en su sentencia. ¿Y si comenzó a “cantar” y le dijeron que se callara?

COMPRIMIDOS

Definitivamente, tenemos un gobierno de ignorantes. Mire usted: desde siempre se ha sabido que las lenguas indígenas que se hablan en nuestro estado son tres: Huasteco, Náhuatl y Pame. Así lo registra el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, numerosos libros especializados y los académicos expertos que consultamos. Súbitamente, la administración gallardista decidió, mas por su ignorancia que por sus pistolas, aumentar un cuarto lenguaje a la lista. Les platico:

Desde hace varias semanas, en el cruce de Cordillera de los Alpes (salida a Guadalajara) con la calle Cerro Alto, colonia Loma Verde, apareció un espectacular del Gobierno del Estado en el que se lee: “100 días cumpliendo compromisos. Generar información en medios digitales y redes sociales en lenguas indígenas Tének, Náhuatl, Huasteco y Pame” (el subrayado es nuestro). El Tének no existe como idioma. Tének o Teneek es la forma como los huastecohablantes se denominan a sí mismos. De igual manera, los Pames se autodenominan Xi’iuy, pero hasta ahora nadie ha salido con la tontería de decir que en nuestra entidad también se habla el idioma Xi’iuy. Lo malo no es que sean ignorantes sino que les guste exhibirlo en grandes anuncios. 

Los cambios en gobierno se convirtieron en un folletín por entregas. Desde la semana pasada el mismísimo señor gobernador anunció que haría cambios en sus gabinetes legal y ampliado y hasta explicó que se harían porque algunos funcionarios “no estuvieron a la altura”. Llegó la fecha y el que apareció el lunes fue un titubeante secretario general de Gobierno a decir que sí, que habría relevos y enroques, pero no fue tan claro y contundente como se habría deseado. Así las cosas y en espera de la confirmación necesaria para hacer el análisis correspondiente, por ahora solo cabe destacar la enorme sensibilidad con que este gobierno hace algunas cosas: anunció la remoción de Arturo Segoviano justo el día que falleció su señor padre. Extraña manera de expresar condolencias.

En las vísperas de cumplir los primeros cien años de su autonomía, nuestra Universidad enfrenta una difícil situación económica que se ve más en riesgo de empeorar que de resolverse. A reserva de en otra columna desglosar las cifras y entrar a los detalles, por ahora lo cierto es que sería un absurdo de proporciones históricas que nuestra Alma Mater llegara a su centenario en un marco de convulsiones e inestabilidad. Escenario total y absolutamente indeseable.

Hasta el próximo jueves.