Es la transformación…

Transformar no es lo mismo que reformar y, en el caso de la iniciativa del actual gobierno federal que pretende corregir los entuertos de la reforma eléctrica auspiciada por Peña Nieto en 2013 no se trata, por supuesto, de una “reforma a la reforma”, como simplonamente plantean los anti-obradoristas recalcitrantes. Una visión jurídica tan plana puede insistir en ese formulismo y, en el extremo, hasta se podría conceder que se trata de una pretensión para validar condiciones mínimas de una discusión que, empero, no es equivalente a una pretensión de la verdad. Es decir, lo importante es el contenido de la discusión que propone algo más que la formalidad de sus términos y, por eso, la necesidad de precisar que no es tampoco una “contra-reforma” esa iniciativa, sino una propuesta diferente para avanzar en la transformación institucional del país. Reformar es “cambiar para que las cosas sigan igual”, como el gatopardo de Lampedusa; transformar es cambiar para que la realidad pueda ser distinta, tanto como sea viable postular su aterrizaje en el contexto de las condiciones prevalecientes.  

Aquí comentamos la semana pasada cómo el gobierno anterior auspició el negocio de grandes empresas privadas mediante el abuso de los permisos de autoabastecimiento de electricidad, generando un mercado eléctrico paralelo y simulando tener socios con participaciones de… ¡1 dólar!, para proceder a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE, haciéndose así la voluntad económica de los privados en los bueyes del compadrazgo estatal. Las cosas se dieron de esa manera porque teníamos un Estado entregado a los intereses de los privados de fuera y dentro del país, y eso es muy distinto a promover la inversión de manera que no se vulnere una soberanía que, en última instancia, no corresponde al Estado mexicano, sino al pueblo mismo. En todo caso, el pueblo mexicano nunca fue consultado para que legitimara las famosas “reformas estructurales”, ni siquiera formalmente, porque el tristemente célebre “Pacto por México” aplaudió a rabiar a Peña en nombre de una clase política harto desprestigiada.

Estamos tan acostumbrados a dar por sentados ciertos supuestos del pensamiento (neo)liberal capitalista y conservador, sin reparar en sus determinaciones históricas, por lo que suelen aceptarse como verdades absolutas cuestiones desmentidas en los hechos como el de que la revolución industrial es de origen europeo, o que la edad media fue un enclaustramiento epocal universal; siendo rémoras de una visión eurocéntrica, por ejemplo. Así también, ahora se pretende desdeñar un papel más activo del Estado mexicano como garante de la soberanía nacional que reside en el pueblo (la “potentia” o sede del poder político), papel reivindicado por el actual gobierno (“la “potestas”) para resguardo de los bienes de la nación y, por eso, acusado de promover regresiones al pasado en términos de populismo o de “nacionalismo revolucionario”. La verdad es que “ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario”; es defensa del patrimonio mexicano y reordenar la economía nacional exige mano firme de la política para evitar que filones de la riqueza mineral, que despiertan la codicia de intereses económicos privados de fuera y dentro del país, sean agenciados a cambio de los espejitos que suelen ofrecer muy ufanos, como en el asunto de las reservas de litio que ya comentaremos posteriormente.