Escazú

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad de Escazú, Costa Rica, y tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de adopción de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Respecto al primer punto se regulan las condiciones para la transparencia, en la que cualquier persona puede acceder a información pública. Así también se estipula la claridad con la que el Estado deberá generar, sistematizar y hacer disponible los datos sobre distintos aspectos vinculados al ambiente (algo que en nuestro país hace mucha falta y más en los tiempos de la supuesta cuarta transformación). 

En cuanto a la participación pública, se destaca su importancia en los procesos de toma de decisiones  ambientales y se hace hincapié en los esfuerzos por incluir a públicos específicos y en situación de vulnerabilidad.

Con relación a la justicia, se contemplan las garantías y condiciones para su ejercicio tanto en la administración como en la justicia misma. Esto nos da pauta a la articulación de puntos esenciales para el progreso de nuestro derecho ambiental.

Además, y como aspecto novedoso, es el primer tratado internacional que aborda la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, que surge precisamente para luchar por la naturaleza. Allí se establecen obligaciones para garantizar un entorno seguro sin restricciones o amenazas, así como para velar por la protección y promoción de los derechos necesarios de los defensores humanos, incluidos la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, circulación y reunión, entre otros. Asimismo, deberá trabajarse sobre las medidas apropiadas para prevenir y sancionar cualquier ataque o amenaza a dichos individuos.

Como todo, este acuerdo ha tenido sus dificultades, una de las más relevantes es el tema de su ratificación.

Tras su aprobación en el Senado en meses pasados, México se convierte en la última pieza del engranaje para que se ponga en marcha el tratado.

El pasado 22 de enero, se llevó a cabo la Ceremonia para el Depósito del Instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú, en modalidad semipresencial debido a la pandemia que actualmente vivimos a nivel mundial.

Cabe destacar que, gracias a que nuestro país se convirtió en el onceavo depósito ante Naciones Unidas, dicho ordenamiento entrará en vigor 90 días después de la ceremonia mencionada, es decir el 22 de abril, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra.

También, el pacto ofrece detalles que no se encuentran en las leyes de muchos países de la región, empezando por el nuestro. Por ejemplo, el artículo 7 establece cómo deben realizarse las consultas públicas sobre temas ambientales, un asunto controversial en México ante el uso que ha hecho el Gobierno de López Obrador de estos procesos.

La ONU criticó duramente la consulta sobre uno de los proyectos estrella de nuestro presidente, el Tren Maya, afirmando que las autoridades decidieron unilateralmente el método del desarrollo sin la participación de las comunidades y también debemos agregar  que la  información que presentaron, como es costumbre nos muestra solo los datos que quieren que veamos.

Escazú estipula que las consultas tienen que ser previas, deben explicar de manera comprensible el posible impacto ambiental del proyecto, esto debe ser traducido a los idiomas de la población afectada y tiene que ofrecer la oportunidad de que las comunidades presenten observaciones.

La importancia del Acuerdo radica en que obliga a los países que son parte del mismo afianzar que todas las personas tengan derecho a vivir en un medio ambiente sano. Los obliga también a adoptar todas las medidas necesarias ya sean legislativas, reglamentarias, administrativas o de otra clase para asegurar que el Instrumento Internacional se implemente de manera efectiva.

El Gobierno debe emprender todos los esfuerzos para su entrada en el ámbito nacional, lo que implica hacer un cambio de prácticas y vicios que venían limitando el acceso a nuestros derechos humanos.

En un país donde el manejo de información, la negación de datos por parte de las autoridades y la violencia y amenazas a los defensores es diario, pertenecer a este acuerdo representa un gran reto que ya veremos cómo se desarrolla con el paso del tiempo.

Por lo pronto la ratificación nos da un poco de esperanza ya que este puede considerarse de protección elevada a nuestros derechos.

Y es que aunque suene triste debemos de admitir que este acuerdo era necesario pues no podemos ser omisos en reconocer el contexto que se vive en nuestra patria.

Entonces ¿Cómo podríamos alzar la voz por nuestro medio ambiente sin protección? Luchar por un derecho humano no debería costarnos la vida, es por esto que Escazú representa un rayo de luz para todos aquellos que velamos, luchamos y abogamos por una nación verde. 

Delírium trémens.- Acerca del PMOTyDU: la Sierra de San Miguelito es una zona especifica que debe respetarse, atendiendo siempre la normatividad en materia de ecología. Ese lugar es independiente del resto de la ciudad, y en todo caso lo que no esté relacionado a la SMM, debe seguir su curso, porque es lo que garantiza un crecimiento ordenado y regulado del centro de población. No hay un conflicto de intereses, ni colisión de derechos de los ciudadanos de San Luis Potosí con relación a ella, por el contrario, todos han expresado su voluntad de respetar el orden jurídico. La CONANP reveló que la declaratoria puede demorar hasta 8 años; si actualmente genera tanta inquietud, que las autoridades competentes lo reserven a “plan parcial” y pero que continúe la actualización del PMOTyDU. Sí se puede coevolucionar y entenderse la naturaleza, economía y sociedad. San Luis lo necesita.

@luisglozano