Gana la X
Aunque ya hace varios meses que cesó de existir, la LXIII Legislatura, la pasada, sigue cosechando derrotas a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No fueron pocas las resoluciones del máximo tribunal del país que echó abajo resoluciones legislativas, varias de ellas derivadas de deficiencias en el cumplimiento de las consultas públicas que debían hacerse con sectores vulnerables, como las comunidades originarias o las personas con discapacidad.
También hubo anulaciones de reformas al Código Penal y leyes como la Orgánica del Municipio Libre.
La más reciente de la colección, sin embargo, tiene especial relevancia por el trasfondo político que originó el fallo judicial y, sobre todo, las consecuencias que podría tener para la vida pública del estado.
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El pasado miércoles 25, la Primera Sala de la SCJN emitió su fallo en el amparo en revisión 91/2024, que anulaba la inhabilitación de 18 años para ocupar un cargo público que la LXIII Legislatura impuso al exalcalde capitalino Xavier Nava Palacios en diciembre de 2021.
El proyecto fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf
El duro castigo se originó por la denuncia presentada por ejidatarios de Rancho Nuevo La Libertad presentaron contra Nava Palacios al que acusaron de violar una suspensión decretada, ojo en esto, por un tribunal federal, en el litigo por la construcción de un puente sobre la carretera 57 en predios que el ejido reclamaba como suyos.
No sólo Nava Palacios fue inhabilitado, sino también la síndica Nayeli Vázquez, por 15 años, y Alfredo Lujambio, edil interino tras la solicitud de licencia que pidió Nava Palacios para participar en la elección de 2021 y varios regidores.
En realidad, el proceso de sanción lo empezó la LXII Legislatura, pero como ya estaba en su recta final, fue a la siguiente, primera en la que el gallardismo tuvo el control.
Hay que recordar lo que implicaba la figura navista en este grupo: derrotó al patriarca, Ricardo Gallardo Juárez, cuando éste buscaba la reelección; y emprendió una serie de acusaciones por presuntos actos de corrupción que implicaban cifras millonarias, como el caso Axioma Kusuri, el pago millonario de Interapas a una empresa por el servicio médico, que luego transfirió alrededor de 180 millones de pesos a empresas pertenecientes a la familia.
El esquema, incluso, fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En noviembre de 2024, ya cuando el gobierno gallardista había cimentado la alianza con la 4T, la misma dependencia reveló que había cerrado la investigación.
Pero el agravio ahí quedó, y alimentó una malquerencia que incluso viene de más atrás, pues el gallardismo considera un traidor a Xavier Nava, pues consideran que éste le debe la diputación federal que obtuvo el exalcalde.
En este marco, una Legislatura bajo control gallardista no iba a desaprovechar el pase a gol que representaba decidir el futuro político de un adversario, y actuó en consecuencia.
También lo hizo Nava Palacios, que logró un fallo favorable en un amparo promovido por el Juzgado Tercero de Distrito en diciembre de 2022. Sin embargo, la suspensión definitiva fue revocada en febrero de 2023 por una decisión del Segundo Tribunal Colegiado.
Pero a Nava Palacios le resultó otra vía, al impugnar la totalidad del proceso del juicio político, asunto a fines de 2023 atrajo el Pleno de la SCJN, para discutir lo que sería el amparo en revisión 91/2024
El Congreso potosino se inconformó contra la decisión, pero su queja fue desestimada.
Y así llegamos al fallo de la SCJN del pasado miércoles, un contundente varapalo al Congreso potosino, que lo deja muy mal parado.
Esto porque los ministros decidieron, por mayoría de 4 votos contra uno, que los integrantes de la anterior Legislatura ejercieron, de manera indebida, facultades que están reservadas al Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con la sentencia del caso.
Para los ministros, la calificación del incumplimiento de la suspensión concedida a los ejidatarios, la causa de la solicitud de juicio político que hicieron en contra de Nava Palacios, no correspondía hacerla a los diputados locales potosinos.
“Por tanto, las determinaciones de juicio político que se adopten con base en ese supuesto incumplimiento carecen de validez al ser contrarias a los principios de legalidad, competencia y división de poderes”, decretaron los ministros.
Por otra parte, la controversia originaria, el enojo de los ejidatarios por la ocupación de un predio suyo por parte de la alcaldía, desapareció con el pago de 4 millones de pesos hecho por el gobierno de Enrique Galindo Ceballos
“En consecuencia, se determinó que no subsistía materia para pronunciarse sobre el cumplimiento de la suspensión, por lo que se declaró infundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento”, señala el fallo.
La Primera Sala recuerda que el primer fallo favorable a Nava Palacios se justificó tras advertir el Juzgado federal que lo tramitó “la existencia de violaciones procesales cometidas durante el procedimiento legislativo como la falta de pronunciamiento sobre pruebas o el cierre de instrucción”.
La pasada Legislatura insistió en su postura, impugnó y obtuvo una victoria momentánea. Hasta que intervino la SCJN.
Cada renglón de la parte central del fallo es un golpe al prestigio e imagen del Congreso potosino.
Señala que el Congreso asumió funciones del Poder Judicial Federal.
Esta invasión de facultades de otro poder, señala el fallo con cierto desdén, impide considerar al juicio político abierto contra Nava, “sin mayor análisis”, como un acto soberano del Congreso, ajeno al control judicial.
“La Sala resolvió que el Congreso del Estado de San Luis Potosí se excedió en su ámbito competencial al valorar de forma unilateral el presunto incumplimiento de una suspensión de plano dictada por un órgano jurisdiccional federal —sin que para ello existiera una resolución judicial de amparo emitida en tal sentido—, actuación que, a su vez, vulneró derechos fundamentales del quejoso”, establece el fallo en uno de los resolutivos.
En su afán por sancionar a un enemigo político, a los diputados de la pasada Legislatura incurrieron en una invasión de competencias que los ministros consideraron no se puede tolerar.
Así, la Primera Sala concluyó que el proceso era inconstitucional, por lo que la resolución quedaba invalidada y, la estocada final, ordenó al Congreso potosino emitir otra resolución en la que se declare la improcedencia de dicho juicio político.
La primera respuesta de esta Legislatura a la noticia fue lo que coloquialmente se conoce como una “patada de ahogado”. Héctor Serrano, líder de la bancada gallardista, usó la carta de que el Congreso no había sido notificado oficialmente del revés
“Le han dado una gran difusión con el interés simple y llanamente de decir ‘fue exonerado’, pero hasta este momento, el Congreso no tiene los efectos a los que se refiere dicha exoneración”, dijo el diputado petista-verde, buscando atrasar lo más posible lo inevitable: el fracaso del golpe gallardista contra Nava Palacios. Si fuera partida de gato, en esta ocasión ganó la X.
Dependiendo de los planes del exalcalde, podría abrirse una nueva partida.
