En México, el gasto en desarrollo social pasó del 55.4 % del gasto programable en 2009 al 63.0 % en 2017 (véase gráfica), incremento que no se refleja de manera similar en la disminución de la desigualdad y pobreza en México, algo esta mal: ¿Se necesitan más recursos o se requiere aplicarlos mejor? El problema esta en lo local, los gobiernos se sienten presionados para que mejoren su capacidad de aplicar el gasto público y contribuyan de manera más eficiente a la solución de los problemas públicos.
Los gobiernos locales tienen opciones que van más allá de subir los impuestos o recortar el gasto; tienen que gastar mejor, transitar de un ejercicio fiscal despilfarrador e ineficiente a un gasto eficiente que contribuya a la solución de los problemas públicos. Disminuir el gasto del gobierno tiene un costo político alto, sin embargo, ejercer el gasto de manera “inteligente” es más viable, lo que significa dividir el presupuesto sector por sector, identificar las ineficiencias técnicas y de asignación.
Para ejercer un gasto “inteligente” es importante que los gobiernos locales elaboren diagnósticos en cada uno de los sectores en los que se aplicarán los recursos, utilizando una metodología basada en la evidencia empírica y poniendo en el centro de cada situación problemática a las personas; además deben de llevar a cabo análisis de costo-beneficio y obtener tasas de retorno con el fin de asignar el gasto allí donde sea más productivo y genere mayor valor público para disminuir la desigualdad social.
La situación de ajuste por la que atraviesan las finanzas públicas locales requiere de la maximización de recursos, de minimizar los insumos y el tiempo requerido para solucionar los problemas públicos locales; por ello incrementar la eficiencia en el gasto público local se hace mediante la eficiencia técnica y la eficiencia asignatura; la primera identifica las ineficiencias en cada rubro del gasto, y la segunda se refiere a cambiar la priorización entre las diferentes partidas de gasto público.
Ambas técnicas para elevar la eficiencia del gasto público resultan cruciales en la implementación de mejores políticas públicas; sin embargo la estrategia más aplicada por los gobiernos locales se ha concentrado en la reducción de cada una de las asignaciones del presupuesto, y no han asumido el costo político de cambiar las prioridades de asignación de los recursos públicos, sobre todo porque cada rubro representa recursos otorgados a grupos locales con poder político.
Los responsables de las finanzas públicas locales se la pasan negociando con el Congreso y el gobierno federal la asignación de mayores recursos presupuestales para incrementar sus ingresos, hacen mucha política y poca administración, ya que no asumen sus responsabilidades fiscales que las leyes les otorgan, prefieren dependencia financiera y con ello pérdida de autonomía en la toma de decisiones de política pública, que asumir los costos políticos que implica incrementar la recaudación de los ingresos públicos.
La precariedad de las finanzas públicas locales tiene varias causas: falta de profesionalización, negligencia, corrupción, asignación ineficiente del gasto, despilfarro de recursos públicos, por lo que se requiere hacerles frente de manera urgente a cada una de ellas, se necesitan soluciones integrales y no solo buscar la asignación de mayores recursos por parte del gobierno federal; sin duda que el primer paso es técnico, se requiere identificar las ineficiencias técnicas en el ejercicio de los recursos públicos.
Un gasto público de calidad implica elevar la eficiencia asignativa de los recursos de cada uno de los rubros del presupuesto de egresos, para ello se requiere: 1) analizar la asignación del gasto entre la edad de la población, midiendo el impacto que se tenga en el corto, mediano y largo plazo, por lo que el sector de los jóvenes es el que obtendría un mayor impacto, ya que se estarían generando las condiciones que les permitan su incorporación a las actividades productivas del país.
En segundo lugar, es necesario valorar el costo - beneficio de aplicar recursos en subsidios, transferencias y gasto administrativo; el dilema es más de fondo, mayor gasto social o mayor gasto en capital social, cuyos resultados tienen efectos distintos en la sociedad o en lograr un mayor crecimiento económico; en México ya podemos evaluar la estrategia de priorizar el gasto social, el balance no es positivo, sobre todo porque éste se aplica con criterios políticos y electorales.
En tercer lugar, es necesario que los gobiernos locales hagan un diagnóstico de la baja calidad del capital humano de su sociedad local, identificando los sectores y áreas criticas de manera longitudinal y comparada; así como analizar el costo - beneficio de asignar mayor gasto para la formación de habilidades a lo largo del ciclo de vida de la población, sobre todo en aquella que está por entrar a la actividad productiva. Cambiar la agenda de políticas públicas, implica priorizar nuevos y diferentes valores desde lo político.
En cuarto lugar, es urgente valorar el costo – beneficio de la existencia de un alto gasto en salarios, viáticos y ceremoniales, y otros gastos de operación; profesionalizar la administración pública mediante un proceso de selección de su personal de manera pública y transparente es urgente, como lo es la disminución de viáticos y actos ceremoniales. Menos gastos administrativos y mejor focalización de los recursos públicos sin duda que generarán los ahorros presupuestales que permitan la implementación de más y mejores políticas públicas.
En síntesis, ineficiencias técnicas y de asignación de los recursos públicos, la corrupción, así como toma de decisiones de política pública bajo premisas políticas y electorales han generado un gasto publico de baja calidad en los gobiernos locales y como consecuencia en la sociedad, por lo que una estrategia de salida es considerar la edad de la población en la asignación de los recursos públicos, disminuir los subsidios, transferencias y gastos administrativos, así como incrementar los recursos a políticas que impulsen la formación de capital humano.
Los gobiernos locales tienen opciones que van más allá de subir los impuestos o recortar el gasto; tienen que gastar mejor, transitar de un ejercicio fiscal despilfarrador e ineficiente a un gasto eficiente que contribuya a la solución de los problemas públicos. Disminuir el gasto del gobierno tiene un costo político alto, sin embargo, ejercer el gasto de manera “inteligente” es más viable, lo que significa dividir el presupuesto sector por sector, identificar las ineficiencias técnicas y de asignación.
Para ejercer un gasto “inteligente” es importante que los gobiernos locales elaboren diagnósticos en cada uno de los sectores en los que se aplicarán los recursos, utilizando una metodología basada en la evidencia empírica y poniendo en el centro de cada situación problemática a las personas; además deben de llevar a cabo análisis de costo-beneficio y obtener tasas de retorno con el fin de asignar el gasto allí donde sea más productivo y genere mayor valor público para disminuir la desigualdad social.
La situación de ajuste por la que atraviesan las finanzas públicas locales requiere de la maximización de recursos, de minimizar los insumos y el tiempo requerido para solucionar los problemas públicos locales; por ello incrementar la eficiencia en el gasto público local se hace mediante la eficiencia técnica y la eficiencia asignatura; la primera identifica las ineficiencias en cada rubro del gasto, y la segunda se refiere a cambiar la priorización entre las diferentes partidas de gasto público.
Ambas técnicas para elevar la eficiencia del gasto público resultan cruciales en la implementación de mejores políticas públicas; sin embargo la estrategia más aplicada por los gobiernos locales se ha concentrado en la reducción de cada una de las asignaciones del presupuesto, y no han asumido el costo político de cambiar las prioridades de asignación de los recursos públicos, sobre todo porque cada rubro representa recursos otorgados a grupos locales con poder político.
Los responsables de las finanzas públicas locales se la pasan negociando con el Congreso y el gobierno federal la asignación de mayores recursos presupuestales para incrementar sus ingresos, hacen mucha política y poca administración, ya que no asumen sus responsabilidades fiscales que las leyes les otorgan, prefieren dependencia financiera y con ello pérdida de autonomía en la toma de decisiones de política pública, que asumir los costos políticos que implica incrementar la recaudación de los ingresos públicos.
La precariedad de las finanzas públicas locales tiene varias causas: falta de profesionalización, negligencia, corrupción, asignación ineficiente del gasto, despilfarro de recursos públicos, por lo que se requiere hacerles frente de manera urgente a cada una de ellas, se necesitan soluciones integrales y no solo buscar la asignación de mayores recursos por parte del gobierno federal; sin duda que el primer paso es técnico, se requiere identificar las ineficiencias técnicas en el ejercicio de los recursos públicos.
Un gasto público de calidad implica elevar la eficiencia asignativa de los recursos de cada uno de los rubros del presupuesto de egresos, para ello se requiere: 1) analizar la asignación del gasto entre la edad de la población, midiendo el impacto que se tenga en el corto, mediano y largo plazo, por lo que el sector de los jóvenes es el que obtendría un mayor impacto, ya que se estarían generando las condiciones que les permitan su incorporación a las actividades productivas del país.
En segundo lugar, es necesario valorar el costo - beneficio de aplicar recursos en subsidios, transferencias y gasto administrativo; el dilema es más de fondo, mayor gasto social o mayor gasto en capital social, cuyos resultados tienen efectos distintos en la sociedad o en lograr un mayor crecimiento económico; en México ya podemos evaluar la estrategia de priorizar el gasto social, el balance no es positivo, sobre todo porque éste se aplica con criterios políticos y electorales.
En tercer lugar, es necesario que los gobiernos locales hagan un diagnóstico de la baja calidad del capital humano de su sociedad local, identificando los sectores y áreas criticas de manera longitudinal y comparada; así como analizar el costo - beneficio de asignar mayor gasto para la formación de habilidades a lo largo del ciclo de vida de la población, sobre todo en aquella que está por entrar a la actividad productiva. Cambiar la agenda de políticas públicas, implica priorizar nuevos y diferentes valores desde lo político.
En cuarto lugar, es urgente valorar el costo – beneficio de la existencia de un alto gasto en salarios, viáticos y ceremoniales, y otros gastos de operación; profesionalizar la administración pública mediante un proceso de selección de su personal de manera pública y transparente es urgente, como lo es la disminución de viáticos y actos ceremoniales. Menos gastos administrativos y mejor focalización de los recursos públicos sin duda que generarán los ahorros presupuestales que permitan la implementación de más y mejores políticas públicas.
En síntesis, ineficiencias técnicas y de asignación de los recursos públicos, la corrupción, así como toma de decisiones de política pública bajo premisas políticas y electorales han generado un gasto publico de baja calidad en los gobiernos locales y como consecuencia en la sociedad, por lo que una estrategia de salida es considerar la edad de la población en la asignación de los recursos públicos, disminuir los subsidios, transferencias y gastos administrativos, así como incrementar los recursos a políticas que impulsen la formación de capital humano.