“El que tiene salud, tiene esperanza;
el que tiene esperanza, lo tiene todo”.
Thomas Carlyle
A Melissa y a todos quienes están
en el camino de recuperar su salud
La teoría económica actual nos indica que una buena salud es un factor esencial del crecimiento económico. Bajo esta premisa, el papel de la salud como un componente decisivo en la formación de capital humano y como un factor potencial de crecimiento y desarrollo económico, es fundamental.
La ventaja de invertir en salud se convierte en una prioridad, pues una población sana contribuye de mejor manera al desarrollo y crecimiento económico de su país, y una salud y nutrición adecuada, repercuten en el ingreso de las personas.
Sin embargo, cuando la salud se ve afectada, se recurre a la atención médica y los gastos correspondientes para recuperarla. Se considera que el gasto en salud es catastrófico cuando las familias reducen su gasto básico por un periodo de tiempo largo para cubrir el costo vinculado en atender la salud.
Para atender estas contingencias existe el seguro de gastos médicos, contrato realizado con una compañía de seguros, quien se obliga a indemnizar por los gastos efectuados para atender la salud del contratante. La forma más común es que el asegurado cubre el gasto, entrega los comprobantes de las erogaciones realizadas a la aseguradora, quien después de analizarlos, indemniza una parte del desembolso realizado de acuerdo las condiciones pactadas en el contrato.
En nuestro país, solo 7 por ciento de la población no protegida por alguna institución de seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSFAM –fuerzas armadas-), según las cifras oficiales más actualizadas, cuenta con una póliza de gastos médicos. Además, alrededor de 50 por ciento del gasto total en salud es de tipo privado, y más de 90 por ciento de éste proviene directamente del bolsillo de las familias. En otras palabras, muchos hogares mexicanos pagan con recursos propios los servicios médicos y sus medicamentos cuando son requeridos.
Lo anterior representa un problema de ineficiencia económica y de injusticia social; es decir, dado que en nuestra Constitución el garantiza el acceso universal a la salud, el caso contrario (no acceder) significa una falla en el sistema público de salud, que tiene como objetivo específico alcanzar la justicia en el financiamiento de los servicios sanitarios.
Es importante recordar que en México 51 por ciento de la población tiene condición de pobreza patrimonial, y 16 por ciento carece de acceso a los servicios de salud (CONEVAL, 2016), situación que convierte a los servicios de salud pública, como el único medio de atención en caso de alguna enfermedad o padecimiento, por lo que se cuestiona la amplitud de la cobertura real del sistema de salud, al comprometer el presupuesto de las familias pobres por el pago directo de cuidados médicos y la calidad de servicios que pueden recibir, dado su bajo nivel de ingreso.
Lo dicho hasta aquí, desde el punto de vista del ciudadano común, pero ¿qué sucede en el caso de los servidores públicos para el acceso a los servicios de salud? En específico, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es la institución de salud pública encargada de satisfacer el bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, mediante el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios médicos para su salud.
Aparentemente esto se altera con el comunicado 017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (31/12/2018) al informar que, dentro de la política de austeridad de la nueva administración federal, se incluye el monto asignado a los seguros de gastos médicos mayores (SGMM), por lo que a partir de enero de 2019 se elimina esa prestación para todo el personal de confianza de la administración pública federal.
Según análisis realizado por el Titular de la CONDUSEF, esta medida traerá implicaciones no deseadas y no del todo consideradas para este Instituto. Antes de abordar este punto, veamos que se entiende en la administración pública de nuestro país por el concepto de gastos médicos según la norma vigente:
La prestación laboral que reciben los servidores públicos de mando y enlace denominada Seguro de Gastos Médicos Mayores se define en el Artículo 30 fracción IV, del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, donde dice que El seguro de gastos médicos mayores cubre… en términos de las disposiciones aplicables, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización; es decir, cubre al servidor público y sus beneficiarios directos (familia o dependientes económicos).
Las finanzas gubernamentales aportan el pago de una “prima básica” para el trabajador y sus beneficiarios, en función de su nivel de mando. El servidor público con sus propios recursos, si así lo desea, las
puede incrementar.
Retomando lo dicho dos párrafos atrás, con la desaparición de esta prestación, el gobierno federal dice que ahorrará 2 mil 700 millones de pesos por concepto de primas. Sin embargo, no considera los efectos que tendrá sobre la demanda adicional de acceso a los servicios públicos de salud de aproximadamente 13.3 millones de trabajadores en activo, pensionados y sus familias (derechohabientes) sobre el ISSSTE de trabajadores al servicio del Estado.
Este estudio indica que en 2017 sus derechohabientes demandaron 23.7 millones de consultas, un promedio de 1.8 consultas por persona. Del total de consultas otorgadas, el 53.6 por ciento correspondieron a medicina general ambulatoria, el resto, a medicina especializada; y del total de consultas, 30 por ciento fueron visitas de primera vez, las demás, visitas subsecuentes. Esto nos lleva reflexionar sobre la importancia de realizar un análisis previo antes de tomar una medida de tal magnitud, evaluando su viabilidad tanto para el Estado, como para sus beneficiarios.
A su vez, el Informe Actuarial y Financiero del ISSSTE de 2017 indica que 11 enfermedades absorben el 37 por ciento de su gasto total en salud. De ellas, 6 son los padecimientos más costosos (enfermedades cardiovasculares, cáncer, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, hipertensión arterial y fracturas) ya que representaron el 32.0 por ciento del gasto total de funcionamiento del seguro de salud del Instituto, que asciende a poco más de 65 mil millones de pesos.
Por lo anterior existen una serie de implicaciones derivadas de esta medida de austeridad que impactará en el ISSSTE, a destacar: 1. El aumento inmediato de la demanda de servicios médicos especializados y costosos; es decir, actualmente el SGMM es usado para atender los padecimientos más costosos, por lo que la atención médica que se demande estará relacionada con ellos; 2. Existe una alta probabilidad que al cancelar este seguro, su costo se traslade a los servicios otorgados por el ISSSTE, aunque es pertinente recordar que los servidores que tienen el SGMM también pueden acceder al servicio médico del Instituto, al contribuir con la aportación correspondiente de su sueldo; y 3. Se incrementaría el costo anual por persona en la atención médica. Todo lo anterior se traducirá en una muy probable saturación por la demanda de servicios médicos, además de que el ahorro estimado por el gobierno no será tal.
Finalmente, el estudio propone como alternativa para reducir los efectos negativos sobre el ISSSTE, además de un ahorro al Estado, permitir que se mantenga el SGMM, trasladando el pago a los funcionarios que deseen mantener ese servicio.
Una gran disyuntiva sobre como un gobierno debe atender a sus ciudadanos en un tema esencial, como el de la salud. Recordemos que es un derecho humano y constitucional, y su debida atención permite lograr de mejor manera el bienestar personal, social y económico deseado, fin último del Estado. Pero ¿es preciso tomar este tipo de decisiones sin una reflexión y análisis previo? ¿es justa?, ¿ética?, ¿necesaria?, ¿viable? Imaginemos y creamos en el bienestar de la comunidad.
jmanuelrmoreno@yahoo.es
Juan Manuel Rosales Moreno / política y administración pública
el que tiene esperanza, lo tiene todo”.
Thomas Carlyle
A Melissa y a todos quienes están
en el camino de recuperar su salud
La teoría económica actual nos indica que una buena salud es un factor esencial del crecimiento económico. Bajo esta premisa, el papel de la salud como un componente decisivo en la formación de capital humano y como un factor potencial de crecimiento y desarrollo económico, es fundamental.
La ventaja de invertir en salud se convierte en una prioridad, pues una población sana contribuye de mejor manera al desarrollo y crecimiento económico de su país, y una salud y nutrición adecuada, repercuten en el ingreso de las personas.
Sin embargo, cuando la salud se ve afectada, se recurre a la atención médica y los gastos correspondientes para recuperarla. Se considera que el gasto en salud es catastrófico cuando las familias reducen su gasto básico por un periodo de tiempo largo para cubrir el costo vinculado en atender la salud.
Para atender estas contingencias existe el seguro de gastos médicos, contrato realizado con una compañía de seguros, quien se obliga a indemnizar por los gastos efectuados para atender la salud del contratante. La forma más común es que el asegurado cubre el gasto, entrega los comprobantes de las erogaciones realizadas a la aseguradora, quien después de analizarlos, indemniza una parte del desembolso realizado de acuerdo las condiciones pactadas en el contrato.
En nuestro país, solo 7 por ciento de la población no protegida por alguna institución de seguridad social (IMSS, ISSSTE, ISSFAM –fuerzas armadas-), según las cifras oficiales más actualizadas, cuenta con una póliza de gastos médicos. Además, alrededor de 50 por ciento del gasto total en salud es de tipo privado, y más de 90 por ciento de éste proviene directamente del bolsillo de las familias. En otras palabras, muchos hogares mexicanos pagan con recursos propios los servicios médicos y sus medicamentos cuando son requeridos.
Lo anterior representa un problema de ineficiencia económica y de injusticia social; es decir, dado que en nuestra Constitución el garantiza el acceso universal a la salud, el caso contrario (no acceder) significa una falla en el sistema público de salud, que tiene como objetivo específico alcanzar la justicia en el financiamiento de los servicios sanitarios.
Es importante recordar que en México 51 por ciento de la población tiene condición de pobreza patrimonial, y 16 por ciento carece de acceso a los servicios de salud (CONEVAL, 2016), situación que convierte a los servicios de salud pública, como el único medio de atención en caso de alguna enfermedad o padecimiento, por lo que se cuestiona la amplitud de la cobertura real del sistema de salud, al comprometer el presupuesto de las familias pobres por el pago directo de cuidados médicos y la calidad de servicios que pueden recibir, dado su bajo nivel de ingreso.
Lo dicho hasta aquí, desde el punto de vista del ciudadano común, pero ¿qué sucede en el caso de los servidores públicos para el acceso a los servicios de salud? En específico, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es la institución de salud pública encargada de satisfacer el bienestar integral de los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, mediante el otorgamiento de seguros, prestaciones y servicios médicos para su salud.
Aparentemente esto se altera con el comunicado 017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (31/12/2018) al informar que, dentro de la política de austeridad de la nueva administración federal, se incluye el monto asignado a los seguros de gastos médicos mayores (SGMM), por lo que a partir de enero de 2019 se elimina esa prestación para todo el personal de confianza de la administración pública federal.
Según análisis realizado por el Titular de la CONDUSEF, esta medida traerá implicaciones no deseadas y no del todo consideradas para este Instituto. Antes de abordar este punto, veamos que se entiende en la administración pública de nuestro país por el concepto de gastos médicos según la norma vigente:
La prestación laboral que reciben los servidores públicos de mando y enlace denominada Seguro de Gastos Médicos Mayores se define en el Artículo 30 fracción IV, del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, donde dice que El seguro de gastos médicos mayores cubre… en términos de las disposiciones aplicables, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización; es decir, cubre al servidor público y sus beneficiarios directos (familia o dependientes económicos).
Las finanzas gubernamentales aportan el pago de una “prima básica” para el trabajador y sus beneficiarios, en función de su nivel de mando. El servidor público con sus propios recursos, si así lo desea, las
puede incrementar.
Retomando lo dicho dos párrafos atrás, con la desaparición de esta prestación, el gobierno federal dice que ahorrará 2 mil 700 millones de pesos por concepto de primas. Sin embargo, no considera los efectos que tendrá sobre la demanda adicional de acceso a los servicios públicos de salud de aproximadamente 13.3 millones de trabajadores en activo, pensionados y sus familias (derechohabientes) sobre el ISSSTE de trabajadores al servicio del Estado.
Este estudio indica que en 2017 sus derechohabientes demandaron 23.7 millones de consultas, un promedio de 1.8 consultas por persona. Del total de consultas otorgadas, el 53.6 por ciento correspondieron a medicina general ambulatoria, el resto, a medicina especializada; y del total de consultas, 30 por ciento fueron visitas de primera vez, las demás, visitas subsecuentes. Esto nos lleva reflexionar sobre la importancia de realizar un análisis previo antes de tomar una medida de tal magnitud, evaluando su viabilidad tanto para el Estado, como para sus beneficiarios.
A su vez, el Informe Actuarial y Financiero del ISSSTE de 2017 indica que 11 enfermedades absorben el 37 por ciento de su gasto total en salud. De ellas, 6 son los padecimientos más costosos (enfermedades cardiovasculares, cáncer, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, hipertensión arterial y fracturas) ya que representaron el 32.0 por ciento del gasto total de funcionamiento del seguro de salud del Instituto, que asciende a poco más de 65 mil millones de pesos.
Por lo anterior existen una serie de implicaciones derivadas de esta medida de austeridad que impactará en el ISSSTE, a destacar: 1. El aumento inmediato de la demanda de servicios médicos especializados y costosos; es decir, actualmente el SGMM es usado para atender los padecimientos más costosos, por lo que la atención médica que se demande estará relacionada con ellos; 2. Existe una alta probabilidad que al cancelar este seguro, su costo se traslade a los servicios otorgados por el ISSSTE, aunque es pertinente recordar que los servidores que tienen el SGMM también pueden acceder al servicio médico del Instituto, al contribuir con la aportación correspondiente de su sueldo; y 3. Se incrementaría el costo anual por persona en la atención médica. Todo lo anterior se traducirá en una muy probable saturación por la demanda de servicios médicos, además de que el ahorro estimado por el gobierno no será tal.
Finalmente, el estudio propone como alternativa para reducir los efectos negativos sobre el ISSSTE, además de un ahorro al Estado, permitir que se mantenga el SGMM, trasladando el pago a los funcionarios que deseen mantener ese servicio.
Una gran disyuntiva sobre como un gobierno debe atender a sus ciudadanos en un tema esencial, como el de la salud. Recordemos que es un derecho humano y constitucional, y su debida atención permite lograr de mejor manera el bienestar personal, social y económico deseado, fin último del Estado. Pero ¿es preciso tomar este tipo de decisiones sin una reflexión y análisis previo? ¿es justa?, ¿ética?, ¿necesaria?, ¿viable? Imaginemos y creamos en el bienestar de la comunidad.
jmanuelrmoreno@yahoo.es
Juan Manuel Rosales Moreno / política y administración pública