Halconeo

Esta semana Quintaesencia cambia de rumbo. Habitualmente les comparto reflexiones sobre el medio ambiente, el cambio climático y la crisis ecológica que enfrentamos, pero hay momentos en que otros temas urgentes demandan nuestra atención. Hoy escribo sobre algo que, aunque parezca ajeno a lo ambiental, está íntimamente conectado: nuestro derecho a informar, a vigilar y a defender lo que consideramos justo.

El pasado 28 de mayo, el gobierno estatal publicó en el Periódico Oficial un decreto que debería preocuparnos a todos. El Decreto 0207 reforma el Código Penal para crear un nuevo delito llamado “halconeo”, que en términos sencillos criminaliza una serie de actividades tan amplias y vagas que prácticamente cualquier ciudadano podría convertirse en delincuente sin siquiera saberlo.

¿Qué significa esto en la práctica? Imaginen que ustedes, como ciudadanos comprometidos, deciden documentar una obra pública que consideran irregular, o tomar fotografías de un basurero clandestino para denunciarlo en redes sociales, o simplemente compartir información sobre las actividades de algún funcionario público. Bajo esta nueva ley, todas estas acciones podrían interpretarse como «monitorear», «transmitir» o «recopilar información» con fines delictivos, y les podrían caer de 5 a 12 años de prisión.

La ley es tan ambigua que prácticamente cualquier periodista que investigue corrupción, cualquier activista que documente daños ambientales, o cualquier ciudadano que ejerza su derecho constitucional a vigilar a sus autoridades, podría ser acusado de este nuevo delito. Es como si hubieran creado una red tan amplia que puede atrapar tanto peces como ballenas, sin distinguir entre unos y otros.

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El 29 de mayo, un día después de publicarse el decreto, presenté una solicitud formal a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pidiendo que promoviera una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es esto? Es una herramienta legal que permite impugnar ante la Suprema Corte de Justicia las leyes que violan la Constitución. Las comisiones de derechos humanos tienen esta facultad precisamente para defender nuestras garantías fundamentales.

Pero aquí viene lo preocupante: han pasado más de 20 días desde mi solicitud y la CEDH guarda un silencio sepulcral. No han respondido, no han actuado y quedan exactamente 6 días para que se venza el plazo legal para presentar la acción de inconstitucionalidad, y todo indica que no lo harán.

¿Por qué este silencio? En los pasillos se rumora que la CEDH no cuenta con el «visto bueno» del gobierno estatal para promover esta acción. Si esto fuera cierto, estaríamos ante una situación grotesca: un organismo que se supone debe proteger nuestros derechos humanos, esperando permiso del mismo gobierno que aprobó la ley que viola esos derechos. 

Esta situación me recuerda por qué escribo sobre medio ambiente en esta columna. Los problemas ambientales y los derechos humanos están íntimamente conectados. Para documentar la contaminación del agua necesitamos poder investigar y denunciar. Para exigir aire limpio necesitamos poder organizarnos y manifestarnos. Para defender nuestros recursos naturales necesitamos poder vigilar a las autoridades y a las empresas. Si nos quitan el derecho a informar y denunciar, nos quitan también la posibilidad de defender nuestro entorno.

¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Exigir a la CEDH que cumpla con su mandato constitucional y defienda nuestros derechos, sin importar los colores políticos o las presiones gubernamentales, y estar atentos a cómo se aplica esta ley en los próximos meses y documentar cualquier uso indebido de la misma.

Hay un refrán que dice que “los derechos que no se ejercen se pierden”. Y hay otro que advierte que “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”. Si permitimos que se criminalice la vigilancia ciudadana, si permitimos que se castigue con cárcel el ejercicio legítimo de nuestros derechos, estaremos renunciando a una parte fundamental de nuestra democracia.

La CEDH tiene 6 días para demostrar de qué lado está. 

Delírium trémens.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha anunciado el inicio de un proyecto para reforestar la Sierra de San Miguelito con un millón de árboles. Sin embargo, su propuesta parece carecer de un verdadero enfoque ecológico. La Sierra de San Miguelito es un Área Natural Protegida (ANP) de carácter federal, cuya gestión y conservación corresponden exclusivamente a la federación.

Esto plantea varias interrogantes: ¿por qué este aparente entusiasmo no se ha manifestado respecto a la Sierra de Álvarez, que también es un ANP federal? ¿Se cuenta con un programa definido como lo mandata el Manual de Prácticas de Reforestación de la CONAFOR? ¿Se trata realmente de un esfuerzo ambiental o de una más de sus ocurrencias disfrazadas de política pública para justificar contratos y hacer negocio?

@luisglozano