En uno de los espléndidos libros de Rogelio Hernández, investigador del Colegio de México, “Presidencialismo y Hombres Fuertes en México. La sucesión presidencial de 1958” se analiza a detalle un fenómeno que bueno sería revisáramos ahora: por siglos las figuras caciquiles han ejercido un poder fáctico que sobrepasa en ocasiones al ejercicio del poder legal.
Sin embargo, el parteaguas fue marcado al momento en que el estado mexicano se vio en la necesidad de asumir marcos normativos que dejaran fuera, o al menos intentaran excluir, las decisiones discrecionales de quienes asumían la tarea de gobernar.
El presidente Obregón comenzó a tratar de ordenar las funciones del estado a través de instituciones que perduraran incluso a pesar de quienes las dirigían. Sin embargo, en el sexenio de Calles y posteriormente en el de Ávila Camacho la institucionalización no era ya únicamente cosa de buenos deseos, sino un serio intento por despersonalizar el poder.
Se creaba a través de las nomas y las instituciones que en ellas veían su génesis, una manera de centralizar las estructuras, de crear procedimientos y delimitar funciones.
La tarea, que no era menor, dio como resultado instituciones que funcionan al día de hoy, aunque ciertamente, el efecto colateral fue que el hilo de cada una de esas organizaciones condujo finalmente al presidente en turno, que se robusteció hasta generar el fenómeno que ahora llamaos presidencialismo.
Décadas después, observamos medidas que amainaron el tremendo poder presidencial y dieron como resultado un proceso lento de descentralización (que no es lo mismo que desconcentración geográfica) y se buscó fortalecer los otros dos poderes del estado de manera que se formara un verdadero contrapeso al poder ejecutivo.
Ahora bien, para Hernández, no se puede clasificar dentro de la misma tipología a los caciques que actuaban bajo un espacio geográfico delimitado y prácticamente sin más estructura que aquella que le daban las armas y la cercanía con su propia gente, a aquellos que lograron adaptarse durante la época de Calles y posteriormente Ávila Camacho y supieron sobrevivir para enmarcar su actuar dentro de las nuevas disposiciones legales y adaptar su comportamiento para que cuadrara con el México Institucional que se pretendía formar.
Por tanto, el autor afirma que estas nuevas figuras de poder no son propiamente caciques, sino que él les llama “hombres fuertes.”
Lo plantea así: “Los hombres fuertes ejercieron su poder mediante instituciones modernas que el sistema fue creando y que paulatinamente fueron fortaleciendo al gobierno federal. Eran políticos con poder indiscutible, pero lo desarrollaban mediante sindicatos, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales.
Debido a su destacada influencia en los estados y en más de una ocasión en regiones extensas, estos líderes prestaron importantes servicios al sistema, no solo controlando disidencias y conflictos locales, sino manejando instituciones nacionales… Su estrecha relación con las instituciones hizo de estos líderes, figuras con características tan complejas que hace imposible, a riesgo de forzar interpretaciones o hacerlas valorativas, clasificarlas como caciques.”
La tipología propuesta por Hernández tiene sentido: no es lo mismo actuar como un agente libre, manejar clientela política e intercambiar prebendas y favores sin tener que rendir más cuentas que las que uno decida; a tener que cumplir (o pretender cumplir) un marco legal que en teoría es obligatorio y que está encuadrado de la estructura formar de un poder del estado.
Ahora bien, aún con huecos, los andamios institucionales cimentados en la ley brindan un amplio porcentaje de certeza. Las instituciones se crean para funciones específicas y se procura, o al menos es la idea, profesionalizar y especializar dentro de un campo concreto, a quienes se encarguen de ellas.
Se hace también un procedimiento estandarizado para quienes acuden a hacer uso de cierto servicio y a través de la modificación posterior a las estructuras esos trámites se podían realizar sin tener que acudir a la capital del país, donde la amplísima gama de procedimientos (que van desde otorgar concesiones para la explotación de minas, autorizaciones de manifestaciones de impacto ambiental o trámites educativos) podían realizarse en el propio estado de origen.
Ciertamente la creación de delegaciones aumentó el grueso de la nómina burocrática, pero también crearon empleos y formaron especialistas en áreas que no cualquiera conoce.
Sin embargo, lo más importante de estos movimientos, fue buscar desprender los trámites de gobierno de personas que concentraron el poder e hicieron de un simple procedimiento administrativo, una moneda de cambio para posicionarse como hombres –y mujeres, aunque en menor cantidad- fuertes.
Por un lado, los cambios estructurales no lograron desprenderse de las prácticas caciquiles, peor también es cierto que disminuyeron considerablemente los poderes discrecionales y reconocieron que es imposible tener servidores públicos todólogos.
Así, es importante, por un lado, analizar los cambios que se anuncian en vísperas de la inauguración de un nuevo gobierno federal. Es necesario traer a cuento varios temas que saltan a la vista.
Por otro lado, diferenciar que la desconcentración geográfica no es sinónimo de descentralización. La mudanza de las secretarías de estado federales hacia varios estados, incluyendo el nuestro, es una idea innovadora e interesante, aunque no se ha planteado oficialmente los costos que generarían y el número de personas que se quedarían desempleadas en la Ciudad de México, aunque sí ha habido analistas que han realizado ya estimaciones y concuerdan que no será barato.
Aquí se pretende desconcentrar geográficamente, pero no desconcentrar, dado que las secretarías seguirán bajo la subordinación del titular del poder ejecutivo federal.
Habrá que ver la ejecución de la idea y sabremos si fue buena o no. No hay que cerrarse, pero sí hay que ser conscientes que todo movimiento administrativo trae aparejado presupuesto de por medio y llamar el movimiento por su nombre, para no generar confusiones. Los hilos de subordinación seguirán llegando hasta el presidente de la república.
Por otro lado, está la propuesta de desaparición de las delegaciones federales para crear una sola oficina en cada estado y la cuestión resulta más o menos igual. ¿Cuánto va a costar finiquitar la relación laboral de las personas que sobren en esa estructura? Porque no es únicamente adelgazar la estructura, sino también ver que se cumplan los derechos laborales previamente adquiridos.
Pero el problema mayor es que este cambio no puede darse de un solo plumazo sino que tiene primero que modificarse las normas de la materia, para que este cambio sea no solo práctico, sino también legal.
No es un movimiento menor, por lo que lo menos que se debe hacer es antes de cualquier cosa, actuar como una autoridad debe hacerlo y éstas sólo tienen permitido aquello que la ley les permite, por lo que sería conveniente no dar de entrada un poder prematuro a quienes dicen que quieren actuar con todo el rigor de la ley. Si así es, pues habrá que esperar a que el andamiaje legal se ajuste y entonces sí actuar conforme a facultades, pero no antes.
Si lo hacemos, estaremos todos fomentando, de nuevo, la formación de poderíos extra legales, igualitos a los que se ha buscado combatir porque hemos reconocido han dañado a México.
No tengo el gusto de conocer a quien será el delegado en el estado, pero sí conozco al delegado regional para la capital y Soledad de Graciano Sánchez, y sé que es un hombre listo y de mente clara, que entiende como pocos el riesgo de general poderes fácticos.
Este sexenio adelantado corre un riesgo que espero sea visto antes de que sea tarde: generar figuras de hombres y mujeres fuertes en el sentido planteado por Hernández, actuando dentro de una estructura aparentemente formal, pero con métodos discrecionales que podrían generar prácticas caciquiles que en nada ayudan ni al presidente (a ningún presidente), ni mucho menos al país. La historia nos da muy buenas guías de aprendizaje.
Mi deseo es que el futuro gobierno sea fuerte. Nos conviene a todos. Que así sea.
Sin embargo, el parteaguas fue marcado al momento en que el estado mexicano se vio en la necesidad de asumir marcos normativos que dejaran fuera, o al menos intentaran excluir, las decisiones discrecionales de quienes asumían la tarea de gobernar.
El presidente Obregón comenzó a tratar de ordenar las funciones del estado a través de instituciones que perduraran incluso a pesar de quienes las dirigían. Sin embargo, en el sexenio de Calles y posteriormente en el de Ávila Camacho la institucionalización no era ya únicamente cosa de buenos deseos, sino un serio intento por despersonalizar el poder.
Se creaba a través de las nomas y las instituciones que en ellas veían su génesis, una manera de centralizar las estructuras, de crear procedimientos y delimitar funciones.
La tarea, que no era menor, dio como resultado instituciones que funcionan al día de hoy, aunque ciertamente, el efecto colateral fue que el hilo de cada una de esas organizaciones condujo finalmente al presidente en turno, que se robusteció hasta generar el fenómeno que ahora llamaos presidencialismo.
Décadas después, observamos medidas que amainaron el tremendo poder presidencial y dieron como resultado un proceso lento de descentralización (que no es lo mismo que desconcentración geográfica) y se buscó fortalecer los otros dos poderes del estado de manera que se formara un verdadero contrapeso al poder ejecutivo.
Ahora bien, para Hernández, no se puede clasificar dentro de la misma tipología a los caciques que actuaban bajo un espacio geográfico delimitado y prácticamente sin más estructura que aquella que le daban las armas y la cercanía con su propia gente, a aquellos que lograron adaptarse durante la época de Calles y posteriormente Ávila Camacho y supieron sobrevivir para enmarcar su actuar dentro de las nuevas disposiciones legales y adaptar su comportamiento para que cuadrara con el México Institucional que se pretendía formar.
Por tanto, el autor afirma que estas nuevas figuras de poder no son propiamente caciques, sino que él les llama “hombres fuertes.”
Lo plantea así: “Los hombres fuertes ejercieron su poder mediante instituciones modernas que el sistema fue creando y que paulatinamente fueron fortaleciendo al gobierno federal. Eran políticos con poder indiscutible, pero lo desarrollaban mediante sindicatos, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales.
Debido a su destacada influencia en los estados y en más de una ocasión en regiones extensas, estos líderes prestaron importantes servicios al sistema, no solo controlando disidencias y conflictos locales, sino manejando instituciones nacionales… Su estrecha relación con las instituciones hizo de estos líderes, figuras con características tan complejas que hace imposible, a riesgo de forzar interpretaciones o hacerlas valorativas, clasificarlas como caciques.”
La tipología propuesta por Hernández tiene sentido: no es lo mismo actuar como un agente libre, manejar clientela política e intercambiar prebendas y favores sin tener que rendir más cuentas que las que uno decida; a tener que cumplir (o pretender cumplir) un marco legal que en teoría es obligatorio y que está encuadrado de la estructura formar de un poder del estado.
Ahora bien, aún con huecos, los andamios institucionales cimentados en la ley brindan un amplio porcentaje de certeza. Las instituciones se crean para funciones específicas y se procura, o al menos es la idea, profesionalizar y especializar dentro de un campo concreto, a quienes se encarguen de ellas.
Se hace también un procedimiento estandarizado para quienes acuden a hacer uso de cierto servicio y a través de la modificación posterior a las estructuras esos trámites se podían realizar sin tener que acudir a la capital del país, donde la amplísima gama de procedimientos (que van desde otorgar concesiones para la explotación de minas, autorizaciones de manifestaciones de impacto ambiental o trámites educativos) podían realizarse en el propio estado de origen.
Ciertamente la creación de delegaciones aumentó el grueso de la nómina burocrática, pero también crearon empleos y formaron especialistas en áreas que no cualquiera conoce.
Sin embargo, lo más importante de estos movimientos, fue buscar desprender los trámites de gobierno de personas que concentraron el poder e hicieron de un simple procedimiento administrativo, una moneda de cambio para posicionarse como hombres –y mujeres, aunque en menor cantidad- fuertes.
Por un lado, los cambios estructurales no lograron desprenderse de las prácticas caciquiles, peor también es cierto que disminuyeron considerablemente los poderes discrecionales y reconocieron que es imposible tener servidores públicos todólogos.
Así, es importante, por un lado, analizar los cambios que se anuncian en vísperas de la inauguración de un nuevo gobierno federal. Es necesario traer a cuento varios temas que saltan a la vista.
Por otro lado, diferenciar que la desconcentración geográfica no es sinónimo de descentralización. La mudanza de las secretarías de estado federales hacia varios estados, incluyendo el nuestro, es una idea innovadora e interesante, aunque no se ha planteado oficialmente los costos que generarían y el número de personas que se quedarían desempleadas en la Ciudad de México, aunque sí ha habido analistas que han realizado ya estimaciones y concuerdan que no será barato.
Aquí se pretende desconcentrar geográficamente, pero no desconcentrar, dado que las secretarías seguirán bajo la subordinación del titular del poder ejecutivo federal.
Habrá que ver la ejecución de la idea y sabremos si fue buena o no. No hay que cerrarse, pero sí hay que ser conscientes que todo movimiento administrativo trae aparejado presupuesto de por medio y llamar el movimiento por su nombre, para no generar confusiones. Los hilos de subordinación seguirán llegando hasta el presidente de la república.
Por otro lado, está la propuesta de desaparición de las delegaciones federales para crear una sola oficina en cada estado y la cuestión resulta más o menos igual. ¿Cuánto va a costar finiquitar la relación laboral de las personas que sobren en esa estructura? Porque no es únicamente adelgazar la estructura, sino también ver que se cumplan los derechos laborales previamente adquiridos.
Pero el problema mayor es que este cambio no puede darse de un solo plumazo sino que tiene primero que modificarse las normas de la materia, para que este cambio sea no solo práctico, sino también legal.
No es un movimiento menor, por lo que lo menos que se debe hacer es antes de cualquier cosa, actuar como una autoridad debe hacerlo y éstas sólo tienen permitido aquello que la ley les permite, por lo que sería conveniente no dar de entrada un poder prematuro a quienes dicen que quieren actuar con todo el rigor de la ley. Si así es, pues habrá que esperar a que el andamiaje legal se ajuste y entonces sí actuar conforme a facultades, pero no antes.
Si lo hacemos, estaremos todos fomentando, de nuevo, la formación de poderíos extra legales, igualitos a los que se ha buscado combatir porque hemos reconocido han dañado a México.
No tengo el gusto de conocer a quien será el delegado en el estado, pero sí conozco al delegado regional para la capital y Soledad de Graciano Sánchez, y sé que es un hombre listo y de mente clara, que entiende como pocos el riesgo de general poderes fácticos.
Este sexenio adelantado corre un riesgo que espero sea visto antes de que sea tarde: generar figuras de hombres y mujeres fuertes en el sentido planteado por Hernández, actuando dentro de una estructura aparentemente formal, pero con métodos discrecionales que podrían generar prácticas caciquiles que en nada ayudan ni al presidente (a ningún presidente), ni mucho menos al país. La historia nos da muy buenas guías de aprendizaje.
Mi deseo es que el futuro gobierno sea fuerte. Nos conviene a todos. Que así sea.