Informar o rendir cuentas
No es un asunto de moda o de sofisticación burocrática. La historia política de México logra demostrar que una parte del cambio político está relacionado con la corrupción y con la incompetencia gubernamental. Es decir, que todavía hay personas que recuerdan episodios oscuros del gobierno y la administración pública mexicana donde la opacidad, la incompetencia y la corrupción, constituyeron motores potentes del cambio político en nuestro país.
Es por eso que en una democracia saludable, la rendición de cuentas es un pilar fundamental que asegura el funcionamiento transparente y responsable del gobierno. En México, la presentación de los informes de gobierno es un acto solemne que, por su naturaleza, debería ser un ejercicio auténtico de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica, estos eventos han derivado, en gran medida, en una plataforma de autopromoción gubernamental, perdiendo su esencia como espacio de evaluación objetiva de la gestión pública.
Hoy quiero hablarle sobre la diferencia que existe entre informar y rendir cuentas. Cada año, los informes de gobierno se presentan como actos públicos en los que el Ejecutivo detalla los logros de su administración. Desde una perspectiva institucional, el propósito de estos informes debería ser proporcionar un balance detallado de las acciones realizadas, los recursos empleados y los resultados obtenidos, frente a los compromisos adquiridos al inicio del mandato. Sin embargo, estos eventos suelen convertirse en vitrinas propagandísticas que ensalzan los aciertos del gobierno, dejando de lado una evaluación crítica de las áreas donde persisten los rezagos o, incluso, los fracasos.
El problema radica en que el informe, al estar controlado por el propio Ejecutivo, no permite un debate plural ni un análisis detallado de los resultados presentados. Los formatos actuales de presentación, tienden a excluir a otros actores políticos, limitando las oportunidades de cuestionamiento directo. En este sentido, es pertinente preguntarse si estos actos realmente cumplen con su función original o si se han desviado hacia una práctica que favorece más la legitimación del gobierno que la rendición de cuentas ante la sociedad.
Frente a esta realidad, el poder legislativo emerge como un actor fundamental en la dinámica de rendición de cuentas y equilibrio de poderes. En una democracia saludable, el Legislativo no solo tiene la responsabilidad de recibir el informe del Ejecutivo, sino también de analizarlo críticamente, cuestionar sus afirmaciones y, en su caso, proponer medidas correctivas. Este proceso permite que los informes no se queden en una narrativa unidireccional, sino que se conviertan en un diálogo que incluya las voces de la pluralidad política representada en el Congreso.
El legislativo tiene una legitimidad particular: es el espacio que representa la diversidad de posturas ideológicas y políticas del país. A través del debate y el escrutinio público, los representantes de distintas fuerzas políticas tienen la oportunidad y la obligación de ofrecer un balance respecto a los resultados presentados por el Ejecutivo. Es aquí donde la pluralidad política se convierte en una herramienta clave para garantizar una rendición de cuentas efectiva, al evitar que un solo grupo monopolice la interpretación de los hechos.
Además, el poder legislativo tiene en su mano mecanismos institucionales para sancionar y controlar los excesos del Ejecutivo. La creación de comisiones de investigación, la solicitud de comparecencias de funcionarios públicos y la discusión del presupuesto son algunos de los instrumentos que el Congreso puede emplear para ejercer un verdadero control sobre el gobierno. Sin embargo, para que estos mecanismos funcionen, es necesario que el poder legislativo asuma plenamente su papel como contrapeso democrático, sin ceder ante presiones o intereses partidistas que pudieran minar su independencia.
El fortalecimiento de la rendición de cuentas no solo debe depender de las instituciones del Estado; también es imprescindible que la ciudadanía asuma un rol activo en la supervisión de las acciones gubernamentales. En una democracia robusta, la relación entre gobernantes y gobernados no se limita a los periodos electorales, sino que debe mantenerse a lo largo de todo el ciclo de gobierno, con la ciudadanía demandando información y evaluando los resultados obtenidos.
En este sentido, es crucial que existan mecanismos accesibles y efectivos para que la ciudadanía pueda fiscalizar de manera continua a sus autoridades. La transparencia en el uso de recursos públicos, la accesibilidad a la información y la existencia de plataformas participativas son esenciales para empoderar a la sociedad en su función de vigilancia. El reto no es menor, ya que implica cambiar la cultura política para que la rendición de cuentas sea vista no solo como una obligación de los gobernantes, sino también como un derecho y una responsabilidad de la ciudadanía.
Los informes de gobierno en México, tal como están concebidos y practicados, aún tienen un largo camino por recorrer para convertirse en verdaderos ejercicios de rendición de cuentas. Para que ello ocurra, es esencial que tanto el poder legislativo como la ciudadanía asuman roles más proactivos en la fiscalización de los resultados gubernamentales. El poder legislativo, como representación de la pluralidad política del país, tiene la responsabilidad de ejercer un control efectivo sobre el Ejecutivo y promover un debate público abierto y plural. Al mismo tiempo, la ciudadanía debe exigir mayor transparencia y rendición de cuentas, aprovechando los mecanismos institucionales que están a su disposición.
Agradecimiento. Esta columna cumple seis años de publicarse cada jueves en este espacio. Mi agradecimiento sincero a esta casa editorial y, sobre todo, a Usted y la generosidad de su lectura.
X. @marcoivanvargas
