Juicio ecológico niños mayas vs. granja de cerdos

Este caso es un parteaguas en nuestro sistema jurídico, ya que es la primera vez que se emite una sentencia con el criterio de PREVENCIÓN, o sea que es un evento que no ha sucedido, pero es inminente y parte de un hecho de corrupción e ignorancia. En este caso entre una empresa productora de carne de las más grandes de México y una pequeña comunidad Maya llamada HOMUN.

La ubicación geográfica es en el estado de YUCATÁN en un ÁREA NATURAL PROTEGIDA desde 2013 llamada ANILLO DE LOS CENOTES, que comprende más de 1,200 cenotes y humedales. La empresa PAPO con nombre comercial de KEKEN, que quiere decir Cerdo en Maya, a través de corrupción empresarial que trabaja de la mano con la corrupción gubernamental obtiene en octubre de 2016 la licencia de uso del suelo otorgada por el presidente municipal ENRIQUE ECHEVERRÍA CHAN, apellido que denota su ascendencia Maya, para la operación de una MEGAGRANJA DE CERDOS que operó con 49,000 cerdos. Tan sólo pensemos que cada animal produce de 5 a 10 kilos de desechos orgánicos y desperdicios de comida, es decir 250 toneladas diarias de desechos, gran parte de los cuales estaban traspasando el subsuelo, contaminando los CENOTES y ríos subterráneos que cruzan la península de Yucatán, que es la red de ríos subterráneos más grande del mundo.

La resistencia inició en 2017 por la organización “GUARDIANES DE LOS CENOTES”, quienes en 2017 lograron en una reunión de cabildo y, no sin antes amenazar con quemar la casa del presidente municipal apellidado Echeverría Chan, la REVOCACIÓN de los permisos autorizados, acción que sólo puede revocar un juez a través de un proceso jurídico-legal.

La granja en un acto de prepotencia empresarial; se construyó destruyendo varias hectáreas de selva, afectando la biodiversidad y contaminando los mantos freáticos a pesar de las advertencias y protestas del pueblo de HOMUL. Con la planta ya casi terminada y ante las quejas de la comunidad, la PROFEPA hizo una visita de inspección tardía y se lavó las manos con el argumento de NO PODER DEFINIR SI ESA FUE UN ÁREA FORESTAL O NO. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente dio su visto bueno al estudio que presentó la empresa y sólo pidió que se edificara una planta tratadora de agua. En ambos casos se aprecia la tibieza de las autoridades federales y estatales, lo que nos induce a estar seguros que hubo hechos de corrupción en su autorización.

Mediante actos de corrupción, la empresa empezó a funcionar en 2018 junto con otras 257 empresas porcinas en Yucatán, de las cuales 43 se encuentran en Áreas Nacionales Protegidas. La comunidad apeló a la posible CONCIENCIA AMBIENTAL de la empresa mediante escritos sin ningún resultado por parte de la empresa presidida por el empresario CLAUDIO FREIXES y que exporta carne a Japón, Corea, China y EU.

La demanda fue presentada por parte de seis niños representados por sus mamás el día 28 de septiembre de 2018 y apoyados por una ONG contra la EMPRESA KEKEN, GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, SEMARNAT, GOBIERNO MUNICIPAL y demás autoridades corruptas. En la demanda se especifica que en la zona habitan 2,600 niños que dependen de los cenotes para beber agua y todos los demás servicios de la misma y que la empresa estaba afectando su DERECHO AMBIENTAL a una vida sana y con salud durante sus etapas de desarrollo.

En un hecho inédito, la Juez de apellido Cámara Patrón y basada en que no debemos esperar que suceda una CATÁSTROFE AMBIENTAL para actuar, sentenció la cancelación de permiso de operación y de uso de suelo de la empresa, dando el triunfo al pueblo de Homul antes de que suceda la catástrofe ambiental que seguramente ocurriría. El secretario de Medio Ambiente de Yucatán se defendió CÍNICAMENTE diciendo que el 70 % de las casas de la zona no tienen fosas sépticas y también contaminan, dejando en claro ser parte del proceso de corrupción que inició la empresa KEKEN y que continuó con las autoridades federales, estatales y municipales.

La principal lección de este caso es que también muchas de las grandes empresas son culpables de la corrupción y que no tienen conciencia ecológica. Debemos como sociedad darnos cuenta del ejemplo que nos ponen seis niños mayas que unidos lograron frenar una inversión millonaria que bien pudo haber estado en otro sitio que no afectara ecosistemas tan vulnerables como en este caso. Sobran ejemplos de empresas que no se han podido detener y siguen afectando a poblaciones enteras, mas la novedad en este caso es el argumento de la demanda de AFECTACIÓN A LOS DERECHOS AMBIENTALES DE LOS NIÑOS, ya no de los adultos.