¿JUSTICIA O MATAMOSCAS GIGANTES?

Tienen razón los expertos que sostienen que el arreglo que permitió a la ex secretaria de Salud Mónica Rangel recuperar su libertad, luego de cinco semanas encarcelada, estuvo apegado a la ley. De lo que nadie está seguro es de que se haya cumplido con los propósitos de la justicia.

Como ya se sabe, dicho arreglo consistió en la devolución de 22 millones de pesos, la aceptación de culpabilidad, una pena de 4 años y 10 meses de prisión no aplicada, y restricciones para viajar al extranjero. Esta modalidad de penalización de los delitos patrimoniales forma parte de lo que se conoce como Justicia Restaurativa, que a su vez se inserta en el llamado nuevo sistema de justicia penal, aplicado en nuestro país a partir del 2016.

La Justicia Restaurativa, también llamada Reparadora, tiene fundamentos teóricos y doctrinarios sólidos. Uno de sus postulados esenciales es que las víctimas deben estar en el centro de la atención de las autoridades que procuran o imparten justicia y que deben ser parte activa en los procesos. Contribuye a la racionalidad de ese enfoque la convicción de que en muchos casos en nada beneficia a las víctimas que los imputados permanezcan en prisión.

Esto tiene mucho sentido en algunos casos, pero en todos. Un ejemplo: si a un matrimonio de la tercera edad y de condición económica modesta un vivales les estafa sus ahorros de toda la vida, único patrimonio y única fuente de ingresos, en nada les alivia su angustiosa situación que el pillo se pudra en la cárcel. Si la autoridad les dice que éste ofrece devolverles lo que les hurtó a cambio de un procedimiento que le permita volver a ser libre, seguramente las víctimas aceptarán. Tiene sentido.

Si un gobierno estatal, con 53 mil millones de pesos de presupuesto anual acepta a través de su Poder Ejecutivo, víctima formal del delito, la devolución de 22 millones de pesos (el 0.04 por ciento de sus recursos) como base principal para dejar en libertad a alguien sobre quien existen múltiples señalamientos de que en realidad sustrajo, desvió o defraudó el equivalente a 50 veces esa veintena de millones, la racionalidad de todo el asunto se desploma. Y el desplome es mas estruendoso si se recuerda que varias veces a lo largo de los años se advirtió sobre la corrupción en el sector salud, porque se ejecutaba a la vista de todo mundo. Con cinismo, diríamos.

La duda se ahonda si se presta atención a otros de los propósitos que deben cumplir la aplicación de la ley y la búsqueda de justicia, además de la reparación del daño que, como decíamos líneas arriba, para unas víctimas puede ser la diferencia entre una vida decorosa y una miserable, mientras que para otras, como el gobierno potosino, lo recuperado no pinta. Con un matamoscas gigante menos en la entrada de algún parque ya se compensó el daño.

Entre esos otros propósitos ineludibles cabe destacar por lo menos uno más que se desdobla en dos: combatir la impunidad para, con ello, disuadir la comisión de los delitos. En este ámbito, la opinión más extendida entre la ciudadanía es que no se consiguió ni una cosa ni la otra. Y esta percepción generalizada empata con otra: podrá haberse cumplido con la ley pero no se hizo justicia.

Antes de que alguien se levante a decir que la doctora Rangel no quedó impune porque ya pagó 22 millones y se confesó culpable, hay que recordar que existen documentos oficiales (dictámenes de por lo menos cinco auditorías practicadas por la Auditoría Superior del Estado más otras de la Auditoría Superior de la Federación) que la involucran en manejos incorrectos de más de mil millones de pesos. Al arranque de su administración, Ricardo Gallardo Cardona cifró en mil 700 millones de pesos los quebrantos financieros del sector salud que jefaturó con mano de hierro doña Mónica durante poco más de cinco años. Y hasta ahorita RGC no se ha desdicho.

¿Cómo entonces los potosinos van a aceptar que se hizo justicia dejando en libertad por 22 millones a una persona que según el propio gobernador está involucrada en malos manejos por mil 700 millones y que según las principales entidades fiscalizadoras (ASE y ASF) son no menos de mil millones?

Tengo la impresión de que en este asunto en particular el gobernador Gallardo Cardona perdió el toque. Cualesquiera que hayan sido sus razones para facilitarle las cosas a la doctora es evidente que le está significando un costo importante en términos de opinión pública, que a él tanto le importa.

ESTO SE PONE 

NOVELESCO

La detención y liberación de Mónica Rangel ha puesto sobre la mesa varias cuestiones de carácter jurídico muy interesantes. Una de ellas podría plantearse de la siguiente manera: si en el procesamiento de un acuerdo procesal las autoridades involucradas, en particular la Fiscalía General del Estado, detectan hechos con apariencia de delitos ¿no están obligados a investigarlos o, si no son de su competencia, a comunicarlos a las autoridades correspondientes?

La interrogante viene a cuento porque de fuentes confiables hemos sabido que varios de los 22 millones de pesos que devolvió la doctora Rangel llegaron en cheques de bancos de Guatemala. Claro que pueden ser movimientos totalmente legales, pero en su contexto resultan lo suficientemente sospechosos para intentar alguna mínima indagación. 

Este dato de cuentas bancarias en el extranjero se vincula con otro, que nos aporta un buen conocedor del tema: Es demostrable que en sus 26 años de trabajo, desde cargos modestos en clínicas huastecas hasta la titularidad de la Secretaría de Salud, Mónica Rangel no acumuló ingresos ni por 20 millones de pesos. Así, aún si hubiera llevado una vida de extrema austeridad, difícilmente habría podido ahorrar más de unos 10 o 12 millones. No se sabe de herencias importantes o premios de la lotería. Es decir ¿de dónde salió el dinero?

Otra cuestión en la que nos insisten los abogados es que ante la falta de información suficiente y veraz, que correspondería principalmente a la FGE pero también al Poder Judicial, no ha sido posible saber si la suma entregada por la doctora incluye los rendimientos financieros correspondientes, sin olvidar que su cálculo y cobro está determinado por la ley y no es un acto optativo de las autoridades.

Por otra parte, fuentes generalmente bien informadas nos aseguran que la Fiscalía General del Estado tiene más carpetas de investigación abiertas en contra de la exsecretaria de Salud, que en cualquier momento pueden ser consignadas y dar origen a nuevas ordenes de aprehensión. Es difícil dar crédito a estas versiones, sobre todo porque al tratarse de un o una reincidente, la ley no permite que se vuelvan a utilizar los mecanismos restaurativos o reparatorios. Es decir, si un segundo encarcelamiento tuviera como objetivo negociar la recuperación de más dinero, la ley ya no lo permite, al menos como razón de un nuevo acuerdo de juicio abreviado y liberación inmediata. Esta vez, la estancia tras las rejas seria por una muy larga temporada.

Otro factor que hace poco creíbles esas versiones de nuevas carpetas y su próxima judicialización es que de unos días para acá el fiscal José Luis Ruíz Contreras se viene comportando más como defensor que como acusador de Mónica Rangel. Apenas el martes fue enfático al declarar que el de la doctora ya era un caso cerrado, y que lo del daño patrimonial a las arcas públicas por centenares o miles de millones de pesos era más bien una cuestión “de percepción” de Ciudadanos Observando. ¿No habrá alguien que le haga la caridad de acercarle los voluminosos trabajos de las auditorías superiores del estado y la Federación? Yo más bien creo que ha comenzado a levantar un muro en torno al tema, para que las cosas se queden como están. 

Ahora habrá que esperar a ver que responde Lupillo González, el infatigable vocero de Ciudadanos Observando, organización que documentó varias irregularidades del sector salud en tiempos de doña Mónica, ajenos a las revelaciones anuales de las auditorías superiores que ya hemos mencionado.

COMPRIMIDOS

El analista político Eduardo Caccia publicó el domingo pasado un certero artículo en Reforma, del que extraigo las siguientes líneas: “Toda sociedad reafirma sus virtudes o sus vicios con los hechos de la vida cotidiana. No sólo aprende el individuo a través de lo que se premia y se castiga, también aprende el grupo. La forma en que un gobierno responde es un incentivo o un inhibidor de conductas. Si yo fuera delincuente, escogería México para delinquir” (Cambie México por San Luis). 

Cuando andan llevándose de a piquete de ombligo e interactúan entre ellos, Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Ceballos son vaciados. De repente se visten como gemelitos y se echan porras públicamente. Hasta “guapo” le ha dicho el gobernador al alcalde y este le ha correspondido diciéndole que es muy fregón. Pero que no se le ocurra a Enrique disputarle medio metro cuadrado del escenario al celosísimo mandatario porque entonces es un vago que se va de vacaciones a Acapulco cuando aquí no hay agua y, ya en el extremo de la sevicia, lo amenazan con hacerle más chiquito el municipio que gobierna.

Quiero suponer que si Galindo insiste en hacer sus propios festivales de primavera, participar en el Tianguis Turístico, traer eventos importantes y seguir provocando las iras palaciegas, de rato también se convertirán en nuevos municipios La Pila, Bocas, El Saucito, San Juan de Guadalupe y Tlaxcala. Así, cuando entregue la alcaldía será con la mitad de los habitantes y territorio que recibió. Vaciados, vaciados. 

En el partido Movimiento Ciudadano las cosas que tan encaminadas se veían hace poco para que Mauricio Ramírez Konishi asumiera la dirigencia estatal, se le están complicando mucho. Por lo pronto, sus mandos nacionales decidieron posponer para finales de junio el relevo de Eugenio Govea, originalmente previsto para este próximo fin de semana, y, lo más interesante, nombrar una directiva interina por un año. Si le ofrecen y acepta ese interinato, el exdiputado priista ya podrá despedirse del mandato ordinario de tres años.

Hasta donde alcanza nuestra información, en la dirigencia interina de siete integrantes estarán representadas las corrientes encabezadas por Govea, Ramírez Konishi, Marco Gama, Sebastián Pérez, Marvelly y alguna otra. Dante Delgado, dueño de las decisiones en el MC, habría tomado la del interinato porque no se ha logrado un consenso satisfactorio sobre quién debe sustituir a Govea. Lo que sí esta muy claramente decidido es que éste no sigue. Si acepta, podrá hacerse cargo de alguna cartera en la directiva nacional. De lo contrario, se irá a algún otro partido.

Hasta el próximo jueves.