La Anarquía Ambiental de RGC

Hemos superado los 800 días sin una agenda medioambiental concreta. La falta de un inventario de conflictos ambientales y un sistema eficiente de monitoreo de la calidad del aire son evidentes. A esto se suma un presupuesto estatal insuficiente para la protección del medio ambiente. La actual gestión de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), carente de conocimiento ambiental básico, ha demostrado ser más un instrumento de extorsión y lucro que de salvaguarda ecológica. Sorprendentemente, el gobernador propone ahora impuestos ambientales, una medida que demuestra un desconocimiento profundo del tema. Incluso en declaraciones públicas, confundió el propósito de estos impuestos, relacionándolos con la regulación de actividades extractivas, cuando en realidad se enfocan en la contaminación atmosférica. Esta confusión es preocupante (pero ya habitual), especialmente viniendo de un líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En San Luis Potosí, la implementación de impuestos ambientales es una necesidad que he defendido de manera consistente. Sin embargo, la manera en que actualmente se propone esta medida es cuestionable y refleja lo que podría llamarse la ‘Herencia Maldita Ecológica’, una tendencia que el gobierno parece decidido a continuar. Es fundamental reconsiderar y estructurar estos impuestos de manera que realmente beneficien al medio ambiente y no sean meras ocurrencias desvinculadas de una estrategia ambiental coherente y efectiva.

 La propuesta de implementar impuestos ecológicos es, en teoría, una excelente iniciativa. Sin embargo, la versión actual parece tener un enfoque primordialmente recaudatorio en lugar de ser un mecanismo de persuasión para la mitigación de daños ambientales. Además, nos enfrentamos a una falta de infraestructura adecuada para utilizar efectivamente estos fondos en la reparación o prevención de daños ecológicos.

Otro aspecto preocupante es el potencial de extorsión que estos impuestos podrían generar, especialmente cuando son manejados por entidades como la SEGAM, cuya eficacia ha sido cuestionada. 

La propuesta de imponer impuestos por la contaminación atmosférica sería bueno pero surgen interrogantes clave que necesitan ser abordados previamente: ¿Cómo se determinará el nivel de contaminación si no existe un sistema de monitoreo eficiente? ¿cuál será el destino de los 19 millones de pesos que se recaudarían?. Es crucial especificar cómo se utilizarán estos fondos para combatir efectivamente la contaminación ambiental. Existe el riesgo de que las empresas continúen contaminando, justificándose en que ya han pagado el impuesto. ¿Cómo se evitará esta complacencia y se fomentará una reducción real de la contaminación? El problema de las ladrilleras sigue sin solución. Hay un silencio preocupante de las autoridades competentes, y parece que nadie quiere abordar este tema.

El análisis de la calidad de una reforma legal, como la propuesta en San Luis Potosí, requiere una evaluación detallada y multidimensional. Desde la perspectiva jurídica, social, económica y ambiental, es esencial que la reforma se fundamente en un estudio exhaustivo y específico de las condiciones del estado. La pobre exposición de motivos de esta reforma es superficial y genérica, con verdades de Perogrullo, posiblemente derivada de fuentes de fácil acceso como internet, en lugar de reflejar un análisis profundo de la realidad local.

Una reforma legal “buena” o “efectiva” debería ser:

Jurídicamente Sólida: Asegurar que la legislación se alinee con los principios constitucionales y legales existentes, respetando los derechos y deberes de los individuos y entidades afectadas. Esto incluye la coherencia con el marco legal nacional e internacional.

Socialmente Responsable: Considerar el impacto en las comunidades locales, garantizando que se aborden sus necesidades y preocupaciones. Esto implica una participación pública genuina en el proceso legislativo.

Económicamente Viable: Evaluar las consecuencias económicas para asegurar que los beneficios superen los costos, y que no se generen cargas financieras desproporcionadas para ciertos sectores de 

la sociedad.

Ambientalmente Pertinente: Basarse en un entendimiento claro de los desafíos ambientales específicos de San Luis Potosí, utilizando datos y análisis científicos para formular soluciones efectivas 

y sostenibles.

La crítica a la falta de un estudio real de la situación en todo el estado apunta a una deficiencia clave en el proceso de formulación de políticas. La legislación efectiva requiere de una comprensión detallada y contextualizada de los problemas que busca resolver, lo que a su vez depende de investigaciones y análisis rigurosos. Sin este fundamento, cualquier reforma corre el riesgo de ser ineficaz o incluso contraproducente, fallando en abordar las necesidades reales de la población y el medio ambiente.

Continuará…

Delírium trémens.- Logramos un triunfo legal histórico: el Plan Estatal de Desarrollo del Gobernador fue declarado inconstitucional gracias a nuestro amparo. ¿Su impacto? Reafirmamos el derecho ciudadano de participar en decisiones gubernamentales, esencial para una democracia genuina. Este fallo garantiza que las políticas públicas reflejen la voluntad popular, fortaleciendo la transparencia, responsabilidad y representatividad del gobierno. Es un recordatorio crucial para las autoridades: la inclusión y democracia participativa deben ser ejes centrales en la planificación del desarrollo estatal.

@luisglozano