La ciudadanía exige saber la verdad ¿la elección fue comprada?
Los ciudadanos potosinos estamos exigiendo desde hace varios años al gobernador Carreras y a instancias federales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT, Fiscalía General de la República y otras instancias competentes, con pruebas en mano, con documentos fehacientes, que se haga justicia. Que se les dé el debido proceso a más de diez (10) denuncias penales en contra de los Gallardo, en las que se ha quedado debidamente acreditado su enriquecimiento ilícito, desvíos del erario público y el saqueo de los ayuntamientos de la Capital del Estado y el de Soledad.
Ni el gobernador Carreras, ni el Fiscal General de la República, ni el presidente López Obrador nos han dado la debida respuesta de porqué las denuncias están en un cajón congeladas y nosotros, los potosinos, exigimos que se les dé trámite. Que se haga justicia. Que el gobernador explique por qué no ha dado la orden a la fiscalía del estado para proceder con esas denuncias. ¿Tendrá algún compromiso este gobernador con ellos? ¿Algún “arreglo”? ¿O le saben algo?
¿Por qué Hertz Manero no actúa? ¿Por qué el presidente no da la orden de proceder conforme a la Ley? ¿Dónde queda el discurso presidencial de combate a la corrupción? ¿Y el de “no somos iguales”? La omisión en el cumplimiento de la Ley es complicidad.
El proceso electoral para la elección de gobernador en San Luis Potosí, no está terminado. Faltan muchas semanas. Nadie puede legítimamente cantar victoria. Quien pretenda asumirse ya como “gobernador electo”, está engañando vilmente a la ciudadanía. También hace tres años, recordará usted, el candidato Gallardo Juárez proclamaba su triunfo desde días antes de la elección, y a pesar de sus dádivas a los ciudadanos indigentes, fue derrotado contundentemente por el Lic. Xavier Nava. La Ley Electoral y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el proceso culmina hasta después de que el INE haya cumplido con su obligación de revisar y validar el gasto de campaña de los distintos candidatos hasta comprobar que no se haya rebasado el límite que la propia Ley establece, en cuyo caso, la elección sería anulada. Frac. IV Art.41 de la Constitución: Exceder el límite de 5% es causal de nulidad de la elección. Esta es la última etapa del proceso, que según la misma Ley deberá ocurrir a finales del mes de julio.
La elección a gobernador es un fraude. Es falso que las elecciones en San Luis Potosí fueron siquiera aceptables. Esta elección no fue ni legal ni legítima. Fue como nos consta a los potosinos, la más sucia y tramposa que ha habido en los últimos 30 años, cuando menos. Acuerdos ocultos y a espaldas de los ciudadanos, como el de prestarse candidatos de un partido a otro, recursos económicos de decenas de millones de pesos que rebasan con mucho los límites de gasto de campaña establecidos en la Ley. Ingerencias indebidas y descaradas del presidente de Morena, Mario Delgado, que a todo trance quería postular a Gallardo Cardona y al encontrar fuerte rechazo de la militancia local de su propio partido, se “arregló” con el partido Verde, negociando distritos para diputados locales y federales.
Somos cientos de miles sin duda, los ciudadanos potosinos que no aceptamos como válidos, legales ni reales los números que se han dado a conocer hasta ahora como resultados preliminares de la elección, porque está plagada de fraudes, e irregularidades evidentes y demostrables que no corresponden a un mínimo de lógica política ni de credibilidad.
Cuando faltaban más de 800,000 votos por contar, ¿quién ordenó interrumpir el PREP con solo un 81% de los votos computables en el PREP lo que permitió que algunos se apresuraron a dar por ganador a Ricardo Gallardo Cardona que solo aventajaba con 23,000 votos en ese momento a su oponente Octavio Pedroza Gaytán? Ahí se inició indebidamente la falsa percepción de triunfo anticipado.
¿Porqué el gobernador Carreras ha tolerado que el ex alcalde Ricardo Gallardo Juárez, al día siguiente de la elección, públicamente lo amenazara e insultara soez y violentamente, si no se le reconocía el triunfo a su hijo como gobernador electo, cuando aún no terminaban ni siquiera los cómputos preliminares y se sabía que la votación estaba muy cerrada, sin que tales insultos y amenazas tuvieran ninguna consecuencia, como lo obliga la Ley?
¿Cómo podría explicar el gobernador Carreras su anuencia para que, quien fuera su Secretaria de Salud la Dra. Mónica Rangel, de filiación priista, señalada por sus malos manejos en la Secretaría de Salud fuese la candidata al Gobierno estatal del partido Morena, un partido contrario al suyo? A menos que hubiera ya un “acuerdo” oculto.
Esta colaboración es ofrecida a los amables lectores como parte de un consenso entre las organizaciones cívicas “CIUDADANOS HASTA LA MADRE”, “ACCIÓN CIUDADANA” y “FRENTE CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN”.
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