La Política perra

Es un saber viejo pero en temporadas como ésta conviene tenerlo presente: en muchas de sus expresiones y formas de practicarla, la política es muy perra. Es una hija de mala madre.

Hace dos años y medio, cuando luego de traicionar al PRD el flamante diputado federal Ricardo Gallardo Cardona migró junto con otros a la órbita de la 4T para que sus bancadas en San Lázaro alcanzaran la mayoría calificada, el entonces coordinador de la diputación morenista, Mario Delgado Carrillo, vino a San Luis a pasearse al lado del Pollo, a dejarse ver, a tomarse la foto y a hacer declaraciones complacientes. Poco faltó para que se tomaran de la mano.

El lunes pasado, el mismo Delgado Carrillo vino a esta ciudad y, a diferencia de visitas anteriores, se dejó ver y respondió preguntas de los medios. Surgido el nombre de Gallardo Cardona, fue categórico: “No es mi amigo ni mi enemigo, es mi adversario”. Poco faltó para que dijera que ni lo conoce. Hasta ahí, como quiera, estamos frente a un impío desconocimiento de amistad; una manera de tirar lastre.

Lo peor vino enseguida. Luego de enfatizar que no hay ningún acuerdo electoral con el candidato de la coalición PVEM-PT, el susodicho dijo algo que había callado durante meses: que el Consejo Nacional de Morena rechazó la alianza para postular a RGC porque éste no cumplía con requisitos como “el perfil de integridad”. En su acepción de cualidad o virtud, “integridad” significa honradez, honestidad, probidad, rectitud. Quien no la tiene, viene a ser lo contrario: pillo, deshonesto, chueco y sígale usted.

Durante los veintitantos años que tiene de vivir en San Luis Potosí, donde inició su vida profesional como una joven médica a cargo de un pequeño centro de salud en la Huasteca, las mejores oportunidades de trabajo que ha tenido Mónica Liliana Rangel, se las debe a dos personas: Fernando Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras. El primero la apoyó desde que era director del Hospital General de Ciudad Valles, las dos veces que fue secretario de Salud y como gobernador. El segundo la nombró titular del sector salud, la sostuvo contra viento y marea, hasta ahora la ha protegido frente a múltiples denuncias por manejos presupuestales irregulares y sin lugar a dudas la ayudó a ser candidata a gobernadora.

Todo eso valió menos que un cacahuate cuando un provocativo Adrián Esper la emplazó, durante el segundo debate entre candidatos, a que dijera escuetamente si aprobaba o desaprobaba los gobiernos de Toranzo y Carreras. “El de Toranzo reprobado y el de Carreras pasa de panzazo”, respondió sin titubear. Ahora me resulta mucho más fácil entender por qué hace unas semanas, al final de un dilatado y cordial desayuno entre ellos, el galeno exgobernador le dijo a su sucesor, palabras más palabras menos, “ruégale a Dios que gane Octavio, porque si gana Mónica al primero que le va a partir la madre es a ti”. Evidentemente sabía de lo que estaba hablando. Un monumento a la ingratitud.

UN COMPROMISO PENDIENTE

Hace dos semanas, cuando comentamos aquí que el presunto autor intelectual del homicidio del líder empresarial Julio César Galindo era un proveedor muy destacado y favorecido de los Servicios de Salud, durante los años de la doctora Mónica Rangel al frente, señalamos que en ese ámbito, el de las adquisiciones, la gestión de la hoy candidata morenista destacaba por algunas “peculiaridades”. Hoy damos cuenta de ellas.

Durante los trimestres segundo y tercero del 2017, o sea, en los seis meses que van de abril a septiembre de ese año, los Servicios de Salud hicieron adquisiciones de bienes y servicios por un gran total de 333 millones 843 mil 935 pesos. Una revisión detallada de la forma como se procesaron esas operaciones indica que el 58.9 por ciento (196 millones 550 mil 280 pesos) se adjudicaron en forma directa, lo que coloquialmente se conoce como “a dedo”, sin ningún tipo de licitación. 

Ese porcentaje, según comparativos y consultas con expertos en la materia, es insólito. Salvo la Secretaría de Seguridad donde también se cuecen habas, es muy extraño que cualquier dependencia gubernamental supere el 20 por ciento en adjudicaciones directas. 

A ese 58.9 por ciento adjudicado “a dedo”, vale sumar otro 3.38 por ciento (11 millones 089 mil 094 pesos), contratado mediante lo que se denomina “invitación restringida”, que consiste en invitar a tres proveedores a que presenten propuestas y entre ellos escoger al beneficiado. Entre ambos, implican que más del 62 por ciento del presupuesto para ese rubro se entrega sin ninguna licitación real a proveedores favoritos, amigos, socios o cómplices. En los 12 meses del año 2017, los recursos destinados a adquisiciones en el sector salud se aproximó a los mil millones de pesos. En 2020, último año de la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez como su titular, se rebasó esa cifra. 

El otro método, obligatorio para cualquier compra, adquisición o arrendamiento con valor superior a 1 millón 019 mil 115 pesos (13,500 UMAs del 2017) es el de licitación pública. Por citar solo unos pocos casos, bastante ilustrativos: el contrato otorgado por asignación directa a la esposa del acusado de haber mandado asesinar a Julio César Galindo, como ya informamos hace dos semanas, fue el número 048/2017 por 57 millones 051 mil 695 pesos, de fecha 20 de junio de ese año. Dos meses antes, el 4 de abril, se otorgó igualmente sin licitación alguna otro contrato por 14 millones 177 mil 330 pesos a la empresa “Equipos Quirúrgicos Potosinos S.A de C.V”. En idénticas condiciones de asignación directa, el 11 de mayo se concretó el contrato 033/2017 con la empresa “Public Health Supply and Equipment de México, S.A. de C.V.”, por 12 millones 720 mil pesos, para adquisición de plaguicidas, abonos y fertilizantes. Mes y medio más tarde, el 30 de junio, se suscribió el contrato 065/2017 con la misma empresa, por la misma cantidad, por los mismos productos y en las mismas condiciones. 

Así, en solo cuatro operaciones de adquisición, celebradas en menos de 90 días, la dependencia a cargo de la Dra. Mónica entregó contratos mediante el procedimiento de asignación directa, por un valor conjunto de 97 millones 575 mil 458 pesos.

Comentado el tema con uno de los principales fiscalizadores del gobierno estatal, su respuesta fue muy clara: “Desde su llegada, la doctora se convirtió en la reina de las adjudicaciones directas”.

(Nos hemos referido a operaciones y presupuestos del 2017 porque es el único año que teníamos documentado. Recién nos ha llegado información de los años 2018 y 2019, tan abundante y detallada que tardaremos quizá un par de semanas en desbrozarla).

A MI ME VAN A PERDONAR, PERO…

Sin duda porque es un tema vigente, transversal, de mucha actualidad y se trata de una veta muy rica, hace un par de meses -poco después de arrancar su campaña- la doctora Mónica comenzó a invocar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en particular de la de carácter político suscitada por razón de género. Sea por convicción o estrategia electoral, está en su derecho.

Bajo ese paraguas en marzo acudió al Ceepac a acusarnos a varias ciudadanas y ciudadanos de algo vinculado con ese tema de la violencia política por razones de género. No puedo ser muy preciso al respecto porque no sé a los demás, pero a mí es hora que el organismo electoral no me hace el favor de decirme de qué se me acusa, o si soy testigo, perito o música de acompañamiento. Ignoro igualmente si el proceso sigue, está suspendido o finiquitado.

También, hace un par de semanas que trascendió que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE planteaba sancionar a la doctora con la cancelación de su registro, ella reaccionó con un desplegado en cuyo primer punto se lee: “La filtración representa un acto de violencia política de género”. 

Más recientemente, el viernes pasado durante el debate organizado por la Coparmex, hubo un momento en que visiblemente molesta con interpelaciones como las de Adrián Esper, dijo algo así como que ese tipo de agresiones eran producto o venían del patriarcado. Yo lo entendí como lo contrario del feminismo. 

A raíz de estas posturas de la abanderada morenista, un servidor público vinculado largo tiempo a los Servicios de Salud me hizo llegar una información muy concisa: en 2015, cuando Mónica Liliana Rangel asumió la titularidad de los Servicios de Salud del estado, la plantilla de los funcionarios de más alto rango estaba configurada por 82 puestos. 46 de ellos, equivalentes al 56 por ciento, los ocupaban varones y los 36 restantes, 44 por ciento, estaban a cargo de mujeres. Bastante equilibrio entre géneros.

En enero de este año, cuando doña Mónica renunció a su cargo, esa plantilla estaba conformada por 72 cargos (la reducción se debe principalmente a la desaparición del Seguro Popular), de los cuales 53 (74 por ciento) estaban en manos de varones y únicamente 19 (26 por ciento) quedaban a cargo de mujeres. Visto de otra forma, durante la gestión de la doctora la presencia de féminas en los niveles más altos del sector salud descendió dramáticamente a casi la mitad (de 36 a 19), con lo cual desapareció cualquier cosa parecida a cierta equidad de género.

En busca de razones para este fenómeno, las respuestas fueron coincidentes: “No le gusta trabajar con mujeres”. Por supuesto que despojar a alguien de su empleo por el hecho de ser mujer es una grave forma de violencia en razón de género. Y sí, es la misma persona que ahora basta que la vean feo para quejarse de eso.

COMPRIMIDOS

Otra semana negra para Gallardo Cardona, pero ya van tantas veces que el pastorcillo grita que ahí viene el lobo que nadie hace caso. En compensación, el candidato Verde puede sentirse orgulloso de haber establecido un hito que perdurará en los anales de nuestra historia política. Si la memoria no me falla, es el primer candidato a gobernador que luego de revisar la agenda del día, firma demandas de amparo para que no le vayan a madrugar dándole botellón. No cualquiera.

Reitero que no es como para echar las campanas a vuelo, pero recién me entero que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no solo no ha dado carpetazo a su indagatoria sobre la constancia de residencia apócrifa que el secretario del Ayuntamiento de Soledad le expidió al advenedizo Héctor Serrano, sino que le dio vista a la Fiscalía que atiende las denuncias contra servidores públicos y a la Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, por haber encontrado hechos con apariencia de delitos que caen en sus competencias.

Del segundo debate entre candidatos diré que sin ser lo ideal, insuperable ni nada parecido, mejoró considerablemente respecto del anterior. Si el Ceepac se desentume, pierde el miedo cerval que lo atenaza, le echa tantita imaginación y despierta, puede ser que el próximo y último por lo menos no sea tan aburrido como el primero.

Hasta el próximo jueves.