La probidad y la coherencia en la función pública

El “Tlatoani” era el título que se le daba al gobernante supremo de los mexicas o aztecas, que gobernaba desde la Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca. La selección del Tlatoani no era hereditaria en el sentido tradicional, sino que implicaba un proceso de elección que combinaba elementos de linaje, mérito militar y político, así como un sistema de consejo y aprobación.

En general, el Tlatoani era elegido entre los miembros de la nobleza azteca, pero no necesariamente del linaje más directo o hereditario. Los candidatos eran seleccionados entre los nobles con experiencia militar y política, así como entre aquellos que habían demostrado lealtad al Imperio Azteca y habilidades de liderazgo.

El proceso de selección del Tlatoani incluía la participación de un consejo de nobles y sacerdotes, conocido como el “Consejo de Ancianos” o “Consejo de los Señores”, que deliberaba y tomaba decisiones importantes para el Imperio. Este consejo tenía un papel clave en la elección del Tlatoani, ya que era responsable de ratificar al candidato elegido y otorgarle legitimidad.

Una vez seleccionado, el Tlatoani era investido con poderes políticos y religiosos supremos y se convertía en el líder indiscutible del Imperio Azteca durante su mandato. Sin embargo, el Tlatoani no gobernaba de forma absoluta; estaba sujeto a ciertas restricciones y tradiciones, y su autoridad dependía en parte de su capacidad para mantener el equilibrio entre diferentes facciones políticas y grupos de interés dentro del imperio.

Es importante recordar que el Tlatoani era una figura central en una sociedad altamente estratificada y ritualizada, donde las decisiones políticas y sociales estaban influenciadas por consideraciones religiosas, militares y económicas, así como por las tradiciones y expectativas culturales. Además, el Tlatoani no gobernaba solo, sino que contaba con la ayuda de un consejo de nobles y sacerdotes, cuya influencia también podía afectar las decisiones políticas.

En general, los historiadores creen que muchos Tlatoanis buscaron gobernar con justicia y equidad, al menos en teoría, ya que mantener la estabilidad y el orden dentro del imperio era crucial para su legitimidad y supervivencia. Sin embargo, también es probable que enfrentaran desafíos y dilemas éticos en el ejercicio del poder, especialmente en un contexto político tan complejo como el del Imperio Azteca.

Aunado a ello, la probidad y la coherencia deben ser fundamentales en el ejercicio de la función pública. La probidad se refiere a la honestidad y la rectitud en el desempeño de las responsabilidades públicas, mientras que la coherencia implica la consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hablar con la verdad es un aspecto esencial de ambas cualidades, ya que la mentira socava la confianza pública y debilita la integridad del sistema.

La tendencia mitómana o tendencia compulsiva a mentir, es especialmente peligrosa si su deseo es conducir una Nación, ya que puede conducir a decisiones erróneas, corrupción y un deterioro de la confianza en las instituciones. Por lo tanto, es crucial que aquellos que ocupan cargos públicos se adhieran a la verdad en todas sus comunicaciones y acciones.

La verdad no solo es un principio ético, sino también un pilar fundamental de la democracia y el buen gobierno. Cuando los líderes son honestos y transparentes, fortalecen la confianza de los ciudadanos en el sistema y promueven la participación cívica. Además, la verdad es esencial para la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas.

En última instancia, la probidad y la coherencia en el hablar la verdad son imperativos morales y prácticos para los servidores públicos. Al mantenerse firmes en estos valores, contribuyen a construir sociedades más justas, transparentes y éticas.

La ética del servidor público juega un papel fundamental en el ejercicio de sus funciones y en la sociedad en general. La ética proporciona un marco de principios y valores que guían el comportamiento de los servidores públicos y contribuyen a mantener la integridad, la transparencia y la confianza en las instituciones gubernamentales. Algunos de los aspectos clave de la ética del servidor público incluyen:

1.- Integridad: Los servidores públicos deben actuar con honestidad y rectitud en todas sus acciones, evitando conductas como el soborno, la corrupción y el favoritismo.

2.- Responsabilidad: Los servidores públicos tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones de manera eficiente y eficaz, velando por el interés público y rindiendo cuentas por sus acciones.

3.- Transparencia: Los servidores públicos deben ser transparentes en su toma de decisiones y en el manejo de los recursos públicos, proporcionando acceso a la información y evitando prácticas opacas.

4.- Imparcialidad: Los servidores públicos deben tratar a todos los ciudadanos de manera justa y equitativa, sin discriminar por motivos como la raza, el género, la religión o la afiliación política.

5.- Confidencialidad: Los servidores públicos deben respetar la confidencialidad de la información sensible y proteger los datos personales de los ciudadanos.

La ética del servidor público es esencial para garantizar un gobierno honesto, responsable y orientado al servicio público. Cuando los servidores públicos actúan con ética, contribuyen a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y promueven el bienestar de la sociedad en su conjunto.

En general, se espera que el presidente o presidenta de México actúe con integridad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Se espera que priorice el interés público sobre los intereses personales o de grupo, promueva la justicia social, fortalezca las instituciones democráticas y busque el bienestar de todos los ciudadanos.

Además, se espera que la próxima presidenta de México aborde eficazmente los desafíos y problemas que enfrenta el país, incluida la seguridad, la economía, la educación, la salud y el medio ambiente. Se espera que trabaje en colaboración con otros poderes del Estado, así como con la sociedad civil y el sector privado, para encontrar soluciones efectivas y sostenibles a estos problemas.

También se espera que la próxima presidenta de México sea una líder inclusiva, que represente y defienda los derechos de todas las personas, independientemente de su género, origen étnico, orientación sexual o situación socioeconómica.

En resumen, se espera que la próxima presidenta de México sea una líder comprometida con el servicio público, capaz de enfrentar los desafíos del país con honestidad, competencia y empatía. Sin embargo, las expectativas específicas pueden variar según las necesidades y prioridades del pueblo mexicano en el momento de su elección.