LITIGIOS Y TRIBUNALES VERSUS CAMPAÑAS Y URNAS

Un singular juego de circunstancias provocó, súbitamente, que el foco de nuestra atención política se desplazara de las campañas, propuestas, promesas y encuestas locales hacía las autoridades y tribunales electorales radicadas principalmente en Monterrey y la Ciudad de México. Se ventilan allá asuntos de interés particular para nosotros pero también otros de alcance nacional que no pueden sernos ajenos. Va un recuento.

Para sorpresa de la mayoría de los mexicanos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó al INE y dejó sin sus candidaturas gubernamentales en Guerrero y Michoacán, ambas por Morena, a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, respectivamente. Contrario a lo que muchos temíamos, las primeras reacciones de los desfavorecidos fueron anticlimáticas. La tarde misma del martes el dirigente nacional de Morena se quejó de que INE y TEPJF habían propinado “un golpe a la democracia”, pero anticipó que sus decisiones serían acatadas. Ayer por la mañana, cuando se esperaba una reacción virulenta de su parte, el presidente López Obrador repitió lo del golpe a nuestra democracia y refrendó lo de acatar los fallos judiciales. No dejó sin su raspón a consejeros y magistrados, pero no desafió a las instituciones que representan. Salgado Macedonio convocó una concentración en Chilpancingo, bajo la proclama de que “la última palabra la tiene el pueblo”, pero está claro que su inconformidad no tiene futuro.

Lo central en todo esto es que en los días previos la retórica parecía aproximarnos al abismo de una ruptura del orden constitucional, con tribunales disponiendo y autoridades, partidos y particulares desacatando y desafiando. Nada parecido ocurrió y eso es algo de la mayor importancia, así sea por un solo saldo: la República está en paz. Adicionalmente, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral no se conformaron con lo mínimo, y decidieron además que también quedan vigentes los lineamientos dictados hace un mes por el INE para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, medida que en la perspectiva de las encuestas al único partido que podrá afectar es a Morena. El martes fue un buen día para el país.

Una nota publicada el martes pasado en el periódico Milenio, bajo el encabezado “Peligra en el INE candidatura de Morena en SLP” informó lo siguiente: “La candidatura de Mónica Rangel para la gubernatura de San Luis Potosí puede venirse abajo si la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral confirma las omisiones en los reportes de sus ingresos y gastos en el período de precampaña, como lo detectó desde febrero cuando ordenó un proceso oficioso contra varios precandidatos y partidos omisos. En la sesión del 26 de febrero el Consejo General del INE ordenó procesos oficiosos contra las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Colima, Nuevo León y Sonora para investigar si la propaganda que detectaron en el período de precampaña incurrió en una violación directa de los y las precandidatas y los partidos”.

Continúa la nota: “MILENIO dio a conocer que previo a esta sesión, varias candidaturas de Morena fueron omisas en sus informes de fiscalización, lo que puede derivar en que se les retirara el registro, como finalmente sucedió en los casos de Guerrero y Michoacán. El único proceso pendiente de resolver, y del que la Unidad Técnica de Fiscalización presentará su veredicto mañana (ayer miércoles) es el de San Luis Potosí”.

Al cierre de esta columna no había ninguna información oficial al respecto. Sin embargo, de manera extraoficial nos fue posible saber que, efectivamente, existe el proceso de investigación, que está prácticamente concluido y que en cualquier momento se hará publico. Si nos atenemos a las cuentas que la doctora ha entregado en su anterior cargo como Secretaria de Salud, ninguna sorpresa causaría si la sancionan.

El viernes pasado, como ya se ha difundido, la Sala Monterrey del TEPJF devolvió a Xavier Nava Palacios la candidatura por Morena a la alcaldía que una semana antes le había quitado el tribunal electoral estatal. El fallo local adverso para Nava se sustentó en dos motivos: que no es postulado para su reelección por el mismo o alguno de los partidos que lo postularon en 2018 (PAN y MC), sin haberse acogido a la salvedad de que hubiera renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Así también, por haber participado de forma simultánea en dos procesos electorales de partidos diferentes (en el del PAN buscando la candidatura a gobernador y en Morena en pos de la postulación a alcalde). La Sala Monterrey le devolvió su postulación echando abajo los argumentos del TEESLP: uno, que como XN nunca ha sido militante ni del PAN ni del MC, estaba jurídica y materialmente imposibilitado de renunciar a una militancia inexistente, y dos, que según la instancia regiomontana, el proceso interno del PAN concluyó el 11 de enero al entregarse su constancia de candidato a Octavio Pedroza, y no continuó abierto por el hecho de que se hubieran presentado impugnaciones. Entendido así, cuando Nava aparece en el proceso morenista en febrero, ya no había ninguna simultaneidad. De los tres magistrados de la Sala Monterrey, dos aprobaron el dictamen y uno se opuso. 

Hasta aquí las cosas, todo esto sería básicamente materia de discusiones inagotables entre diletantes, pero el asunto ha sido prolongado por la determinación de cuatro partidos. Sucede que con fecha del pasado martes, el PAN, Conciencia Popular, el PRD y el Verde -cada uno por su lado- decidieron agotar instancias y acudir ante la Sala Superior del TEPJF con un último recurso, el llamado de Reconsideración. No tengo idea de qué vaya a resolver esa instancia final, pero de algo estoy seguro: si no logran bajar a Nava Palacios de la candidatura, al final del día sus impugnadores le habrán hecho un favor al insistir en victimizarlo. Mucho más inteligente viene a resultar la decisión del PRI, a solicitud de su candidato Enrique Galindo, de no insistir con ninguna otra impugnación.

Como corresponde en virtud de su jurisdicción, la multicitada Sala Monterrey resolvió el miércoles de la semana pasada que el potosino apócrifo falsificado por la gallardía, Héctor Serrano Cortés, no puede ser candidato a diputado local plurinominal postulado por el Partido del Trabajo. Lo anterior, dicho en forma simplificada, porque el Ceepac le negó su registro por dos razones: no acreditar el tiempo de residencia efectiva que impone nuestra Constitución, y no haberse separado de su cargo de diputado federal chilango 90 días antes de la elección como indica el mismo ordenamiento. Serrano ya había acudido al tribunal estatal, donde “lo batearon” sin entrar a analizar el fondo de sus argumentos por la incomprensible razón de que únicamente impugnó el tema de la no separación del cargo sin mencionar lo de la falta de residencia efectiva.

Acudió a la capital de Nuevo León, donde le recetaron exactamente la misma medicina: no hay manera de analizar y valorar tus argumentos -le dijeron palabras más palabras menos- porque tanto el Ceepac como el TEESLP te negaron el registro por dos causas y tú solo te quejas de una. Pues nada, que también este santo señor interpuso un último recurso ante la Sala Superior, que está en trámite. En cualquier momento de los próximos días podrá conocerse la decisión judicial.

Traigo a colación este asunto porque al revisar la demanda presentada por HSC en 198 hojas, resulta que ahora sí plantea como agravio en su contra la negativa sustentada en su falta de residencia, y para justificar la omisión en previa alega que nunca tuvo conocimiento completo del dictamen del Ceepac, no obstante reconocer que presenció “en vivo” la sesión correspondiente del 21 de marzo. Por si esa excusa no bastara, arremete contra su partido (el del Trabajo) acusándolo de incompetencia, de negligencia o de mala fe, porque nunca le hizo saber en detalle el ya mencionado dictamen del Consejo Estatal Electoral. O sea, aquí todos la riegan menos el potosino 

de mentiritas.

El celosamente guardado secreto sobre el destinatario de las cinco mil despensas descubiertas por el accidente del tráiler que las transportaba, ya no lo es tanto. Eran (mejor dicho, fueron) para el Partido Verde Ecologista de México. Aunque el asunto fue atraído por la delegación de la Fiscalía General de la República y ahí no han soltado prenda, indagaciones previas en instancias locales arrojaron el resultado color verde.  Hace muy creíble esta versión la actuación que en el asunto tuvo el ultrasupergallardista Ernesto Barajas Ábrego, secretario del Ayuntamiento de Soledad, quien en cuanto tuvo a su disposición las despensas rápidamente se las devolvió al chofer que nunca detuvo ni retuvo siquiera para 

aclarar hechos.

La excusa ofrecida por el esbirro de la gallardía -que las despensas debían entregarse cuanto antes por contener productos perecederos- es una mentira para retrasados mentales. Todo mundo sabe que esa clase de paquetes contienen principalmente frijol y arroz en grano, aceite embotellado, azúcar, café, algunas latas de sardinas o atún y cosas por el estilo, ninguna de las cuales puede ser calificada de perecedera. Justamente se arman así para que puedan durar semanas sin ningún deterioro. Perecederos son productos como fruta y vegetales, carne fresca, pescado, pan y demás, que en cosa de días se echan a perder.  Nunca los incluyen en ese tipo 

de despensas.

El día 12 de este mes, por escrito, di respuesta a un requerimiento un tanto cuanto extraño del Consejo Estatal Electoral. Por principio de cuentas, el Ceepac indebidamente delegó facultades de autoridad a una empresa privada, como es Editora Mival, para que se encargara de notificarme el documento. Lo hizo así alegando una falsedad: que le había sido imposible localizarme en mi domicilio particular, del que prácticamente no he salido en más de un año y el cual jamás ha estado solo todo este tiempo. Luego, me solicita diversas cuestiones sin cumplir con algo tan elemental como decirme en calidad de qué me requería. Contra la opinión de los abogados, contesté lo que me preguntaban y expliqué lo que había que explicar, pero nunca supe si lo hacía en condición de denunciado, de denunciante, de testigo, de perito o en mi condición de astronauta. Supe quién me acusaba de violencia política de género hasta hace dos o tres días que el órgano electoral hizo una publicación en su página de internet. Creo que la doctora me quiere ver tras las rejas.

Hasta el próximo jueves.