Los qués y los cómos
Es tiempo de reformar al sistema electoral en México. O por lo menos así lo consideran las distintas fuerzas políticas que desde hace algunos meses han iniciado una discusión sobre las eventuales modificaciones que habrán de realizarse a nuestro sistema de elecciones. Esta historia Usted ya la conoce. Estábamos acostumbrados a que después de una elección presidencial, los partidos políticos de oposición buscaban reformar el marco normativo electoral pensando en atender a los problemas y fenómenos que atentaban contra la competitividad de las fuerzas políticas en la contienda electoral.
Es una historia que hemos repasado en este espacio en repetidas ocasiones. Normalmente los reclamos de reforma electoral provienen de los partidos perdedores que identifican vulnerabilidades, desigualdades y asimetrías en el sistema de competencia. Lo que hemos visto de unos años para acá es la construcción de una narrativa y un discurso distinto que proviene de los ganadores. Llama la atención que en esta construcción narrativa se hable de “revisar que no quede ninguna posibilidad de que en México vuelvan a ocurrir fraudes electorales”, también se habla de “garantizar que la democracia en México no sea tan cara”, ya que se afirma que “no puede haber un INE rico o partidos ricos con pueblo pobre”.
Tengo bastante claro que la construcción discursiva que emplea un partido político para posicionar frente al público la necesidad de una reforma electoral, suele partir de ideas generales, quizás ambiguas, para generar poca oposición por parte del electorado. Todos estamos de acuerdo que nuestro sistema de elecciones no debe admitir posibilidad alguna de fraude; todos estamos de acuerdo que el costo de las elecciones -que no es lo mismo que el costo de la democracia- debe ser menor. Aunque pueden sonar como lugares comunes -y probablemente lo sean- es importante que en la discusión pública se deje suficientemente claro los propósitos generales y específicos de lo que tiene que reformarse -es decir, los “qués”-, así como las justificaciones públicas que sustenten a estas intenciones. Lo otro, tiene que ver con la claridad con la que se establecen los “cómos” y sus implicaciones en el terreno de los hechos. Solo para ilustrar un ejemplo: si el propósito -o el qué- es disminuir el costo de las elecciones, es importante dejar claro “cómo” se va a reducir este costo. Hay discutirlo con seriedad, con números, pesos y centavos. ¿qué es lo que encarece a nuestro sistema electoral? ¿el financiamiento público a los partidos políticos? ¿qué rubros específicos de este financiamiento? ¿cuál es el umbral que nos permite identificar cuánto es “necesario” y cuánto es “suficiente” para dotar de recursos al sistema de partidos sin que esto atente contra la funcionalidad del mismo? ¿O es el costo de la operatividad de las autoridades electorales? Nuevamente, ¿cuánto es necesario y cuánto es suficiente? ¿ha pensado qué es lo que ha ocurrido cuando se deterioran las capacidades operativas de una autoridad frente al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales? ¿o es el costo de los mecanismos, los medios y los materiales con los que organizamos nuestras elecciones? ¿es el costo de los dispositivos informáticos que necesitamos generar para garantizar que nadie haga trampa?. ¿ Puede ver lo que quiero decir? la discusión legislativa no debe correr por un circuito lejano a la comprensión y justificación pública de esas iniciativas.
También llama poderosamente la atención que hay algunos posicionamientos de los partidos políticos con respecto a cosas que tienen que reformarse en el marco electoral y que no se discuten de manera pública y abierta. No es ningún secreto que hay partidos políticos que califican como “excesiva” la actuación de las autoridades electorales -sean administrativas como el INE y los OPLE, o jurisdiccionales como los Tribunales electorales- cuando establecen reglas, lineamientos y medidas a las que tienen que ajustarse los partidos políticos, para que se cumplan ciertas disposiciones constitucionales. No me sorprende que pueda haber consenso de los partidos políticos para tratar de evitar que las autoridades electorales les establezcan obligaciones. Sólo debemos tener claro que a las autoridades electorales no les corresponde legislar, sino establecer vías transitables de implementación y operación para que las disposiciones que están en la ley no se queden en el aire. Si la Constitución establece que las candidaturas deben postularse en paridad -esto es un “qué”-, a la autoridad electoral le corresponde establecer los mecanismos para cumplir esta disposición -esto es un “cómo”-. Cuando no se establecen estos criterios con claridad, se deja un amplio margen para que se cometa fraude a la ley. ¿es necesario recordar los numerosos casos en que partidos y personas han intentado burlar a las leyes y autoridades para cumplir sus propósitos?.
Estoy de acuerdo en que necesitamos un sistema electoral simple, ágil, sólido, confiable y funcional. No hay que olvidar que esto sigue necesitando de autoridades eficaces, imparciales y que no rivalicen con las fuerzas políticas -que en ningún momento debe ser confundido con sumisión-. Ninguna reforma deteriore lo que es bueno lo que sirve y lo que ha garantizado la competitividad y la equidad. la democracia y sus elecciones son patrimonio de la población no de los partidos políticos.
Twitter. @marcoivanvargas
