Mares, el extractivismo pesquero
La pesca extractiva consiste en capturar, cazar, segar o recolectar recursos hidrobiológicos sin limitaciones.
Cuando pronunciamos “México” la dimensión marítima no se dibuja en nuestras mentes. Parece que ocurre lo mismo con el gobierno. Los mares están mal atendidos y su gran riqueza se encuentra en situación de riesgo por sobreexplotación, pesca ilegal, contaminación, vulneración de áreas marinas protegidas, degradación de ecosistemas y cambio climático.
El mar patrimonial del país tiene 3,149,920 km2 y con la parte continental suman 5,114,295 km2. Los litorales tienen una extensión de 11,122 km.
México ocupa el 17° lugar a nivel mundial en producción pesquera con más de 1 millón 900 mil toneladas. La cuarta parte es pesca ribereña que se realiza con embarcaciones menores.
La pesca ilegal de diversas especies alcanza un 40%, entre 500 mil y 1 millón de toneladas adicionales a la pesca regular. Participan flotas pesqueras extranjeras, empresas nacionales y pescadores locales, por necesidad. El crimen organizado opera en el tráfico de especies de alto valor, en la extorsión, control de áreas, amenazas a comunidades, lavado de dinero y corrupción de autoridades.
La Secretaría de Marina no dispone de recursos suficientes, equipo y tecnología adecuada para contener la pesca ilegal y el crimen organizado. Lo mismo sucede con los organismos del sector.
Entre 35 y 40% de especies se encuentran en deterioro por malas prácticas y por destrucción de los hábitats costeros, manglares, humedales y arrecifes de coral, poniendo en riesgo la biodiversidad marina, a pesar de las 68 Áreas Protegidas.
La pesca ribereña ha disminuido y afecta entre 250 mil y 300 mil pescadores y sus familias, que no cuentan con el respaldo de programas económicos, financieros, técnicos y tecnológicos.
Aun reconociendo la complejidad y magnitud del problema, el Estado ha hecho muy poco por enfrentarlo. Su repliegue responde a la lógica del modelo prevaleciente. Lo mismo que con la minería, la agricultura, la maquila o los megaproyectos: el país se organiza en función de las prioridades globales y deja de lado el aprovechamiento racional de los bienes naturales y el apoyo a su población.
En cambio, muchas comunidades pesqueras trabajan en la recuperación de especies y restauración de pesquerías, pocas veces con apoyo oficial, dando un ejemplo que debería expandirse y contar con respaldo (ver casos en versión digital).
El Estado debe tener mayor presencia en el sector y definir políticas públicas integrales con participación de los involucrados, gestionar adecuadamente los mares y los recursos pesqueros, recuperar las especies en riesgo, controlar la actividad pesquera de gran escala, apoyar a los pescadores ribereños, perseguir con eficacia a la pesca ilegal.
Propiciar la coordinación de las diversas instancias, asignar recursos suficientes, desarrollar capacidades, proveer equipos, actualizar flotas, construir infraestructura.
Fortalecer a las organizaciones cooperativas y la cohesión de las comunidades. Las pesquerías, con plan de manejo y programas de apoyo técnico, crediticio, tecnológico y comercial.
Impulsar el desarrollo de una cultura marítima integral en el conjunto de la población.
Lo que ocurra en nuestros mares y costas debe contribuir a disminuir la amenaza sobre la biodiversidad y la vida, desde una visión soberana y participativa.
NOTA. Los datos consignados son de Conapesca, Semarnat,
Oceana, Mongabay Latam y revista Cámara (LXVI Legislatura).
@pormxhoy
(Por México hoy)
