Martes

El próximo martes cinco de noviembre de este peculiar año de dos mil veinticuatro es, tal vez, una de las fechas que merecen mayor atención en México, luego de que el pasado proceso electoral del dos de junio se tomó la ¿decisión? de cambiar de régimen en México (según dice el discurso oficialista) para transitar de la democracia a la dictadura (esto lo decimos quienes creemos en el respeto a la propia democracia).

Dos eventos se presentarán ese día, los cuales inciden de manera destacada en el futuro de nuestro país: por una parte las elecciones en los Estados Unidos y por la otra el análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Acción de Inconstitucionalidad 164/2024 y acumuladas 165/2024,166/2024, 167/2024 y 170/2024.

El proceso electoral del vecino país del norte tiene a dos candidatos fuertes, casi en virtual empate; por una parte el expresidente Donald Trump, quien pretende recuperar para el Partido Republicano la Casa Blanca y, por la otra, Kamala Harris, del Partido Demócrata.

En términos generales, una administración bajo Kamala Harris podría representar un enfoque más colaborativo y diplomático hacia México. Por otro lado, Donald Trump ofrece una relación menos predecible, marcada por políticas unilaterales que favorecen a su país por encima de todo; esto podría traer beneficios puntuales a México, como en temas de seguridad, pero a un costo elevado en términos de soberanía y estabilidad diplomática.

A esto habría que agregarle la estridencia de los morenistas adueñados de México y la poca visión de largo plazo que les caracteriza. Esto puede alterar sustancialmente la relación bilateral, sea cual sea el ganador.

En lo tocante a la Suprema Corte, se trata de una decisión fundamental para el futuro de nuestro país, por diferentes razones.

Por un lado el proyecto invalida en buena medida la reforma judicial iniciada por López y aprobada por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales que conforman la jauría de la cuarta transformación, mediante la cual se determina la elección popular como mecanismo para el nombramiento de Ministros, Magistrados y Jueces en el Poder Judicial de la Federación así como lo propio en los poderes judiciales de las entidades federativas, además de establecer una serie de limitaciones a la ciudadanía ante los abusos de Poder, restringiendo el juicio de amparo y la suspensión cautelar en este tipo de procedimientos.

Para intentar frenar el proyecto del Ministro González Alcántara Carrancá, el Congreso de la Unión y sus secuaces legislativos locales aprobaron una reforma constitucional adicional, publicada el treinta y uno de octubre por la tarde en el Diario Oficial de la Federación mediante la cual determinan que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución, agregando en un artículo transitorio que los asuntos que se encuentren en trámite al momento de iniciar la vigencia de dicho decreto deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el mismo, es decir, se deberán sobreseer las acciones de inconstitucionalidad.

No contaban con que el asunto a tratar el martes ya no estaba en trámite al iniciar su vigencia la reforma-obstáculo, sino que mediante lista publicada el treinta de octubre en la Suprema Corte, el trámite ya estaba concluido y solo faltaba el proyecto, lo que se puso a disposición del Pleno del Máximo Tribunal el mismo día treinta.

Por tanto, el martes la Corte discutirá la propuesta del Ministro González Alcántara.

Previsible que los morenistas manden al diablo a la Corte y su sentencia; sin embargo, Claudia Sheinbaum, en el contexto de ese martes crucial, es la más beneficiada con esa resolución.

Después de todo, el estropicio es de López y no de ella. Le abre un camino de solución política que, de tomarlo, le ayudará a que las consecuencias de la elección en los Estados Unidos no sean tan dramáticas.

@jchessal