Más víscera que cerebro
Comienza a resultar riesgosa la labor de algunos activistas en San Luis Potosí, situación que puede volverse extensiva a la propia vida de aquellos que en aras de defender o conseguir un beneficio o derecho para los demás se vuelven vulnerables frente al cacique en turno y sus testaferros. No es cosa nueva, pero pronto aprendieron éstos a imitar a aquel; ya no sólo es el gobernador el que arremeta contra aquellos que se oponen a sus caprichos, sino también sus lacayos, coristas y aplaudidores, quienes por unos centavos o un nuevo cargo, se lanzaran rabiosos a la yugular de los detractores del régimen.
Con todo y que los ejemplos abundan desde el inicio de la presente administración estatal no es necesario ir tan lejos; hace escasos días, luego de que un grupo de vecinos del barrio San Miguelito obtuvieran el amparo de la Justicia federal sobre las obras de repavimentación emprendidas irresponsable e ilícitamente por la administración estatal en algunas calles de ese barrio (incluida en la que tiene intereses el secretario general de Gobierno), se dieron una serie de ataques iniciados por el gobernador y seguidos por el referido secretario general, que luego fueron atizados por el diputado verde Eloy Flanklin, testaferro de “eso que llaman gallardía” y presidente de la franquicia Verde en el estado.
Como se recordará, desde hace varias semanas, luego de que el gobernador del estado pusiera en marcha las obras de repavimentación en ese barrio, surgió un grupo de vecinos inconformes que argumentaban dos obstáculos principales en torno a las obras: el no respetar la categoría patrimonial del entorno y la falta de un proyecto ejecutivo que respaldara las obras. Ambos podían ser sorteados por la propia dependencia estatal sin mayor problema pero, dado el carácter autoritario y la falta de voluntad de ya saben quién, para resolver todo aquello que se oponga a sus caprichos, prefirió imponer su criterio.
Lo que ocurrió después era previsible: un grupo de vecinos del barrio decidieron ocurrir al amparo de la justicia federal que, ante las pruebas presentadas, decidió ampararlos y ordenar la suspensión de las obras, cosa que en un inicio no obedeció la Seduvop, pero finalmente tuvo que acatar. Después, como ya quedó señalado en el segundo párrafo, se manifestó la ira gubernamental replicada por su coro de niños cantores; destaca entre éstos, por su falta de escrúpulos y saña, el diputado Eloy Franklin quien señaló casi como única responsable del freno impuesto al Ejecutivo a la activista, y vecina del barrio afectado, Catalina Torres, con el endeble argumento de que se encuentra inserta en la nómina municipal de la capital.
Es cierto, la activista (especializada en cuestiones de discapacidad) es asesora de la alcaldía hecho que no la convierte en trabajadora municipal, ni se traduce en que esto la hiciera ser manipulable por el alcalde que con estas declaraciones el diputado lo señala indirectamente como obstaculizador de las obras gallardistas. Pero, como siempre, tampoco se da cuenta que se da un balazo en el pie, ya que siguiendo la misma lógica sus comentarios carecerían de toda validez ya que si hay alguien que ha impulsado, apuntalado y mantenido dentro de la nómina a Franklin, son los Gallardo; es decir, éste si actúa y golpea por consigna.
Más allá de esto, las declaraciones de este tipo de lacras son preocupantes ya que exponen a la violencia social a quienes como parte de la sociedad civil cuestionan, señalan y exigen transparencia. Catalina Torres, en este caso, no hace otra cosa que solicitar condiciones de movilidad, respaldadas por un proyecto ejecutivo, en las obras propuestas para ese barrio por la Seduvop, según la voluntad del gobernador. ¿Qué sucedería si por su actuar es agredida por algún trastornado de esos que, sintiéndose reivindicadores de la causa verde, ahora abundan?
No es reprobable su actuar ya que hasta este momento ninguna de las obras de construcción echadas a andar por esa dependencia, tuvieron un respaldo técnico presentado antes, durante o después de su inicio. El gobernador no quiere entender (porque le fue negada esa capacidad) que no hay oposición a la mejora o –como él dice– al progreso, a lo que hay oposición es a que las obras se realicen a la buena de Dios y aventándose como el Borras. ¿Quién en su sano juicio contrataría un albañil para trabajar en la casa, sin saber lo que va a hacer dentro de ella?
Ramón Leboreriro, felicidades por esos 74 bien vividos.
