Mediocridad del CEEPAC

Han transcurrido algunos días, y vendrán muchos más, en que todo girará en torno a las estrategias que definirán campañas y proceso electorales. No es para menos, los candidatos y sus partidos se jugarán todo tratando de alcanzar el triunfo; todo se vale, y habrá de todo.

Esto último es evidente, no se necesita ser especialista en el tema electoral para percatarse de la tibieza e inoperancia de la instancia que debería regular fondo y formas, el Ceepac, órgano ciudadano encargado de aplicar la ley en materia electoral, ha dejado  en claro que en los asuntos de relevancia, sus integrantes se muestran indecisos, disminuidos. Y pensar que en algún momento fue nuestro orgullo. 

La muestra más clara la tuvimos en la sesión del pasado domingo, en la que más bien se dedicaron a escuchar los gimoteos por el dolor de rodilla de su presidenta, y a  beneficiar participantes en el proceso electoral, más que en observar impedimentos que posibilitarían la negación de algunas candidaturas.

Los casos más emblemáticos fueron el de Héctor Serrano Cortés, diputado por la Ciudad de México, a quien ahora (gracias a la intención del candidato Ricardo Gallardo de utilizar San Luis Potosí como letrina, y después de haberle obsequiado una carta de residencia al vapor, en el municipio vecino de Soledad) se impulsa para que sea candidato plurinominal por la franquicia Verde. Y el de Xavier N. Palacios, quien pretende contender a la alcaldía, de nueva cuenta, sin cumplir con los requisitos básicos. 

En el caso de Serrano, la negativa se debió en parte al argumento del diputado Rubén Guajardo, quien señalaba que: “toda vez que el artículo 22 de nuestra Constitución estatal, prevé que se entenderá por residencia efectiva el hecho de tener dentro del territorio del estado o municipio que corresponda, un domicilio fijo en que se habite permanentemente y se mantengan los vínculos y relaciones en el estado o municipio correspondiente y no se adquiera otra vecindad o residencia…” Luego, fue secundado por Ricardo Barba, representante del PES, y por dos consejeros del Consejo. 

Sin embargo, escudados en el eufemismo de actuación de buena fe, hubieran sido capaces de abrirle la puerta al gangster citamexiquense. 

Aunque pudiera parecer más sencillo, apelando a la lógica, y el sentido común de los consejeros el caso de Xavier N. resultó más complejo, y no por la aplicación o interpretación de las leyes, sino porque al parecer la consejera Zelandia Bórquez Estrada, operó para que los indecisos  integrantes del Comité Municipal del mismo organismo, dieran por buena la candidatura sin complicar el asunto, haciéndoles ver que ya serían los tribunales competentes los que darían por buena, o no, la referida candidatura. Vergonzoso.    

Los miembros del ya mencionado Comité, no tenían más que considerar lo siguiente: al ir a una elección consecutiva a presidencia municipal los únicos partidos que  pueden postular, son los que en origen lo hicieron (en este casos PAN, y Movimiento Ciudadano que fueron en coalición en 2018), y al no hacerlo no es una elección consecutiva, ni legal; la única salvedad que brindan el artículo 115 constitucional y 114 de la Constitución Política de San Luis Potosí, es que un militante que haya ido asociado de un partido político se haya separado, renunciado, o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Es decir, no cumple con el primer requisito que es el de ser militante; por lo tanto la candidatura es endeble; luego, es público y notorio que estuvo participando simultáneamente en dos procesos internos: del PAN a la gubernatura y del MORENA a la alcaldía, al menos desde el 14 de febrero, hasta el 18 de marzo, cuando se resolvió en última instancia su impugnación; dado que la Legipe (Ley general de instituciones y procedimientos electorales) prohíbe estas circunstancias, su candidatura jurídicamente está muy complicada. 

A pesar de esto, y considerando que el CEEPAC, le dio luz verde, habrá que esperar lo que resolverá el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, ya que varias fuerzas políticas (PAN, PRI, PRD, Conciencia Popular, Partido Verde, Movimiento Ciudadano), impugnaron su candidatura. 

Bajo estos parámetros, valdría la pena considerar el papel del órgano y de sus integrantes, quienes –para serlo– deben aprobar un examen bastante concienzudo respecto al cumplimiento de la normativa. Pero resulta que por un lado argumentan que actúan de buena fe –en apariencia–, mientras por el otro, han forjado la idea de ser un tribunal que interpreta la ley; no es así, son consejeros electorales obligados a cumplir la ley a cabalidad, no bajo interpretaciones o bajo criterios que ellos quieran. El único papel que cumplen a la precisión, es el de mediocres que buscan quedar bien con todos los actores, mientras le cuestan bastante al Estado.  

Gracias por la lectura; viene Semana Santa, hagan penitencia para agradar a Diosito, luego por eso nos tocan los gobernantes que nos tocan.