Megaproyectos: resistencias por la vida y la soberanía
Las intervenciones extractivistas detonan procesos de denuncia y resistencia organizada, sean de pueblos, comunidades, colectivos sociales, especialistas o medios que velan por los intereses de la nación. Abundan los ejemplos como el rechazo a la minería en la Sierra Norte de Puebla, contra la deforestación en Michoacán (Cherán), la defensa del agua en Baja California Sur, la región Yaqui, Yucatán o Veracruz.
Los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico son parte de esta dinámica y paradigmáticos de lo que ocurre en el país, de cómo se ocupa el territorio desde una visión dependiente y cómo se reprime a quienes se oponen.
El Tren Maya, a cargo del Ejército, fue calificado como un proyecto ecocida y etnocida por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, tiene decenas de amparos judiciales por afectaciones al medio ambiente, la biodiversidad y los derechos indígenas y comunitarios. El Corredor Interoceánico, a cargo de la Marina, tiene oposición por parte de diversas organizaciones territoriales y sobre derechos humanos, así como de espacios académicos y de especialistas. (Ver relación en la versión digital de este artículo).
Ambos ejemplos ponen de manifiesto que “un gobierno que se dice del pueblo no incorpora los elementos básicos de la apropiación social del desarrollo: diálogo e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias, que favorecen la creación de espacios de confianza, equidad e inclusión propicios para fomentar transformaciones sociales” (Carlos Heredia).
Por su naturaleza los megaproyectos son disruptivos de las relaciones socioculturales, productivas y ambientales. Su consideración debe contar con amplio consenso y su diseño y ejecución debe efectuarse con participación organizada de la población.
Un desarrollo soberano debe partir de las regiones con sus habitantes; sustentarse en los pueblos, comunidades y productores; reconocer como interlocutoras a las organizaciones desplegadas en todo el país en defensa de lo propio (ambientales, productivas, laborales, sociales). En conjunto son un referente para la reconstrucción nacional, partícipes ineludibles en la definición de políticas públicas. Ese conjunto, hoy disperso y fragmentado debe articularse en torno a una agenda común elaborada entre todos e impulsada como mayoría social y política. Desde el campo, las sierras, las ciudades, los pueblos y las costas.
Un país independiente debe tener una institucionalidad democrática e incluyente, desmilitarizada y descriminalizada, que exprese los intereses de toda la población, con capacidad para: desplegar una política industrial autónoma no subordinada a la maquila, que integre cadenas de valor propias; controlar la explotación de bienes naturales; impulsar la autosuficiencia alimentaria; aplicar una reforma fiscal progresiva; responder al desafío criminal de manera integral (territorio, finanzas, economía, política, cultura); apoyar los ejemplos de desarrollos autónomos, con comunidades organizadas y solidarias; restituir el tejido social y las instituciones desde lo local.
Es necesario reformular la relación entre gobierno y sociedad, a partir de un proyecto de país igualitario, con justicia, libertad y soberanía, formulado desde abajo. Con una planeación integral de ocupación del territorio elaborada con participación social en todos los órdenes. Por la vida y la soberanía.
(Integrante de @Pormxhoy)
