Mito
Las transferencias monetarias como instrumento de la política social es el medio que tiene todo gobierno para apoyar a los sectores sociales más vulnerables, y con ello sacarlos de la pobreza y desigualdad en la que viven, por lo que se espera, que estas acciones de gobierno tengan un carácter progresivo; el indicador para medirlo, es el presupuesto ejercido para apoyar a los hogares en altos niveles de marginación y rezago social, y cuyo gasto debería ser mayor que otros rubros o de un periodo de gobierno a otro.
Es por ello, que los programas sociales han sido analizados desde múltiples enfoques, lo cual ha servido para valorar el lugar que ocupan los sectores sociales más vulnerables en la agenda de gobierno. En un primer balance, los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox le dieron prioridad a la pobreza rural, Felipe Calderón continuo en esta línea; en el caso del gobierno de Peña Nieto, sus programas sociales fueron de los más evaluados, sus conclusiones resaltan los efectos positivos en los sectores más vulnerables, aunque también reconocen su insuficiencia para combatir la pobreza y desigualdad.
La política social del gobierno federal 2018 – 2024, no es innovadora, ni ha tenido cambios estructurales de fondo, sino que son acciones de gobierno con avances y retrocesos con respecto a lo que han llamado políticas neoliberales; los cambios en política social son un mito. Ernesto Jaramillo (2021), con evidencia cuantitativa muestra que más que acciones de gobierno es un discurso, una narrativa emotiva que pone en el centro de la agenda de gobierno a los más pobres, pero que en la práctica no es así.
En primer lugar, con motivo de los efectos sociales generados por la pandemia de Covid-19, la mayor parte de los países del mundo incrementaron de manera significativa los recursos destinados a gasto social, en México no fue así, por ejemplo, Estados Unidos incremento su gasto de apoyos sociales en 22.2 % como porcentaje del PIB, que excluye al gasto en salud; Brasil 7.6 %, Chile 7.3 %, Perú 6.4 %, Argentina 3.4 %, Guatemala 3.1 %, Honduras 1.4 % y México solo 0.2%.
En segundo lugar, el presupuesto en gasto social tampoco es el más grande en los últimos periodos de gobierno; utilizando el indicador de gasto en programas sociales como porcentaje del PIB; en los últimos trece años, el presupuesto más alto fue en 2015, con 5.3 %, mientras que en 2021 fue de 4.6 %, aun inferior a 2016 que fue de 4.7 %, año a partir del cual el gasto social fue disminuyendo hasta mostrar una recuperación en 2019. En conclusión, en los gobiernos neoliberales se gastaba más en programas sociales.
En tercer lugar, “los programas sociales, sin intermediarios, llegan a más hogares”, en 2020, el 30 % de los hogares recibía un programa social, porcentaje similar a 2015; este porcentaje es muy bajo si se considera que el 49 % de los hogares se encuentra en situación de pobreza; esto significa que miles de hogares y millones de personas en situación de pobreza no cuentan con un apoyo gubernamental, algo está sucediendo en sus procesos de implementación, lo cual requiere de estudios cualitativos profundos que generen información para corregir esta situación.
En cuarto lugar, se tomó la decisión de implementar programas universales en lugar de programas focalizados, y su consecuencia inmediata fue que personas con menores ingresos tuvieran acceso a los programas sociales; es así como el día de la entrega de los recursos, personas con altos niveles de estudio, comerciales, ganaderos y miembros de familias acaudalas acudan a recibir, con trato privilegiado, sus recursos. Se requieren estudios, mediante observación estructurada, para documentar esta afirmación.
Esta situación requiere de modificar la política social, los recursos son limitados, por lo que es necesario hacer un uso eficiente de los mismos, poner énfasis, en quienes, por su situación de vulnerabilidad, requieren de los apoyos sociales; profesionalizar a los operadores de los programas para incrementar la eficiencia en su implementación; informar a quienes necesitan regularizar su identidad, reunir sus documentos, plazos de convocatorias abiertas y lugares de atención personal.
En resumen, la política social en México es un mito, su presupuesto no se incrementó a la par de las necesidades generadas por el Covid-19; su presupuesto no es más alto que el de los del periodo neoliberal; no beneficia a los hogares más vulnerables; se requiere hacer cambios en su diseño e implementación, pero sobre todo en su estrategia de cobertura, llegar a quienes más lo necesitan y no a los sectores sociales más informados. Próxima colaboración: 23 de febrero de 2022.
@jszslp
