Nihil obstat

Común, necesario y no sé si saludable en estos días, debería ser el cuestionar ¿quién gobierna nuestro estado? No resulta difícil responder ya que el gobernador saliente siempre estuvo ausente y encomendó su tarea al pillo redomado que tuvo fungiendo como secretario de Gobierno durante casi todo el sexenio, y que a la postre resultó, en busca de su beneficio,  uno de los artífices de la enorme traición que posibilitó la derrota de la alianza partidista que pudo llevar a la gubernatura a Octavio Pedroza. Ahora –como dijera Cervantes en su lecho de muerte– “ya con un pie en el estribo”, pareciera que el mando lo ha delegado en el próximo gobernador. 

Aparentemente ninguna certeza se tiene hasta ahora que efectivamente Ricardo Gallardo logre llegar a la gubernatura, ya que existen una serie de recursos legales interpuestos para buscar la nulidad de las elecciones, que de resultar procedentes acabarían en la designación de un gobernador interino que a su vez convocaría a nuevas elecciones; pero todo parece indicar que nada de esto va a prosperar, y que acabará rindiendo protesta el 25 de septiembre. 

Las señales son evidentes, las pasadas se suman a las presentes; no sólo fue el torpe y omiso actuar de las autoridades locales, contó siempre con el respaldo –si no es que hasta protección de las federales–; muchos, efectivamente, fueron los avisos tanto directos como indirectos que se le dirigieron durante la campaña, pero ninguno hizo mella en su campaña, antes bien, parecieron apuntalarlo. El ruido fue mucho, y las nueces abundantes.

El reconocimiento y la aceptación, si bien todavía no son generalizados –y creo que nunca serán– ya fueron manifestados y rubricados implícitamente por las principales instituciones de peso, dentro del entramado social de San Luis Potosí. Al dicho de la instancia electoral, pronto se sumó el beneplácito de la Universidad Autónoma, luego el de algunos miembros destacados del empresariado, que fueron seguidos por el propio titular del Ejecutivo quien no tuvo empacho para aparecer sonriente en la foto del recuerdo; y, finalmente llegaron el nihil obstat y la bendición arzobispal.

Todo, se podrá argüir, es parte del ritualismo y protocolo que ameritan estos casos, y no necesariamente determina la feliz o infeliz llegada del personaje a palacio; tan válido como cierto. Pero hay algo que me hace pensar que esto continuará sin encontrar obstáculo alguno: los recientes dichos del señor fiscal del estado.       

En días pasados el maestro Federico Garza Herrera, señaló la posibilidad –a partir de los dichos del Gallardo sobre su proyecto de renovar la Fiscalía– de renunciar a la titularidad del organismo autónomo, para dejar a disposición entera del nuevo gobernador la institución encargada de la procuración de justicia. El acto sería un error craso, si consideramos que –aunque con limitaciones en su desempeño– el fiscal es de las pocas personas que gozan de prestigio y reconocimiento de persona decente dentro del actual gabinete. 

Por otro lado, por qué debería renunciar ante la aparentemente incierta llegada de un nuevo gobernador, si su nombramiento, por autónomo, es facultad del Congreso, y éste amparó un periodo de siete años a concluir en 2024, y con posibilidad a reelegirse por un periodo de siete años más.  Ciertamente, corre el rumor cada vez más insistente y fundamentado, que al dejar la Fiscalía será el próximo secretario general de la UASLP, pero ¿por qué hacerlo cuando todavía no existe la certeza que Gallardo llegue a la gubernatura? Es fácil responderlo, porque se sabe que llegará, y es preferible renunciar con toda la dignidad, a que la entrante Legislatura, en la que el gallardismo tendrá mayoría, lo obligue a retirarse.  

Mientras tanto, con cada vez más evidente apremio y preocupación, la limpieza de las cuentas públicas al interior del aparato gubernamental avanza, con miras a lograr un cordial proceso de entrega recepción. De los malos manejos ocurridos en la Secretaría de Salud, ni para qué preocuparse, más tardará Juan Manuel Carreras en salir, que éstos en olvidarse; el levantamiento que la exsecretaria de Salud y candidata morenista, hizo del brazo victorioso no fue otra cosa que la rúbrica del pacto de impunidad, acordado por separado en días previos a las elecciones, con ambos candidatos.

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En el asunto de la Sierra de San Miguelito es evidente la traición de la Semarnat federal y la permisividad de las autoridades locales: 1,805 hectáreas que incluyen la Cañada del Lobo, serán entregadas a los barones del concreto, según el oficio DGCD/250/2021 signado el 4 de junio de 2021 por César Sánchez Ibarra, director general de Conservación para el Desarrollo. Mientras tanto la titular de la dependencia, María Luisa Albores González, buscando ganar tiempo, finge conveniente ignorancia. Nos dio con la cuarta. 

Gracias por la lectura, disfrute las lluvias.