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NO SUELTE LA SILLITA

Por Juan José Rodríguez / PULSO

Septiembre 02, 2021 03:00 a.m.

En el marco de sus atribuciones en materia de fiscalización, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió ayer sancionar a los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo y a su candidato a Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, con una multa de 4 millones 700 mil pesos por gastos de campaña no reportados y/o subvaluados. Se trata, desde luego, de una sanción insignificante, tanto por su monto frente a la capacidad económica de los penalizados como por su lejanía de la anulación de las elecciones que estaba en el horizonte de los posibles castigos si se acreditaba un rebase de los topes de gasto de campaña superior al 5 por ciento. Como sea, todo se va ahora a la ultima y definitiva instancia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ya aguardan dos impugnaciones más, que tienen que ver con irregularidades en el proceso electoral. Es previsible que el TEPJF consuma un par de semanas en emitir su fallo inapelable.

Desde una perspectiva mucho más pragmática, comienzan a verse carentes de sentido los litigios y discusiones sobre la identidad de quién finalmente será gobernador de nuestro estado a partir del próximo día 26, si tomamos en cuenta que todo apunta a que esa elevada responsabilidad la ejercerá en los hechos alguien que no participó en las elecciones y que quizá ni haya pisado suelo potosino en años. Me refiero a un individuo de nombre Jorge Emilio González Martínez, conocido como El Niño Verde. Juzgue usted: ya designó a los próximos secretarios de Finanzas y de Turismo; está meditando a quiénes encomendar las lucrativas dependencias ejecutoras de obras y ya mandó gente de su confianza a recibir el área de adquisiciones de la Oficialía Mayor. Parece que nos andamos preocupando de más por quién, llegado el caso, solo ocupará el sillón y el membrete.

Para hacerse cargo de la Secretaría de Turismo estatal, El Niño Verde envió a Francisco Reyes Novelo, de quien se sabe poco pero suficiente: es quintanarroense, no sé si por nacimiento o por vecindad, y fue regidor en el Ayuntamiento 2012-2015 de Cozumel. Le tocó presidir la comisión de Desarrollo Urbano y Ecología. A un año de iniciada su gestión, uno de sus compañeros regidores, Jesús Zetina Tejero, lo acusó públicamente de corrupción. Concretamente, mostró permisos de cambio de uso de suelo indebidamente expedidos y firmados por Reyes Novelo (esa es atribución de la autoridad administrativa). Según lo declaró Zetina a los medios de comunicación, cada una de esas autorizaciones se cotizó entre 50 mil y 150 mil pesos. Ambos posibles próximos secretarios de Finanzas y de Turismo, trabajaron en Quintana Roo durante la administración de Roberto Borge, preso desde hace más de cuatro años, acusado de innumerables hechos de corrupción.

Juan Ignacio Segura Morquecho fue desde muy joven colaborador cercano de Gallardo Cardona. Cuando llegó a la presidencia municipal de Soledad Gilberto Hernández Villafuerte, en 2015, le fue impuesto como secretario particular. Segura Morquecho instaló su escritorio justo a la entrada del despacho del alcalde, por lo que todo aquel que quisiera entrar debía primero confesarse con él. Si a la inevitable pregunta “¿qué se le ofrece? Le respondían que iban a quejarse de un bache, a solicitar un cambio de lámparas o a pedir ayuda para comprar unas medicinas, los dejaba pasar sin mayor trámite. Si la respuesta era que iban a gestionar la autorización de un nuevo fraccionamiento, a solicitar un cambio de uso de suelo o a proponer algún proyecto de inversión, entonces les indicaba que acudieran a un despacho particular ubicado a pocas cuadras de la plaza principal, donde casualmente despachaba Gallardo Cardona. Así de descarado. Este Juan Ignacio es el mismo que a partir de enero de 2019, cuando los gallardistas abandonaron el PRD para irse al Verde, se quedó encargado del partido del sol azteca. Cuando la dirigencia nacional del PRD lo sacó de ese cargo casi dos años después, con solo una revisión superficial descubrieron que el gallardismo vía Segura Morquecho había esfumado algo así como 20 millones de pesos. De las prerrogativas. Hay una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado durmiendo el sueño de los justos. Bueno, pues sujeto a lo que diga el TEPJF, este sujeto será el nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Insisto, no se está armando un gabinete de gobierno se está formando una banda de atracadores. 

Si los astros se le alinean y ni el TEPJF ni la FGR se le atraviesan en su camino, Ricardo Gallardo Cardona dice insistentemente que va a reducir el muy alto costo que la nómina sindicalizada tiene para las finanzas estatales. Esto solo puede hacerse reduciendo la plantilla, o sea despidiendo personal; conteniendo los incrementos salariales (bajar sueldos es prácticamente imposible) y haciendo ajustes en las numerosas y generosas prestaciones de que dispone la burocracia estatal. Hasta ahí, todo bien. Lo que cuesta trabajo entender es por qué antes incluso de eventualmente sentarse en el sillón ya está avisando a sus contrapartes (los sindicatos de burócratas) que se preparen para la guerra. Si no andan despistadas, Nina, Francisca y demás compañeras y compañeros de viaje ya deben estar cargando el morral de piedras. Sin metáforas: por lo menos deben estar constituyendo una reserva financiera para lo que pudiera ser un largo enfrentamiento, con manifestaciones, plantones, huelgas y recursos semejantes. De que hay que hacer menos oneroso el rubro de los servicios personales en la hacienda estatal no hay duda. De lo que sí la hay es de si el mejor camino para lograrlo sea avisando desde antes a las partes afectadas. Gallardo debería seguir el consejo de los antiguos griegos: “No maltrates de palabra a quienes vayas a castigar de obra” (entre otras razones, digo yo, porque puedes consumir tu alcance en las palabras y no llegar a la obra). ¿Conoce usted algún jefe militar que le avise al ejército enemigo que lo piensa atacar en algún incierto momento del futuro?

Sí, es verdad, como ya varios lo señalaron de inmediato, desde el primer minuto de ayer el ex diputado federal Ricardo Gallardo Cardona se quedó sin fuero, esa protección constitucional que impide procesarlo y detenerlo sin antes haber pasado por un complicado juicio de procedencia en la Cámara Baja. Es decir, si entre hoy y la noche del 25 próximo la Fiscalía General de la República quisiera ejecutar una orden de aprehensión podría hacerlo sin más trámite que encontrar al destinatario y decirle amablemente “ven para acá mi rey”. Lo mismo aplicaría si la orden judicial proviniera de un juzgado local del fuero común, pero por ese lado ya sabemos que primero muertos que combatir la impunidad. ¿Qué va a pasar? No tengo idea, ni siquiera sé si las diversas carpetas de investigación abiertas a RGC han sido judicializadas o si siguen reposando en algún cajón de las oficinas de Gertz Manero. 

Por cierto, todavía no comienza la posible nueva administración pero los agandalles y pleitos internos comenzaron sin disimulo. Le platico. Como parte de sus negociaciones para abandonar el PAN de toda su vida e irse a echar en brazos de la gallardía, Sonia Mendoza obtuvo la promesa de que se le entregaría una secretaría del gobierno para que ella designara al titular y tuviera dónde acomodar algunos de sus achichincles. Se convino que sería la de Trabajo y Previsión Social. Pasaron las semanas y no se concretaba el asunto, por lo que la desertora panista buscó a J. Guadalupe Uñas Largas Torres Sánchez para ver qué pasaba. Lo primero que le dijeron es que su recomendado, el abogado Néstor Garza, ya hasta estaba recibiendo la dependencia. “¿Cuál mi recomendado?” preguntó totalmente sacada de onda. “El que usted nos mandó con su amigo Juan Pablo Escobar”. No les hago el cuento más largo. Enterado del acuerdo original y aprovechando que Sonia andaba distraída con lo de su diputación, Escobar llevó a su yerno -sí, Néstor Garza es su yerno- como si fuera la propuesta pactada. Y eso que a Juan Pablo ya le habían ofrecido una subsecretaría en la General de Gobierno. Hasta donde me quedé, la neogallardista y flamante diputada pluri ya se pasó a formar. La puñalada se la pegó uno de sus más viejos asociados.

 A propósito del todavía difícil de entender desistimiento priísta de las impugnaciones contra el resultado de la elección de gobernador, del lado del PAN me llegó una versión de fuente confiable: que no fueron tres las hojas que a mediados de junio firmó Elías Pesina sino cuatro. Pero esto tiene una explicación: para presentar la primera demanda en el tribunal estatal se iban a utilizar dos de esos documentos, uno para el órgano jurisdiccional y la otra como acuse de recibo. Como todos en la coalición sabían que iban a tener que acudir a la segunda instancia en el Tribunal federal, decidieron de una vez tener los folios con las firmas y antefirmas de los cuatro dirigentes y/o representantes partidistas. “Elías siempre supo qué firmó y para qué lo firmo”, nos dice nuestro informante, aunque reconoce que no habría estado de más una llamada de Juan Francisco Palabra de Hombre Aguilar para avisar.

Sobre este extraño y en ratos caricaturesco asunto hay que insistir en algo: su absoluta intrascendencia, ya que el desistimiento de uno de cuatro no produce ningún efecto jurídico. Es decir, con las tres firmas restantes, y una que fuera, el asunto sigue su trámite en los órganos competentes. En esto andaba Servidor cuando el abogado Alberto Rojo Zavaleta, experto en la materia, me hizo favor de enviarme una jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF, que en términos llanos dice que si el o los partidos inconformes con un resultado electoral se desisten de su impugnación, esta decisión no causará ningún efecto legal si no va acompañada del acuerdo por escrito del candidato involucrado. Es decir, en el caso local podrían desistirse los cuatro recurrentes: PAN, PRI, PRD y PCP, pero si Octavio Pedroza no está de acuerdo, se fregaron. Así las cosas, si el desistimiento devino en intrascendente, la discusión al respecto comienza a resultar irrelevante. Berrinche de Elías o instrucción negada de Juan Manuel (por la razón que haya sido), no sirvieron para maldita la cosa. Y tan es así, que la Coalición mantiene negociaciones en los municipios donde ganaron las elecciones para tratar de armar gobiernos municipales compartidos. No se ve fácil, pero ahí están sentados, platicando y vacilando como si nada.