[gview file="http://pulsosanluisrm.blob.core.windows.net/uploads/2018/08/B07-4.pdf"]
Si nos atenemos a los temas dominantes en la discusión nacional sobre las expectativas de la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador y la viabilidad o no de sus planes y proyectos, parecería que el Gobierno federal no puede hacer nada en beneficio de la población que no cueste muchísimo dinero. La verdad es que no es así.
Ciertamente, los proyectos lopezobradoristas de mayor envergadura requieren de cantidades ingentes de dinero, y eso que ahora se llama la conversación pública confronta a los que sostienen que simplemente no lo conseguirá –salvo que se endeude mucho o decrete un aumento brutal de impuestos- y a quienes confían en que erradicando la corrupción, con la austeridad republicana, los ahorros por compras consolidadas y la reducción de gasto corriente, entre otras acciones, sí lo encontrará.
Durante los días posteriores a las ele cciones de julio, la cifra mágica era de 500 mil millones de pesos. Con esa cantidad se podría financiar, se dijo entonces, nuevas refinerías y la rehabilitación de las existentes; duplicar el apoyo económico a los mayores de 65 años, otorgar una cantidad mensual a más de un millón de jóvenes convertidos en aprendices, becas para cientos de miles de estudiantes de escasos recursos, etcétera.
Sin embargo, al aparecer en escena el Tren Maya con su costo de algo así como 150 mil millones de pesos, fue quedando claro que el medio billón originalmente calculado sería insuficiente. En torno a estos puntos continúa la polémica en la República de las Opiniones.
Es en este contexto que, reiteramos, equívocamente se proyecta la impresión de que poco o nada se puede hacer desde el Gobierno a favor de los mexicanos si no es mediante el gasto de sumas ingentes de recursos monetarios. Lo cierto es que existen no pocas áreas de acción gubernamental que sin implicar elevadas erogaciones, debidamente atendidas habrán de traducirse en beneficios diversos para amplios sectores de la población.
Están, desde luego, temas centrales en las preocupaciones populares como abatir los altos índices de inseguridad o combatir con eficacia la corrupción en sus diversas manifestaciones, para conseguir lo cual se requieren medidas gubernamentales no demasiado costosas, pero no son los únicos.
Hoy queremos referirnos a uno en particular, que tiene diversas expresiones y que en su complejo y extendido conjunto afecta a sectores sociales compuestos por millones de mexicanos, particularmente de medianos y bajos ingresos.
ATRACADORES DE CUELLO BLANCO
Nos referimos a las abusivas tasas de interés y comisiones que todo tipo de instituciones financieras (bancos, sofoles, sofomes, aseguradoras y hasta tiendas departamentales) imponen a sus millones de clientes que en buena proporción son cautivos, como es el caso de los trabajadores que reciben su salario en cuentas de nómina.
En un país donde los ahorradores de clase media o popular difícilmente consiguen un rendimiento anual del 7 por ciento, al momento en que se convierten en deudores por la obtención de algún crédito a la nómina, dependiendo de la entidad financiera en cuyas garras caigan, estarán pagando hasta el 43 por ciento anualizado. Difícil de creer, pero así es: si tu llevas al banco en calidad de ahorro 10 mil pesos, recibirás de intereses unos 850 pesos al cabo de 12 meses, pero si el banco te presta esos 10 mil pesos, en el mismo lapso deberás pagarle intereses por 4 mil 300 pesos, que con IVA se convierten en casi 5 mil.
Y si tratas con alguna de esas tiendas departamentales de medio pelo a las que hace años les dieron autorización para operar como bancos populares, por la misma cantidad de 10 mil pesos si acaso te darán 500 pesos en un año, pero si te los prestan acabarás pagándole casi 20 mil pesos.
Y no se te ocurra retrasarte en tus pagos porque los intereses moratorios son verdaderamente criminales.
No es gratuito que la empresa privada que mayores utilidades logra cada año en México sea un banco cuya matriz se encuentra en España.
Tampoco es casualidad que con cierta frecuencia la prensa española informe que los bancos fulano y zutano de ese país registraron algunas pérdidas en sus operaciones nacionales, pero que al final de cuentas con sus ganancias en México les fue bastante bien.
Existen absurdos tan terribles como el de millones de trabajadores que desde hace años reciben su pago salarial en una cuenta bancaria de nómina.
Independientemente de la pérdida de tiempo y con frecuencia gasto adicional que les representa ir a sucursales bancarias o a cajeros automáticos a retirar su dinero, hay un cierto porcentaje de ellos a quienes el banco les cobra una pequeña cuota (45 pesos en promedio) por “manejo de cuenta”. Son pocas las entidades financieras que lo hacen, pero las hay.
De esa forma, un empleado u obrero que en su ingreso mensual promedio de unos 6 mil pesos registra un descuento de 45 pesos, prefiere asumirlo que ir a pelear con su gerente de personal o, peor aún, con la sucursal bancaria.
Pero la explotación no termina ahí: existen entidades financieras que administran cuentas de nómina que exigen que el saldo promedio mensual sea de cierto monto, y en caso de no cumplirse aplica “multas” del orden de los 150 pesos. De esa forma, un asalariado que gana 5 mil pesos cada 30 días, frecuentemente ve sus ingresos mermados en un 4 por ciento.
¿Y dónde está el gobierno? Hace 19 años el presidente Ernesto Zedillo creó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que se define como “una agencia gubernamental del gobierno mexicano que funciona como defensora de los usuarios de cualquier tipo de servicios financieros en México”.
Sería injusto decir que no hace nada, pero tampoco puede hacer mucho si las abusivas condiciones están autorizadas por instancias gubernamentales como la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera, con base en leyes y reglamentos aprobadas con toda formalidad.
En la práctica, la Condusef ayuda a quienes sufrieron algún cargo injustificado o fueron víctimas de algún error bancario, pero en cuanto a lo desproporcionado o caro de los servicios financieros, que además se contratan mediante documentos cuya letra chiquita ampara y protege a las instituciones, poco puede hacer.
Hay un dato que explica los hechos: Durante los primeros tres meses de este año, el llamado Buró de Entidades Financieras que presenta en su portal de internet la Condusef, registró 2 millones 256 mil 242 reclamaciones, que dieron origen a únicamente mil 424 sanciones (el 0.06 por ciento). Nada.
El total de reclamaciones involucra a una veintena de distintos tipos de entidades financieras: bancos comerciales y de desarrollo, aseguradoras, sofoles, sofomes, cajas populares, etcétera, pero llama la atención el hecho de que el 98.2 por ciento de las mismas (2 millones 216 mil 147) haya sido contra bancos, y que a estos únicamente les hayan impuesto 412 sanciones, equivalentes al 0.018 por ciento. Menos que nada.
Otra información generada por la propia Condusef reviste importancia, por cuanto que en el fondo es una de las explicaciones de que se produzca y tolere tanto abuso de las entidades financieras: el 71 por ciento de los usuarios no compara condiciones antes de firmar el contrato; el 38 por ciento no conoce las comisiones que le cobran en sus cuentas, y el 27 por ciento ni siquiera sabe si le cobran o no comisiones.
Es claro que poner remedio en esta situación, si eventualmente decidiera intentarlo el gobierno lopezobradorista, no requiere de prácticamente ninguna inversión. Es cosa de legislar, reglamentar, fortalecer mecanismos de supervisión y no entrarle a los “moches”. Los beneficiados serían decenas de millones de mexicanos.
COMPRIMIDOS
El choque de trenes entre las administraciones municipales saliente y entrante en esta capital es inevitable. Hasta ayer a media tarde el alcalde Ricardo Gallardo Juárez no había designado su Comisión de Entrega y todo indica que se irá al plazo máximo, que vence mañana viernes, si no es que decide jugársela y exponerse a alguna sanción de la Auditoría Superior del Estado si rebasa ese término.
Xavier Nava ya comunicó a la ASE la integración de su Comisión de Recepción. Yo lo siento por Juan Manuel Carreras, si es que sigue insistiéndole a XN que se la lleve suavecita y no haga olas.
Lo que realmente anda haciendo Cándido Ochoa Rojas en sus autopromovidos acercamientos con dirigentes o personalidades de partidos políticos distintos al suyo (PVEM), es lo que muy sucintamente definía mi abuelita con la frase “anda de ofrecido”.
Teníamos en el barrio una vecina más claridosa que a eso le llamaba “andar de nalgapronta”. Y en las mismas anda el indescriptible Desfassiux. Dan pena.
El PAN, pero en especial el alcalde electo Xavier Nava, están en ansiosa espera de que la Sala Monterrey del TEPJF resuelva sobre las dos regidurías que el Tribunal Estatal Electoral les “tumbó” hace una semana.
Sin esas dos posiciones XN gobernaría en minoría en el Cabildo. Lo más seguro es que en cuanto resuelva Monterrey el asunto se vaya a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, última instancia.
Ante el emperramiento de los actuales diputados locales en ser ellos los que voten los dictámenes de la ASE relativos a las Cuentas Públicas 2017, los oponentes ni deben preocuparse mucho.
Ya alguna vez lo dijimos: con base en la Ley de Fiscalización, entrando la próxima Legislatura bastará que un diputado solicite formalmente, por escrito y con argumentos razonables, la reapertura de los expedientes y podrían ser votados nuevamente.
Se fortalecen los indicios de que el interés por apresurar las cosas es de Palacio de Gobierno, donde calculan que con la siguiente diputación la van a tener menos fácil.
Por cierto, un servidor cumplió el encargo de recadero que me hizo Héctor Mendizábal, en el sentido de difundir que por él (en su doble carácter de diputado y presidente de la Comisión de Vigilancia) ni le mandara los informes de las cuentas 2017.
Pero me quedé esperando que con la misma enjundia lo dijera él de viva voz para que se lo tomaran en serio. Todavía tiene tiempo de demostrar que no es puro fingimiento, sobre todo después del feo plantón que le dio el "Caco" Leal la semana pasada. (A ver si no se me encabrona otra vez, porque tiene un geniecito que no vean).
Este gobierno, como todo aquel que se respete, tiene sus Misterios sin Resolver. Los más intrigantes a la fecha son tres: ¿Dónde se ha metido Leopoldo Stevens; todavía vive en San Luis, se hizo cirugía plástica o se compró una máscara? ¿Qué hace Alberto Elías (en la secretaría a su cargo)? y ¿La señora Yvett Salazar Torres, además de cobrar sus quincenas hace alguna otra cosa? Pa’l Hombre Araña.
Si nos atenemos a los temas dominantes en la discusión nacional sobre las expectativas de la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador y la viabilidad o no de sus planes y proyectos, parecería que el Gobierno federal no puede hacer nada en beneficio de la población que no cueste muchísimo dinero. La verdad es que no es así.
Ciertamente, los proyectos lopezobradoristas de mayor envergadura requieren de cantidades ingentes de dinero, y eso que ahora se llama la conversación pública confronta a los que sostienen que simplemente no lo conseguirá –salvo que se endeude mucho o decrete un aumento brutal de impuestos- y a quienes confían en que erradicando la corrupción, con la austeridad republicana, los ahorros por compras consolidadas y la reducción de gasto corriente, entre otras acciones, sí lo encontrará.
Durante los días posteriores a las ele cciones de julio, la cifra mágica era de 500 mil millones de pesos. Con esa cantidad se podría financiar, se dijo entonces, nuevas refinerías y la rehabilitación de las existentes; duplicar el apoyo económico a los mayores de 65 años, otorgar una cantidad mensual a más de un millón de jóvenes convertidos en aprendices, becas para cientos de miles de estudiantes de escasos recursos, etcétera.
Sin embargo, al aparecer en escena el Tren Maya con su costo de algo así como 150 mil millones de pesos, fue quedando claro que el medio billón originalmente calculado sería insuficiente. En torno a estos puntos continúa la polémica en la República de las Opiniones.
Es en este contexto que, reiteramos, equívocamente se proyecta la impresión de que poco o nada se puede hacer desde el Gobierno a favor de los mexicanos si no es mediante el gasto de sumas ingentes de recursos monetarios. Lo cierto es que existen no pocas áreas de acción gubernamental que sin implicar elevadas erogaciones, debidamente atendidas habrán de traducirse en beneficios diversos para amplios sectores de la población.
Están, desde luego, temas centrales en las preocupaciones populares como abatir los altos índices de inseguridad o combatir con eficacia la corrupción en sus diversas manifestaciones, para conseguir lo cual se requieren medidas gubernamentales no demasiado costosas, pero no son los únicos.
Hoy queremos referirnos a uno en particular, que tiene diversas expresiones y que en su complejo y extendido conjunto afecta a sectores sociales compuestos por millones de mexicanos, particularmente de medianos y bajos ingresos.
ATRACADORES DE CUELLO BLANCO
Nos referimos a las abusivas tasas de interés y comisiones que todo tipo de instituciones financieras (bancos, sofoles, sofomes, aseguradoras y hasta tiendas departamentales) imponen a sus millones de clientes que en buena proporción son cautivos, como es el caso de los trabajadores que reciben su salario en cuentas de nómina.
En un país donde los ahorradores de clase media o popular difícilmente consiguen un rendimiento anual del 7 por ciento, al momento en que se convierten en deudores por la obtención de algún crédito a la nómina, dependiendo de la entidad financiera en cuyas garras caigan, estarán pagando hasta el 43 por ciento anualizado. Difícil de creer, pero así es: si tu llevas al banco en calidad de ahorro 10 mil pesos, recibirás de intereses unos 850 pesos al cabo de 12 meses, pero si el banco te presta esos 10 mil pesos, en el mismo lapso deberás pagarle intereses por 4 mil 300 pesos, que con IVA se convierten en casi 5 mil.
Y si tratas con alguna de esas tiendas departamentales de medio pelo a las que hace años les dieron autorización para operar como bancos populares, por la misma cantidad de 10 mil pesos si acaso te darán 500 pesos en un año, pero si te los prestan acabarás pagándole casi 20 mil pesos.
Y no se te ocurra retrasarte en tus pagos porque los intereses moratorios son verdaderamente criminales.
No es gratuito que la empresa privada que mayores utilidades logra cada año en México sea un banco cuya matriz se encuentra en España.
Tampoco es casualidad que con cierta frecuencia la prensa española informe que los bancos fulano y zutano de ese país registraron algunas pérdidas en sus operaciones nacionales, pero que al final de cuentas con sus ganancias en México les fue bastante bien.
Existen absurdos tan terribles como el de millones de trabajadores que desde hace años reciben su pago salarial en una cuenta bancaria de nómina.
Independientemente de la pérdida de tiempo y con frecuencia gasto adicional que les representa ir a sucursales bancarias o a cajeros automáticos a retirar su dinero, hay un cierto porcentaje de ellos a quienes el banco les cobra una pequeña cuota (45 pesos en promedio) por “manejo de cuenta”. Son pocas las entidades financieras que lo hacen, pero las hay.
De esa forma, un empleado u obrero que en su ingreso mensual promedio de unos 6 mil pesos registra un descuento de 45 pesos, prefiere asumirlo que ir a pelear con su gerente de personal o, peor aún, con la sucursal bancaria.
Pero la explotación no termina ahí: existen entidades financieras que administran cuentas de nómina que exigen que el saldo promedio mensual sea de cierto monto, y en caso de no cumplirse aplica “multas” del orden de los 150 pesos. De esa forma, un asalariado que gana 5 mil pesos cada 30 días, frecuentemente ve sus ingresos mermados en un 4 por ciento.
¿Y dónde está el gobierno? Hace 19 años el presidente Ernesto Zedillo creó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que se define como “una agencia gubernamental del gobierno mexicano que funciona como defensora de los usuarios de cualquier tipo de servicios financieros en México”.
Sería injusto decir que no hace nada, pero tampoco puede hacer mucho si las abusivas condiciones están autorizadas por instancias gubernamentales como la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, etcétera, con base en leyes y reglamentos aprobadas con toda formalidad.
En la práctica, la Condusef ayuda a quienes sufrieron algún cargo injustificado o fueron víctimas de algún error bancario, pero en cuanto a lo desproporcionado o caro de los servicios financieros, que además se contratan mediante documentos cuya letra chiquita ampara y protege a las instituciones, poco puede hacer.
Hay un dato que explica los hechos: Durante los primeros tres meses de este año, el llamado Buró de Entidades Financieras que presenta en su portal de internet la Condusef, registró 2 millones 256 mil 242 reclamaciones, que dieron origen a únicamente mil 424 sanciones (el 0.06 por ciento). Nada.
El total de reclamaciones involucra a una veintena de distintos tipos de entidades financieras: bancos comerciales y de desarrollo, aseguradoras, sofoles, sofomes, cajas populares, etcétera, pero llama la atención el hecho de que el 98.2 por ciento de las mismas (2 millones 216 mil 147) haya sido contra bancos, y que a estos únicamente les hayan impuesto 412 sanciones, equivalentes al 0.018 por ciento. Menos que nada.
Otra información generada por la propia Condusef reviste importancia, por cuanto que en el fondo es una de las explicaciones de que se produzca y tolere tanto abuso de las entidades financieras: el 71 por ciento de los usuarios no compara condiciones antes de firmar el contrato; el 38 por ciento no conoce las comisiones que le cobran en sus cuentas, y el 27 por ciento ni siquiera sabe si le cobran o no comisiones.
Es claro que poner remedio en esta situación, si eventualmente decidiera intentarlo el gobierno lopezobradorista, no requiere de prácticamente ninguna inversión. Es cosa de legislar, reglamentar, fortalecer mecanismos de supervisión y no entrarle a los “moches”. Los beneficiados serían decenas de millones de mexicanos.
COMPRIMIDOS
El choque de trenes entre las administraciones municipales saliente y entrante en esta capital es inevitable. Hasta ayer a media tarde el alcalde Ricardo Gallardo Juárez no había designado su Comisión de Entrega y todo indica que se irá al plazo máximo, que vence mañana viernes, si no es que decide jugársela y exponerse a alguna sanción de la Auditoría Superior del Estado si rebasa ese término.
Xavier Nava ya comunicó a la ASE la integración de su Comisión de Recepción. Yo lo siento por Juan Manuel Carreras, si es que sigue insistiéndole a XN que se la lleve suavecita y no haga olas.
Lo que realmente anda haciendo Cándido Ochoa Rojas en sus autopromovidos acercamientos con dirigentes o personalidades de partidos políticos distintos al suyo (PVEM), es lo que muy sucintamente definía mi abuelita con la frase “anda de ofrecido”.
Teníamos en el barrio una vecina más claridosa que a eso le llamaba “andar de nalgapronta”. Y en las mismas anda el indescriptible Desfassiux. Dan pena.
El PAN, pero en especial el alcalde electo Xavier Nava, están en ansiosa espera de que la Sala Monterrey del TEPJF resuelva sobre las dos regidurías que el Tribunal Estatal Electoral les “tumbó” hace una semana.
Sin esas dos posiciones XN gobernaría en minoría en el Cabildo. Lo más seguro es que en cuanto resuelva Monterrey el asunto se vaya a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, última instancia.
Ante el emperramiento de los actuales diputados locales en ser ellos los que voten los dictámenes de la ASE relativos a las Cuentas Públicas 2017, los oponentes ni deben preocuparse mucho.
Ya alguna vez lo dijimos: con base en la Ley de Fiscalización, entrando la próxima Legislatura bastará que un diputado solicite formalmente, por escrito y con argumentos razonables, la reapertura de los expedientes y podrían ser votados nuevamente.
Se fortalecen los indicios de que el interés por apresurar las cosas es de Palacio de Gobierno, donde calculan que con la siguiente diputación la van a tener menos fácil.
Por cierto, un servidor cumplió el encargo de recadero que me hizo Héctor Mendizábal, en el sentido de difundir que por él (en su doble carácter de diputado y presidente de la Comisión de Vigilancia) ni le mandara los informes de las cuentas 2017.
Pero me quedé esperando que con la misma enjundia lo dijera él de viva voz para que se lo tomaran en serio. Todavía tiene tiempo de demostrar que no es puro fingimiento, sobre todo después del feo plantón que le dio el "Caco" Leal la semana pasada. (A ver si no se me encabrona otra vez, porque tiene un geniecito que no vean).
Este gobierno, como todo aquel que se respete, tiene sus Misterios sin Resolver. Los más intrigantes a la fecha son tres: ¿Dónde se ha metido Leopoldo Stevens; todavía vive en San Luis, se hizo cirugía plástica o se compró una máscara? ¿Qué hace Alberto Elías (en la secretaría a su cargo)? y ¿La señora Yvett Salazar Torres, además de cobrar sus quincenas hace alguna otra cosa? Pa’l Hombre Araña.