Otra reforma electoral
Parte I: La reelección
La iniciativa de reforma constitucional que propone eliminar la posibilidad de la reelección y el denominado “nepotismo electoral” se ha discutido en el Senado de la República y turnado para estudio y discusión a la Cámara de Diputados. Como es del conocimiento de Usted, esta iniciativa ya fue modificada por el Senado, o para ser más precisos, por la coalición Morena-PT-PVEM a fin de que se modificaran sus plazos de implementación. La razón parece ser simple: una iniciativa que requiere la totalidad de los votos de la supermayoría no puede comprometerse ni desquebrajarse ante la posibilidad de lesionar las aspiraciones de actores políticos con capacidad de chantaje. Dicho de otra manera: la mayoría legislativa tiene la capacidad de modificar la constitución siempre y cuando no comprometa las aspiraciones de quienes tienen el poder para votar o no, por esa iniciativa.
La propuesta original de la iniciativa de reforma planteaba que en el proceso electoral del 2027 se impidiera el acceso a los cargos públicos representativos de personas que tengan vínculos familiares con los servidores públicos en ejercicio (nepotismo electoral); y en 2030, el impedimento para la reelección. ¿Por qué se establecieron esas fechas y no otras? Me parece que la lógica era muy sencilla: se buscaba mejorar la percepción pública y política de las candidaturas que contenderán para la renovación de prácticamente la mitad de las gubernaturas en nuestro país. El caso de la reelección se planteó de forma distinta al posibilitar que las y los legisladores que entraron en 2024 -y que por tanto votan esta iniciativa- tengan la posibilidad de reelegirse en 2027.
En la entrega de la próxima semana profundizaré en la iniciativa que busca impedir el nepotismo electoral, pero de entrada, Usted puede apreciar que si en el Senado se movió la fecha de implementación de esta medida hasta el 2030, resulta evidente que esto fue producto de una conciliación entre quienes tienen aspiraciones para contender por una candidatura en 2027, que se encuentran dentro de ese supuesto y que tienen capacidad real de impedir la aprobación de la iniciativa en los términos en que fue planteada.
Hoy quisiera referirme brevemente al inacabable debate en torno a la reelección en México. Recordará Usted que en la reforma política del 2014 se estableció la posibilidad de reelección consecutiva para la mayoría de los cargos públicos de elección popular en nuestro país, con excepción de las figuras ejecutivas de la presidencia de la república y de las gubernaturas.
Esta reforma tiene ya unos 10 años de vigencia y me parece que ese intervalo de tiempo permite realizar algunas observaciones sobre el funcionamiento y sus efectos. Cuando se aprobó esa reforma, se retomaron los argumentos generales de la reelección en cualquier parte del mundo: fomenta el control de la ciudadanía al permitir al electorado evaluar el desempeño de los funcionarios y decidir si deben continuar en el cargo, permite la profesionalización y la acumulación de experiencia al evitar la constante curva de aprendizaje de nuevas personas titulares, constituye un incentivo para el buen desempeño gubernamental y para mantener un contacto más estrecho con la ciudadanía a la que se dice servir. Estos argumentos también fueron complementados con algunas aspiraciones políticas de ese -o de cualquier- tiempo: mejorar la calidad del trabajo gubernamental o legislativo, reducir el control de las dirigencias partidistas sobre las candidaturas ya que éstas responderían más al electorado que a la cúpula partidista y alinearía a México a los estándares internacionales en la materia.
La reforma constitucional que ahora se plantea parte de la percepción de que la reelección consecutiva ha generado más problemas que beneficios en el ámbito legislativo y municipal. Se argumenta que, en lugar de mejorar la representación y el desempeño de los funcionarios, esta medida ha permitido que ciertos grupos políticos permanezcan en el poder por periodos prolongados, utilizando su posición para consolidar intereses particulares y monopolizar decisiones -cosa que no suena disparatada-. De esta manera, la reelección habría distorsionado su propósito original al convertirse en un mecanismo de perpetuación en el cargo más que en un incentivo para la rendición de cuentas.
Otro argumento es el impacto que la reelección tiene en la equidad electoral. La iniciativa sostiene que los funcionarios en ejercicio que buscan reelegirse cuentan con ventajas estructurales frente a nuevos contendientes, ya que tienen acceso a recursos, visibilidad y redes de influencia que les dan una posición privilegiada en las campañas. Esta asimetría, argumentan quienes impulsan la reforma, atenta contra la equidad en la competencia electoral y reduce las oportunidades para la alternancia del poder. Llama la atención que también se argumenta que la renovación constante de los cargos públicos es más adecuada para una sociedad plural y multicultural, pues facilita la participación de nuevos actores políticos y evita que la representación democrática se estanque en manos de los mismos grupos.
Pienso que la honestidad intelectual no permite establecer juicios sobre la reelección sin tener antes un análisis serio sobre sus resultados y la relación de éstos con respecto a lo que se aspiraba conseguir. Otra cosa que me preocupa es que la ciudadanía no está presente en esta discusión. ¿Alguien ya le preguntó qué piensa Usted al respecto?.
x. @marcoivanvargas
