¿PA’ QUÉ LE BUSCAN?

Los últimos conflictos sociales de gravedad que hemos vivido los potosinos, con violencia incluida, en 1986 y en 1991, tuvieron origen político; electoral para ser más precisos. Esos pleitos sembraron discordia, hicieron desfilar a siete gobernadores en seis años, y frenaron el desarrollo estatal en todos los órdenes.

Uno de los factores que más han contribuido a desterrar esa clase de conflictividad es la eficacia del Consejo Estatal Electoral, creado a finales de 1992. Su concepción como órgano de carácter totalmente ciudadano -primero con esas características en el país- ha funcionado bien en los hechos.

Lo que el órgano electoral ciudadano trajo a San Luis fue algo fácil de decir, pero no tanto de conseguir: hizo creíbles los resultados de las urnas. Creíbles y por lo tanto aceptables.

Esa sola razón, porque hay otras, bastaría para que los potosinos en general -ciudadanos, autoridades, partidos políticos, académicos, etcétera- cuidáramos mucho a la institución.

Sirvan estos párrafos de prolegómeno al tema de hoy: el desacuerdo por razones financieras entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de un lado y el Ceepac del otro. No ignoramos el hecho de que el asunto tiene unos días en el Tribunal Estatal Electoral que previsiblemente tardará poco en resolver, pero cualquiera de las partes podrá recurrir su resolución, sea la que sea, ante una segunda instancia y eventualmente se puede ir a la tercera y última, todo lo cual consumirá sin duda meses cruciales para la preparación del proceso electoral.

Es decir, si no se avanza pronto en un entendimiento entre gobierno y Ceepac, que no puede ser sino producto del diálogo, la negociación y el encuentro de un punto de coincidencia, el proceso electoral estatal para elegir diputados locales y ayuntamientos puede verse seriamente perturbado. Coincidentes en fecha habrá también elecciones de presidente de la República, senadores y diputados federales, pero esas corren a cargo del INE y tienen sus propias fuentes de financiamiento.

LOS NÚMEROS

En su solicitud de presupuesto 2024 presentado al Ejecutivo a finales del año pasado, el Ceepac solicitó 668 millones 474 mil 061 pesos. ¿Para qué tanto dinero? El desglose es el siguiente: para el proceso electoral propiamente dicho, 307 millones 504 mil 971 pesos; para el financiamiento de los partidos políticos, 206 millones 089 mil 792 pesos; para gasto ordinario del organismo, 93 millones 280 mil 965 pesos; para la eventualidad de que se celebre un referéndum o plebiscito, 55 millones 844 mil pesos, y 5 millones 754 mil 329 pesos para apoyar la elección de directivas en las Juntas de Participación Ciudadana. 

De entrada, las propias autoridades electorales admiten que los 55.8 millones de una consulta ciudadana que no está programada, se pueden suprimir, y en caso de llegar a necesitarse solicitar una ampliación presupuestal. Lo mismo puede ocurrir con los 5.7 millones para lo de las Juntas de Participación Ciudadana. Así, restados estos 61.5 millones, los requerimientos globales serían de 607 millones, en número cerrados.

Los 206 millones de prerrogativas a los partidos quedaron garantizados por el Congreso (los ampara específicamente la ley), y para el gasto ordinario del Ceepac en lugar de los 93 millones solicitados se le autorizaron 76, prácticamente un 20 por ciento menos. Con todo y ese recorte, en el organismo electoral confían que podrían hacer su trabajo.

Así las cosas, el meollo del diferendo está en lo solicitado por el Consejo para el proceso electoral. Pide 307 millones y el Congreso, a propuesta del Ejecutivo, le autorizó únicamente cien. Es decir, le aplicó un machetazo de casi el 70 por ciento. Es obvio que en este rubro no hubo un discernimiento partida por partida para hacer algún ajuste racional y razonado. Alguien dijo “denles cien y a ver cómo le hacen”.

Este renglón de 307 millones contra cien es el corazón de las diferencias y si no se justifica o se ajusta con razones, opiniones técnicas y contrastes lo mismo con elecciones anteriores que con entidades con un padrón y número de casillas similares al nuestro, es lo que puede conducir a un serio deterioro de la calidad de nuestros comicios y con ello a una pérdida de confiabilidad en los resultados de las casillas. Lo que de ahí sigue ya lo sabemos: conflictos, inestabilidad social e ingobernabilidad. 

El principal argumento esgrimido por el Ejecutivo para justificar el drástico recorte de 207 millones en la partida que estamos comentando, es una tontería olímpica proferida por el secretario general de Gobierno: que como esta vez no se elegirá gobernador, las elecciones tienen que salir más baratas. Según el cálculo hecho por el área financiera del Ceepac, la no elección de gobernador supone un ahorro de menos de cuatro millones de pesos. Si, leyó usted bien, cuatro, no cuarenta. 

Esto último es fácil entenderlo: el único ahorro será en la impresión de boletas, formatos de actas y la urna para esa elección. Pero el número de casillas será incluso mayor que hace tres años; el personal en las mesas de votación también aumentará; los comités municipales y las comisiones distritales electorales serán las mismas; los capacitadores pre votación que se convierten en “asistentes electorales” el día de los comicios, serán más que en el 2021. Lo mismo sucede con los numerosos vehículos que se rentan para la enorme logística del Día D.

LOS GASTOS

Ayuda a una mejor perspectiva del asunto pasar revista a algunas cuestiones puntuales: al jueves pasado, la Lista Nominal de Electores, que registra a las y los ciudadanos empadronados que recogieron su credencial y que, por lo tanto, son los que realmente podrán votar, era de 2 millones 161 mil 674 (página oficial del INE). Si se mantiene la tendencia de que vote aproximadamente el 60 por ciento, acudirán a las urnas, en un plazo de 10 horas, aproximadamente 1 millón 300 mil potosinas y potosinos.

Para recibir la expresión de la voluntad ciudadana, el Ceepac montará mínimo 3 mil 850 casillas (cien más que en el 2021). Para armarlas y atenderlas, recibir los votos, contarlos, integrar los paquetes electorales y entregarlos a la autoridad, se echará mano de 34 mil 650 ciudadanos: un presidente(a), dos secretarios(as), tres escrutadores(as) y tres suplentes generales. Por cada mesa de votación. A los seis titulares (23 mil 100 en total) se les entregará un apoyo económico para sus alimentos y traslados. Hace tres años fue de 500 pesos. El de este año se definirá por ahí de mayo, pero se estima que mínimo será de 600 pesos, lo cual representará una erogación de casi 14 millones de pesos.

Esos casi 35 mil ciudadanos, asistirán durante semanas a sesiones de capacitación a cargo de mil 300 capacitadores, que luego el día de los comicios fungirán como “asistentes electorales”. Este es personal temporal que cobrará durante al menos cuatro meses. Ellos consumirán unos 30 millones de pesos.

Uno de los puntos fuertes que sustentan la credibilidad de los resultados ofrecidos por el Ceepac es el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que entrega sus pronósticos de base científica a lo sumo un par de horas después de cerradas las urnas, lo que evita que la ciudadanía se vaya a dormir en total incertidumbre. Son pocas las empresas e instituciones que ofrecen este servicio. La contactada por el Ceepac para este año presentó un presupuesto de 45 millones de pesos.

Para funcionar en todo el estado, el Consejo debe instalar, a más tardar el día último de este mes, 58 comités municipales electorales y 15 comisiones distritales. Cada uno de estos 73 organismos se compone de un presidente(a), un secretario(a) técnico(a) y cuatro consejeros(as), más tres suplentes, que deben ser contratados y capacitados en estas fechas para que al iniciar febrero estén debidamente instalados y puedan comenzar a recibir las solicitudes de registro de candidatos. Las 657 personas que cumplirán esta tarea cobrarán durante cinco meses un promedio aproximado de 7 mil pesos al mes. O sea, unos 23 millones de pesos. Estos 73 comités y comisiones no tienen oficinas permanentes, por lo que su primera tarea es conseguir unas apropiadas en cada cabecera municipal y de distrito, y proceder a amueblarlas. Y deben ser amplias y seguras, pues necesitan un espacio para guardar los paquetes electorales.

Sin tomar ninguna previsión para solventar su costo, en el Congreso del Estado se les ocurrió alegremente imponer un mínimo de 15 debates entre candidatos, cada uno de los cuales, al desplazarse de escenarios, tiene un costo. Este año también entrará en vigor la disposición legal del voto anticipado, que implica que personal del Ceepac debe llevar boletas electorales con antelación a sus domicilios a ciudadanos incapacitados para acudir a las urnas. Legislan con singular alegría y después se desentienden de sus costos.

Faltan más rubros de gasto a desmenuzar, pero por lo pronto va quedando claro que pretender un proceso electoral que cueste 100 millones de pesos es un despropósito mayúsculo.

Honrando el oficio político y la responsabilidad social, el Ejecutivo, el Legislativo y el Consejo Electoral deberían sentarse calculadora en mano y llegar a un punto de equilibrio sensato, funcional. No serán 307 millones, pero tampoco 100. Si estos actores son incapaces de encontrar la salida no estarán sirviendo para maldita la cosa.

Dos apostillas: Una, desórdenes en la elección local pueden fácilmente contaminar la federal, lo cual seguramente le dará mucho gusto a doña Claudia. Y dos, en medio de estos diferendos el gobernador Gallardo salió a decir el martes que para la Feria que comienza en 7 meses traerá a la banda de rock Metallica. Bendito sea el señor.

COMPRIMIDOS

Enrique Galindo tomó la mejor decisión que podía tomar. Los senadores de hoy no son ni sombra de lo que fueron en otras épocas. Al menos a la fecha hay subsecretarios o directores generales que ni el teléfono les contestan. Lo que debería intentar es un diálogo político serio y honorable con Xavier Azuara.

No todos los que abandonan un partido tienen razones válidas para hacerlo. Algunos hay que no tienen otro remedio por ser víctimas de canalladas tal cual, pero la mayoría o hace berrinche o no tiene más que ambiciones insatisfechas. El caso de Edmundo Torrescano es peculiar y digno de elogio: la dirigencia de su partido le hizo auténticas sinvergüenzadas, pero no perdió la vertical y decidió quedarse. Rara avis.

Los diputados que no padezcan invalidez mental y sus abogados que no sean baquetones, deben analizar con detenimiento el fallo del Tribunal Colegiado de Circuito relacionado con la municipalización de Pozos. En pocas palabras, derrumba un mito muy cultivado en nuestro Congreso: la idea de que los llamados Actos Soberanos son imbatibles. La instancia judicial le dice algo así como “sí, pero cumpliendo con todas las normas de procedimiento”. De lo contrario, digo yo, no valen un cacahuate. 

Hasta el próximo jueves.