¡PERO QUÉ NECESIDAD!

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La nueva administración estatal decidió iniciar su andadura sexenal violando la ley. Para empezar, la Constitución Política del Estado, seguida de la Ley Orgánica de la Administración Pública local y, probablemente, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Las sanciones previstas para este tipo de infracciones legales son de carácter administrativo, pero no se puede descartar la posibilidad de que escalen a lo penal, según lo rápido y bien o lento y mal que se resuelvan.

El artículo 3º de nuestra Constitución establece en su segundo párrafo que “Las leyes respectivas determinarán las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho y de gabinete ampliado del Poder Ejecutivo del Estado, y sus equivalentes en los Ayuntamientos. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio”.

El artículo 8º de la Ley Orgánica mencionada, dispone: “La o el titular del Poder Ejecutivo de la entidad, nombrará y removerá libremente a las personas titulares de las Secretarías del Despacho, de la Oficialía Mayor, así como a las y los demás servidores públicos del gabinete ampliado, cuyo nombramiento y remoción no estén atribuidos expresamente por la ley a otra autoridad.

“Las y los servidores públicos a los que alude el párrafo anterior, se designarán de acuerdo al principio de la paridad de genero”.

Esto quiere decir que la integración de los gabinetes -legal y ampliado- del Ejecutivo Estatal debe realizarse cumpliendo con el principio de paridad de género, lo que significa que el número de hombres y mujeres que los compongan sea lo más igualitario posible.

De los dos gabinetes que son aludidos en las leyes, el único que tiene una composición clara es el llamado legal, compuesto por 17 dependencias, que son 14 secretarías, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica. 

Hasta ayer a media tarde, el nuevo gobierno solo había hecho 16 designaciones (tiene pendiente la Secretaría de Cultura), de las cuales únicamente son tres mujeres: las titulares de la Seduvop, la de Turismo y la de la Contraloría. Esos números indican que un escaso 18.75 por ciento del equipo mayor de Ricardo Gallardo Cardona son damas. Aún si Cultura se entregara a una mujer, la diferencia seguiría siendo abismal: 23.5 contra 76.5 por ciento. 

La referencia al llamado Gabinete Ampliado es menos precisa porque de hecho cada sexenio se modifica. Nunca, que yo recuerde, han formado parte de ese órgano los titulares, por ejemplo, del Hospital Central, del Patronato de la Fenapo, del Archivo Histórico del Estado, del ahora llamado Instituto Registral, de los Cobach o del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT). Esta vez, se anunciaron esos y otros nombramientos en el “paquete” general, sin que parezcan ser los últimos.

Aún así, del listado más extenso que se ha difundido, que incluye 44 nombres, únicamente 13 son mujeres, equivalentes al 29.5 por ciento del total. Así, el 70.5 por ciento corresponde a hombres. 

No sé si este alejamiento de la letra y el espíritu de las leyes sea una acción deliberada, hija quizá de la prepotencia o de una deficiente asesoría jurídica, o si sea más bien una omisión producto de la ignorancia y falta de preparación. Me inclino por esta segunda opción, pues desafiar las corrientes feministas y las mareas igualitarias justo en estos momentos que tanta fuerza y relevancia han alcanzado (sobre todo a nivel nacional), sería más que insensato, muy tonto. 

¿Qué puede pasar? Si hay alguien que lleve el tema a tribunales, puede lograr una recomposición equitativa de los gabinetes estatales. No es que algún juez le vaya a decir a Gallardo Cardona a quiénes debe designar en su equipo, pero sí que respete la Constitución y las leyes, y observe el principio de paridad.

Según los amigos abogados que consultamos, hay diversas vías para un litigio que llegue al fondo del asunto. Puede ser vía un recurso de amparo, una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, posiblemente, una querella penal por violaciones a la citada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sobre esto último, para no agotar nuestro espacio de hoy en este único tema, se puede revisar el capítulo IV (artículos 18, 19 y 20) de esa ley, que se refiere a la Violencia Institucional.

EXTRAÑAS 

INCORPORACIONES

Hay otro artículo de nuestra Constitución local, el 23, que quizá convendría suprimir pues nadie. Dice: “Los potosinos, en igualdad de circunstancias, tendrán preferencia frente a los nacidos en cualquier otra parte del territorio de la República Mexicana o a los extranjeros, para obtener toda clase de concesiones, empleos, cargos o comisiones del gobierno, en que no sea indispensable la calidad de ciudadano potosinos”.

Independientemente de su viso de ilegalidad, hay designaciones gallardistas que sorprenden y confunden. Veamos:

A la Contraloría General del Estado llega una dama guanajuatense de nombre Lilia Villafuerte Zavala -ignoro si alguna vez antes nos había hecho el favor de visitarnos- cuyo antecedente laboral más inmediato es que hace un mes dejó de ser diputada federal por el Partido Verde (creo que originalmente era del PRD). Ganó su curul por mayoría relativa, lo que implica que donde está su capital político y su raigambre es por los rumbos de Uriangato, Moroleón y Yuriria, parte de su distrito. Según su curriculm, es abogada. Fue magistrada en una sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del vecino estado. Ninguna de las comisiones de que formó parte en el Cámara de Diputados tiene que ver con fiscalización de los recursos públicos. O sea, perfil profesional para la tarea que le encomendaron, no tiene, y méritos tampoco.

La señora Nohemí Proal Huerta, que hace cuatro años fue reina del Carnaval de Verano del municipio de San Rafael, en Veracruz, y según su último registro laboral conocido hasta hace poco era ejecutiva en la empresa Concept Pro, dedicada a la organización de eventos de todo tipo, es ahora la Secretaría Técnica del Gabinete de RGC. Obviamente, no da el perfil. Salvo, claro, que de lo que se trate es de convertir esa oficina en la Secretaría de las Pachangas. 

Como director de la Junta Estatal de Caminos (donde se hace obra y por eso sobra) aterrizó un  señor de nombre Mowgli Sandino Gutiérrez Juárez, oriundo del Estado de México, en cuyas Junta de Caminos y Secretaría de Comunicaciones trabajó en tiempos del gobernador Enrique Peña Nieto, y hasta hace tres años fungió como Director Adjunto en la SCT federal. Por lo visto, experiencia tiene. Lo único en duda es qué se le habrá perdido por estos rumbos. Y también salta la pregunta ¿Qué en todo San Luis Potosí no habrá un ingeniero razonablemente competente para atender esa responsabilidad? A mi me van a perdonar por mal pensado, pero lo trajeron para el bisne. Tiene buena escuela.

Por último, Gallardo se trajo para despachar en el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE) a la experta Lilia Malvido Flores, quien hasta no hace mucho ocupó un cargo importante en el ya desaparecido Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), y antes laboró en la Secretaría de la Función Pública. En ambos casos, colaborando con Virgilio Andrade. Se entiende que ha llegado a desempeñar una función que conoce bien y para lo cual está capacitada. Aunque tampoco tengo claro qué se le perdió por estos rumbos y dudo que andemos tan jodidos de financieros competentes, lo más interesante es lo que el conocido columnista de El Universal, Mario Maldonado, especialista en temas empresariales, publicó el pasado 14 de febrero de 2018 en su columna Historias de NegoCEOs:

“Otros de los investigados por el presunto fraude en Bansefi son Lilia Malvido Flores, directora general adjunta de administración y Luis Ángel Rodríguez Alemán, director general adjunto de Tecnología y Operaciones.

“De acuerdo con las fuentes, Malvido Flores además enfrenta investigaciones por aprobar la entrega de viáticos y pasajes de avión a directores del banco por montos estratosféricos…”

No sabemos en que van o en que pararon esas investigaciones. Trataremos de averiguarlo pronto. Por ahora, se confirma lo tantas veces dicho: No conoce de otros.

ESO SE LLAMA TIMING

El mismo día de su toma de posesión, el periodista de raigambre potosina Julio Hernández López le sorrajó un duro golpe mediático al flamantísimo gobernador Gallardo Cardona, al difundir íntegro el expediente que la Unidad de Inteligencia Financiera consignó ante la Fiscalía General de la República, solicitándole iniciar un proceso penal, cosa que hasta ahora no ha ocurrido.

Lo esencial de ese asunto ya había sido difundido aquí: los nombres de las 20 empresas y de las 19 personas físicas que montaron un entramado delictivo para desviar de las arcas públicas de Soledad y esta capital “al menos” 724 millones de pesos. Pero nadie había dado a la luz pública el legajo completo, compuesto de 66 páginas llenas de datos. A reserva de más adelante retomar el asunto, por hoy reproduzco la página con que inician los planteamientos del titular de la UIF, Santiago Nieto: 

“Lo relevante en la forma de actuación de las personas indicadas, que genera alerta a esta Unidad de Inteligencia Financiera y sustenta la formulación de la presente denuncia, consiste esencialmente en la probabilidad de que dichos sujetos, de común acuerdo y bajo la dirección de Ricardo Gallardo Juárez y José Ricardo Gallardo Cardona, ejecutaron un elaborado esquema mediante el cual se desviaron cantidades millonarias de recursos de los municipios de SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ y SAN LUIS POTOSI, ambos en el estado del mismo nombre; dichos recursos cuyo monto asciende al menos la cantidad de $724,608,296.43 (setecientos veinticuatro millones seiscientos ocho mil doscientos noventa y seis pesos 43/100 moneda nacional), fueron enviados a favor de CLINICA DE ESPECIALIDADES WONG, S.A. DE C.V., GRUPO AXIOMA KUSURI, S.A. DE C.V. e INVESTIGACIONES MEDICAS EL POTOSI, S.A. DE C.V., en el período que comprende del año 2012 al 2019, lapso en el cual JOSE RICARDO GALLARDO CARDONA se desempeñaba como Presidente Municipal de SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; por su parte, RICARDO GALLARDO JUÁREZ se desempeñaba como Alcalde del diverso municipio de San Luis Potosí.

Así, una vez ejecutada la colocación de recursos, las tres personas morales realizaron diversas transacciones financieras con la finalidad de dispersarlos, enviándolos a cuentas de personas físicas y morales, muchas de ellas cuyos accionistas son miembros de la familia GALLARDO CARDONA, constituidas en el período que JOSE RICARDO GALLARDO CARDONA y RICARDO GALLARDO JUAREZ se desempeñaron como servidores públicos y en las cuales, incluso, dichos sujetos tienen participación accionaria; así, un porcentaje de dichos recursos fondearon las cuentas de las empresas de la familia Gallardo Cardona a través de depósitos millonarios en efectivo. De esta manera se ejecutó la triangulación de recursos, mismos que posteriormente se integraron como capitales aparentemente lícitos, a través de la inversión en las personas morales ya mencionadas, la compra de inmuebles y diversas transferencias internacionales, con destino principalmente a Estados Unidos y Australia…”.  Más claro, ni el agua limpia. 

COMPRIMIDOS

Hay veces que siento una admiración profunda por Gallardo Cardona (que espero no sea irreversible). Es que, mire usted, hace falta un valor de kamikaze, un arrojo espartano para llamar, en público y en momento tan relevante, “¡Líder Moral!” al ex Niño Verde. ¡Uta Madre!

Haiga sido como haiga sido, Bernardina Lara ya inició un nuevo período de cuatro años al frente del SUTSGE -debe andar por cumplir los 40 en esos menesteres- con los votos a su favor del 85 por ciento de los afiliados (unos 5 mil 600), lo que la dota de legitimidad y fortaleza para enfrentar lo que venga.

Juan Pablo Escobar, panista de toda la vida, incluso dirigente estatal, y gallardista de última hora, confrontado siempre (no de manera violenta) con los otros partidos y repudiado ahora en Acción Nacional por desertor, convenenciero y tránsfuga, ha sido puesto al frente de la subsecretaría de gobierno a la que toca mantener una comunicación fluida y productiva con los diputados y alcaldes del PRI, del PAN, de Morena y etcétera. ¡Genial, genial! (Ya en serio, ¿armarían el gabinete andando chentos?)

Sería interesante saber qué pasó con la no visita del Secretario de Gobernación para atestiguar la toma de posesión de RGC. ¿Fue una “volada” de medios gallardistas; hubo cambio de representante presidencial a ultima hora o qué?

Hasta el próximo jueves.