¡POBRE POZOS!

La porción de los vecinos de Villa de Pozos que con tanta persistencia han reclamado la remunicipalización de su comunidad están en vías de ser víctimas de sus logros, de llevarse entre las patas a paisanos que no tienen vela en el entierro y acabar de peones de proyectos inmobiliarios codiciosos. Una válida y respetable pero poco lúcida reivindicación histórica ha sido secuestrada por turbios intereses puramente económicos.

¿Cómo se benefician esos intereses tan impresentables con la creación del nuevo municipio? Básicamente con mayores facilidades y ventajas para sus desarrollos inmobiliarios mediante más rapidez en autorizaciones para cambio de uso de suelo, permisos para fraccionar predios, porcentajes de áreas verdes, abastecimiento de agua potable, infraestructura que no les cueste y, en general, tener autoridades a modo en áreas claves para sus negocios. 

Cuesta decirlo, por aquello de los corazones rotos, pero seguro que a poco andar los poceños que de buena fe impulsaron la municipalización estarán arrepentidos de haberlo hecho. Además de que no tienen ninguna garantía de que el cambio de categoría de su terruño les traiga beneficios de algún tipo, digamos mejoras en los servicios públicos, están en riesgo de que sus nuevas autoridades no sean del lugar y, en consecuencia, sean más proclives a servir a otros intereses que a los propios de la comunidad.

Creo también que si nadie ni nada frena este proceso regido por la codicia, los poceños auténticos, hayan sido partidarios o no de la municipalización, van a vivir en carne propia ese duro fenómeno de la modernidad urbana conocido como Gentrificación. Consiste, básicamente, en que comunidades o colonias antiguas de ubicación conveniente van siendo ocupadas por gente de mayor poder adquisitivo que poco a poco imponen sus hábitos de vida a los vecinos de siempre, hasta que a éstos les resulta mejor vender su propiedad e irse a vivir a otro lado, viéndose obligados, con ello, a perder a sus vecinos de toda la vida, a cambiar de parroquia, a dejar de ser clientes de la misma tienda o pacientes del mismo médico, etcétera, etcétera.  

Fieles a su espejo diario -diría López Velarde- los verdaderos interesados en promover la municipalización no fueron muy pulcros que digamos al impulsar su proyecto y cometieron errores de forma y fondo en el proceso. Esta circunstancia facilita la impugnación legal para obligar a que se haga de la manera debida.

En todos estos aconteceres, lo más sorprendente es que nadie haya movido un dedo, si no para frenar la intención de fondo al menos para que las cosas se hagan correctamente. No se trataría de frenar arbitrariamente la remunicipalización, sino de sustraerla de los nefandos intereses que hoy la rigen, para por lo menos conseguir que las nuevas autoridades procedan de una auténtica elección, preferentemente simultánea con una constitucional ordinaria, y no para que sean producto de los cambalaches y trapicheos de 27 individuos e individuas dominados por sus abyecciones, sus miedos carcelarios, sus deseos de futuro o el grosor de su cartera.

¿No se puede hacer nada? Entiendo que sí. Según los abogados con quienes abordamos el tema, el instrumento más prometedor para poner orden es la Controversia Constitucional, concebida para dirimir disputas entre autoridades. Por su naturaleza, no es un recurso que pueda ser promovido por particulares. 

En tales circunstancias, lo esperable sería que el Ayuntamiento encabezado por Enrique Galindo fuera el promotor de ese o cualquier otro recurso de defensa jurídica, formalmente por los desaseos legislativos y administrativos, pero en el fondo para evitar que ciudadanos de buena fe -los promotores originales- sean engatusados y lastimados por los ambiciosos y sus cómplices.

No sé si Galindo y su cabildo estén en la idea de promover la Controversia Constitucional o cualquier otro recurso legal, pero el plazo para hacerlo está corriendo. Según la ley, son 30 días hábiles a partir de la publicación en el Periódico Oficial del acto reclamado (en este caso el decreto del Congreso). Esto ocurrió el 22 de julio, por lo que la oportunidad se perderá en los primeros días de septiembre.

Tengo la impresión de que Galindo está entre la espada y la pared. La pared es que desde que se relanzó el proyecto de municipalización él dijo que apoyaba la idea. Sospecho que se equivocó, quizá por cierto apresuramiento o por presiones muy duras. La espada es que si deja correr las cosas como van, si se hace el desentendido y voltea para otro lado, su figura política va a sufrir un golpe demoledor. Se va a ver más obsecuente y comodino que alguien con entereza suficiente para arrostrar desafíos.

Yo no creería que acceder tan fácilmente a los proyectos gallardistas le signifique algún beneficio político al Alcalde. Para el 2027 ya se la tienen jurada y aunque despedace a San Luis capital en tantos municipios como barrios tiene, ni así le van a ayudar en sus aspiraciones políticas. Al contrario, entre más facilito lo vean peor lo van a madrear (políticamente hablando; que no haya malos entendidos). 

Fríamente vistas las cosas, desde el ángulo electoral, si mantener su postura actual le llegara a significar unos 20 mil votos menos en Pozos, para cualquier elección, su aquiescencia a este atropello político-legislativo le podría costar cien mil en la capital.

Desde luego, debería dejar bien claro que la impugnación jurídica no es para que nunca jamás Pozos vuelva a ser municipio, sino para que las cosas se hagan bien, para que las autoridades del nuevo Ayuntamiento sean producto de la voluntad popular y no de 27 desdichados y desdichadas, y para que al paso del tiempo aflojen un poco los episodios de prepotencia, arrogancia y codicia hoy tan cotidianos.

UNA VOZ ENTERADA Y AJENA

La académica, periodista y analista Viri Ríos, doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard, donde además es frecuentemente catedrática invitada, publicó el lunes de la semana pasada un artículo en Milenio, que diría el clásico nos viene "como anillo al dedo", a propósito del tema principal del que hoy se ocupa esta colaboración. Viridiana, que tal es su nombre completo, tiene una ventaja particular en relación a lo que discutimos hoy: no es potosina y probablemente ni idea tenga de dónde queda Villa de Pozos, SLP. Dice lo siguiente: 

"Hoy quiero hacer un llamado a reconsiderar la forma en la que opera el municipio. Y quiero proponer una reforma que mejore el funcionamiento de los más pequeños de forma que todos los mexicanos podamos tener más y mejor gobierno. 

 "El problema del municipio es serio: a la par que es el nivel de gobierno más precario y desatendido, es también al que más funciones básicas se le confieren. El municipio está a cargo de casi todo lo que al ciudadano de a pie asocia con buen o mal gobierno. 

"Sin embargo, el municipio no tiene los recursos ni fue pensado para resolver esos problemas. En muchos casos, el municipio nació para repartir cotos de poder territorial, no para hacer política pública eficaz. Pienso que es tiempo de darle un vuelco.

"México requiere reconocer que hay funciones críticas de gobernabilidad que es imposible depositar en 2,476 presidentes municipales, sobre todo cuando muchas de esas manos no tienen capacidades mínimas para ejercer la autoridad.

"Una buena forma de identificar si un municipio tiene capacidad mínima para ejercer la autoridad es saber si éstos logran cobrar impuestos para cubrir sus funciones más básicas. La mayoría no lo hace. De 2,476 municipios, hay 1,294 que no recaudan ni 100 mil pesos de predial al mes y 930 que no logran esa cantidad ni con la totalidad de impuestos que recaudan.

Excluyendo a los municipios de usos y costumbres que tienen una lógica distinta, si un municipio no tiene capacidad o interés por recaudar, no puede llamarse a sí mismo gobierno. Puede llamarse representante político, lo cual es una función importante y loable, pero no puede decirse depositario de la autoridad gubernamental.

"A ello se debe agregar el problema de la pulverización de autoridad con al menos 1,038 municipios que no tienen ni 10 mil habitantes. 

"Estimo que, considerando la capacidad recaudatoria y población, México podría aspirar a reducir sus unidades municipales hasta en un 35 por ciento, para tener un aproximado de 1,600 municipios. Esto implicaría fusionar unidades territoriales sin tocar uno solo de los municipios de usos y costumbres.

"Hay algunas funciones que independientemente del tamaño del municipio, podrían considerar centralizar en los estados o en unidades territoriales más amplias. Por ejemplo, el servicio del agua potable, y de tratamiento y disposición de aguas residuales requiere una coordinación por cuenca, en vez de divisiones territoriales políticas. En cuanto a seguridad, también podría considerarse crear policías locales que fusionen a varios municipios, de forma que se homologue la calidad de su funcionamiento.

"En general, desfragmentar el mandato público y fusionar recursos ayudaría a crear unidades de gobierno de un tamaño más manejable y con capacidad de escala. Todo eso podría lograrse sin afectar la estructura de ninguno de los municipios regidos por el sistema de usos y costumbres indígenas". (Fin de la cita).

Nuestros jerifaltes políticos van en sentido contrario. Todos.

COMPRIMIDOS

A propósito de las declaraciones hechas el lunes pasado por el gobernador Gallardo Cardona relacionadas con nuestra columna anterior, puntualizo: la diferencia del 332 por ciento entre los precios (actualizados) por kilómetro de carretera de iguales especificaciones entre la SICT federal y la SEDUVOP estatal, es fácil de constatar. Cosa de revisar las licitaciones públicas números LO-009000966-E2-2021, LO009000966-E52-2021, LO-009000966-E53-2021 y LO-009000966-E119-2021, de la primera, y la número LO-EST-247800018-6-2024, de la segunda. Si batalla con la información de la dependencia de su gobierno, que la oculta en su portal de transparencia o la sube incompleta, puede buscarla en la página de la Contraloría, y si ésta ya también la ocultó, puede acudir a la Cámara Mexicana de la Industrial de la Construcción, donde tienen copias de todas las licitaciones de muchos años, ya que la Ley obliga a las dependencias licitantes a entregar copias con firmas autógrafas a las empresas perdedoras y a la propia CMIC.

Es verdad que ésta es una columna de opinión, pero no exclusivamente. Con regularidad, quizá una de cada tres o cuatro, se convierte en narración de hechos, de números, de datos duros. Ninguna de las cifras o porcentajes de las tres anteriores colaboraciones contienen un milímetro, un gramo o un mililitro de opinión. Cuando los datos verificados hablan por sí mismos, ¿para qué agregar algo?

Alguien que me explique por favor: el evasivo Luis Miguel iba a venir al Teatro del Pueblo de la Feria, (RGC dixit) donde según unos caben 40 mil y según otros 70 mil espectadores. Dejémoslo en 50 mil. Ahora dizque vendrá a la Arena Potosí donde con todo y cancha, ruedo, pista o lo que sea que tenga en medio, cuando mucho cabrán 12 mil. ¿Qué les van a decir a las otras 40 mil que ya se habían hecho la ilusión? A lo mejor si van vestidos de charros y a caballo consiguen acceso.

Hasta el próximo jueves.