Por qué votar en esta elección
Este 1 de junio, nuestro país se enfrenta a un hecho inédito: por primera vez en nuestra historia, elegiremos por voto directo a quienes integrarán el Poder Judicial. Es un momento trascendental, aunque no exento de tensiones, controversias y claroscuros.
La política suele ser resultado de lo posible y no de lo deseable. La reforma que abrió paso a esta elección no surgió de consensos amplios ni de una deliberación pública ejemplar. Por el contrario, fue impulsada con premura, en un entorno altamente polarizado y bajo presiones que respondieron más a urgencias políticas que a un verdadero diagnóstico del sistema judicial. El resultado es un proceso atípico, de diseño complejo, que desafía los modelos ejemplares tradicionales de las elecciones en nuestro país y pone a prueba nuestra capacidad institucional, pero sobre todo, nuestra madurez cívica.
Es cierto: no se puede soslayar que los comités técnicos que debieron garantizar postulaciones sólidas e imparciales incurrieron en irregularidades graves. Los testimonios periodísticos y de comunidades de personas expertas están por todos lados: en muchos casos no se establecieron criterios transparentes para valorar perfiles, se aprobaron candidaturas con escasa preparación jurídica y se permitieron postulaciones con antecedentes preocupantes, cuando no francamente inaceptables. Si uno mira el debate en redes sociales, descubrirá que la desconfianza ciudadana no es gratuita; está alimentada por decisiones cuestionables que formaron parte de este proceso.
A ello se suma un fenómeno que debería alarmarnos a todos: la distribución de “acordeones”, listas entregadas por operadores políticos para indicar por quién votar. Esta práctica constituye una forma velada -pero real- de coacción del voto. Hay aquí una doble complicidad: por un lado, la de quienes operan desde el poder o desde partidos para despojar a la ciudadanía de su autonomía; por otro, la de una porción del electorado que, por desinterés o resignación, acepta que se le dicte cómo ejercer su derecho más básico en democracia. Esta situación es particularmente grave. Es una especie de doble moral consentida y tolerada: aquella que habla de legalidad y legitimidad de un proceso, pero que desprecia y limita la capacidad de la ciudadanía de apropiarse de su democracia.
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Y sin embargo, es precisamente en este contexto adverso donde se vuelve más urgente e impostergable ejercer el derecho a la participación y al voto.
La participación ciudadana no puede ni debe estar supeditada a la perfección del sistema electoral. Si así fuera, jamás votaríamos. Votamos no porque todo esté bien, sino porque queremos cambiar lo que está mal. Porque el poder de transformar instituciones -incluso cuando se encuentran bajo amenaza- radica en la acción colectiva, no en la omisión. Esa misma acción colectiva que ha llevado a millones de personas a las calles durante décadas para cambiar las reglas. Esa misma acción colectiva que ha llevado a millones de personas a las urnas porque han considerado a la democracia electoral como un medio transitable y pacífico para el cambio político.
Renunciar a participar en esta elección judicial es permitir que otros -los charlatanes de siempre, los timadores que lucran con el desinterés ciudadano- ocupen el lugar que nos corresponde. Es abdicar nuestra responsabilidad y regalar el derecho a decidir a los aparatos políticos, a los operadores de siempre, a las redes clientelares que no creen en la justicia, sino en la conveniencia.
No votar no es protesta. No votar no es dignidad. Yo lo veo, en este caso, como un acto de abandono.
Por el contrario, apropiarnos de esta elección -conscientes, críticos, informados- es una forma de marcar límites a quienes diseñaron un proceso con vacíos. Es una manera de recordarle al poder político que la legitimidad no nace de sus acuerdos de escritorio, sino del mandato de una ciudadanía que observa, evalúa, exige y actúa.
Este proceso electoral es también una oportunidad. Aunque sus bases hayan sido construidas con errores, todavía está en nuestras manos dotarlo de sentido. Si participamos de forma masiva, crítica y libre, podremos convertir lo que comenzó como un capricho político en una experiencia democrática inédita. Una que obligue a todos -instituciones, partidos, aspirantes- a responder ante una ciudadanía que no se deja manipular, que no vota con acordeones, sino con conciencia. Una ciudadanía que exige, que no tolera irregularidades ni acepta retrocesos democráticos.
Participar este 1 de junio es ejercer soberanía. Es tomar posesión del único poder que verdaderamente ha transformado la historia de nuestro país: el de la ciudadanía crítica, organizada y despierta.
La democracia no se hereda ni se decreta. Se defiende. Y esa defensa empieza por acudir a las urnas, incluso -y sobre todo- cuando el escenario es incierto. Porque si no lo hacemos, la democracia pierde su esencia: deja de ser nuestra.
x. @marcoivanvargas
