Pregúntenle al Gil
Es más fácil juzgar el espíritu de un hombre
por sus preguntas que por sus respuestas. “
Pierre-Marc Gaston, duque de Lévis
En un lenguaje militar cargado de seriedad, el comentario del secretario Luis Cresencio Sandoval en una carta del 25 de septiembre, leída a un grupo de padres de Ayotzinapa encabezado por el abogado Vidulfo Rosales, parece tener un toque de ironía: Pregúntenle al Gil.
Después de afirmar que la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información del caso Iguala, el general secretario se refirió a la exigencia de presentar documentos que registren “de manera completa la conversación donde un miembro del grupo criminal ‘Guerreros Unidos’, de nombre Gildardo López Astudillo, instruye al subdirector de la policía municipal de Iguala, Gro., Francisco Salgado Valladares le haga entrega de 17 estudiantes en un lugar determinado. El propio López Astudillo puede proporcionar mayor información, en virtud de las conversaciones (mensajes/chats) proporcionadas por la DEA, en [las] cuales se advierte que López Astudillo fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes”.
Efectivamente, López Astudillo, el Gil, fue uno de los autores del secuestro y matanza de los normalistas. Lo confesó él mismo; lo han confirmado otros testimonios y los mensajes de Blackberry de Guerreros Unidos de esa noche. Por eso es tan irritante que López Astudillo se encuentre en libertad, tras haberse quejado de tortura, y que la fiscalía especial del caso lo haya convertido en su testigo estrella. El fiscal no solo no combatió la afirmación de que había sido torturado, sino que no presentó pruebas supervenientes que habrían permitido condenarlo de cualquier forma. Además, los convirtió a él y a otros criminales en testigos colaboradores en el afán de demostrar que el crimen fue cometido por “el Estado” y “el ejército”.
Fueron los testimonios del Gil, que en actuaciones procesales aparece con el pseudónimo de “Juan”, y de otros criminales los que llevaron a la detención en septiembre de 2022 del general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirota Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel. Otros ocho militares fueron aprehendidos en junio de 2023 y están siendo procesados por desaparición forzada y delincuencia organizada. El ex procurador general, Jesús Murillo Karam, está bajo proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia.
Hasta la fecha no conocemos otras pruebas que no sean las declaraciones de los criminales convertidos en testigos colaboradores. Los testimonios incurren en falsedades, como el señalamiento de que, al detener a Reynaldo Benítez Palacios, El Huaraches, se permitió la fuga del narcotraficante Mario Casarrubias Salgado, pero este llevaba preso más de un año. El subsecretario Alejandro Encinas exhibió capturas de pantalla de unos chats que incriminaban a los militares, pero resultaron burdamente falsas. Otros mensajes entregados por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sugieren que algunos militares recibían dinero de Guerreros Unidos, y quizá sea cierto, hay que investigarlo, pero no revelan colusión en el secuestro y ejecución de los normalistas y son además mensajes de criminales sin corroboración.
No sé si la Sedena ha entregado toda la documentación del caso, pero es claro el comentario del secretario: Hay que preguntarle al Gil. ¿Quién puede dar toda la información? El propio criminal que ordenó el secuestro y la matanza, y que la fiscalía ha convertido en testigo colaborador a cambio de información para incriminar a militares, aunque sea falsa.
Presunción
Un furibundo Alejandro Encinas se quejó de que un juez le prohibió llamar “torturador” y “creador de la verdad histórica” a Tomás Zerón. Quizá su falta de conocimiento jurídico le impide saber que la razón es que al llamarlo así viola su presunción de inocencia y podría facilitarle su liberación en un juicio.
www.sergiosarmiento.com
