Primero los pobres; pero sin derechos a una vida mejor
“Por el bien de México, primero los pobres”. Este ha sido el lema del actual gobierno federal como antesala a su estrategia nacional de combate a la pobreza denominada Bienestar; la cual como sabemos integra políticas de Estado y programas de gobierno enfocados en “beneficiar” sobre todo a través de apoyos monetarios a “quienes menos tienen”: a los marginados y a “los olvidados”. Todo ello, a decir del presidente, a través de acciones que prevengan y/o combatan la corrupción que ha caracterizado a la política social en nuestro país.
En este afán de “combatir pobreza y corrupción”, la 4T optó por entregar apoyos de manera directa a la población “más necesitada”, esto es, dinero en mano, sin ningún tipo de intermediario burocrático-administrativo que dé seguimiento operativo al recurso implementando líneas de acción en pro de la población objetivo, dejando con ello del lado el tema del control y la vigilancia ciudadana y desdibujando a su vez la correcta fiscalización del recurso desde las propias reglas de operación de los programas sociales.
Los programas federales de desarrollo social, como instrumentos de la estrategia del Bienestar, se han enfocado principalmente en la entrega de dinero a los jóvenes y adultos mayores del país, dejando a las mujeres y a los niños en un segundo nivel de prioridad entre la población objetivo de los grupos vulnerables. Como muestra de ello, en lo que va de este sexenio, hemos asistido a la cancelación de programas como las estancias infantiles, algunos programas de apoyo a mujeres víctimas de violencia, así como la constante falta de insumos y líneas de acción en los programas que deberían suministrar medicamentos y otorgar tratamientos contra el cáncer principalmente a niños y mujeres.
Y lo mismo ha intentado hacerse desde hace tiempo con el programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), que como ya se ha expuesto a través de una serie de evaluaciones, de cancelarse definitivamente, se afectaría directamente a niños y madres de familia que por años se han beneficiado del horario extendido en las escuelas.
Cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo ¿Violación de derechos humanos?
El programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) nació 2008 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, y en la actualidad se estima que beneficia a 3.6 millones de estudiantes en 27 mil 63 escuelas del país, e incluso, se calcula que 1.4 millones de niñas y niños en pobreza extrema reciben alimentación mediante este programa.
El pasado 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo para desaparecer el programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), el cual ha buscado contribuir a mejorar el rendimiento de los alumnos de las escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación de las horas que los alumnos asisten a la escuela.
A esta noticia se sumaron los reclamos y voces de maestros, directivos, padres de familia y expertos que desde el año pasado alertaban de la gravedad de la desaparición de este programa y de la afectación que esto significaría para las familias más pobres y marginadas del país que se beneficiaban con este programa, ya que, para muchos niños, la comida recibida en la escuela era su única comida del día.
No obstante, el presidente López Obrador ha alegado en varias ocasiones la necesidad del fin de este programa, ya que, a su decir, al igual que las estancias infantiles y algunos otros programas surgidos “con los conservadores”, Escuelas de Tiempo Completo (PETC) “está plagado de corrupción”. Y comentó que se buscaría la forma de seguir apoyando a sus beneficiarios desde el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) mismo que está enfocado principalmente en infraestructura escolar y no en alimentación y calidad educativa como Escuelas de Tiempo Completo (PETC).
Sin embargo, esto no convenció a quienes se oponen a la cancelación del programa ya que además de ir contra de su lema: primero los pobres, se estarían violando los derechos de niños y adolescentes. De acuerdo con la Organización Mexicanos Primero, de cancelarlo, esta decisión afectaría a 3.6 millones de estudiantes mexicanos violando los derechos a la educación y a la alimentación. Ya que “las escuelas de tiempo completo tenían la oportunidad de ser el vehículo para revertir la desnutrición y malnutrición, así como la recuperación de aprendizajes académicos y la salud socioemocional de niñas, niños y adolescentes”.
Y es que en septiembre de 2021 un Juez de la Ciudad de México otorgó un amparo a Mexicanos Primero en donde se ordenó a la SEP y al ejecutivo federal a garantizar los recursos económicos necesarios para mantener el programa, sin embargo, a decir de esta organización esto “traicionaría la promesa hecha por el gobierno” de mantener y apoyar a las escuelas de tiempo completo. Además, se insistió en que “esta decisión también es un claro agravio para maestras, maestros y directivos que laboran en escuelas de este tipo, quienes dejarán de recibir los apoyos económicos adicionales por las horas extra de aprendizaje, una parte importante de sus ingresos”, señaló la organización.
Por otro lado, de acuerdo con un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un 65.8 por ciento de los beneficiarios del programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) respondieron que el alimento que recibía en la escuela era lo primero que consumían en el día. Asimismo, el estudio arrojó resultados respecto a que el 74.3 por ciento de las escuelas que integraban el programa se ubican en regiones con un grado de marginación alto.
Para el Observatorio Instituto para el Futuro de la Educación, esta cancelación sería un grave retroceso en materia de política social ya que el 70 por ciento de las escuelas de tiempo completo estaban en zonas indígenas rurales, el 55 por ciento de los menores beneficiados estaban por debajo de la línea de la pobreza.
En suma, las familias pobres y marginadas serían las más afectadas tras la cancelación del programa ya que se dejaría de garantizar lo siguiente:
1.- El derecho a la educación: Dentro de sus beneficios, se encuentra las 3.5 horas extras en promedio de horas, las cuales eran utilizadas por los docentes para realizar las tareas del día y resolver dudas generadas en el horario ordinario de clases. Además de incluir disciplinas complementarias como el aprendizaje del idioma inglés y computación.
2.- El derecho a la alimentación: Una de las características del programa era el servicio de alimentación, el cual fue agregado en 2013 por el gobierno federal, con el fin de obtener mejores resultados académicos, asegurando con ello la permanencia de los estudiantes en las escuelas.
3.- Apoyo a los padres de familia, particularmente a las mujeres trabajadoras: Este programa buscaba atender una necesidad social que recién iba surgiendo, pues en las últimas décadas, las mujeres comenzaron a incorporarse en el mercado laboral, haciendo que este programa fuese un gran apoyo para las familias, pues con ambos padres trabajando, los menores podían permanecer seguros dentro de las escuelas, además de continuar con el aprendizaje.
4.- Mejora en el aprendizaje: Al tener más horas de estudio, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), se notó una mejoría en el desempeño de las clases, siendo además un apoyo importante para los estudiantes rezagados.
5.- Rezago Escolar: Otra pérdida significativa se expresará en el desempeño escolar de los estudiantes apoyados por el programa, ya que evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y el Desarrollo Social (CONEVAL), consideraron que, de 2007 a 2017, las Escuelas a Tiempo Completo fueron el mejor modelo de equidad para evitar el rezago escolar.
6.- Cierre de la brecha de desigualdad: De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), hay claros resultados respecto a que el programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) ha ayudado a cerrar una brecha de desigualdad entre escuelas en zonas marginadas y el resto de las escuelas en otras zonas.
Como podemos observar, ante este panorama, tal parece una insensatez desaparecer este programa que ha mostrado con las evaluaciones sobrados beneficios para la población objetivo. Para Ana Razo investigadora en prácticas educativas del CIDE “el programa Escuelas de Tiempo Completo era un igualador social, una muestra de política pública buena para la equidad, la seguridad y el desarrollo. La eliminación del programa recrudecerá las condiciones de población en alta marginación, especialmente las familias e infancias con un nivel de pobreza tan crítico que necesitan apoyo del Estado.”
Entonces, ¿se acaban o no las Escuelas de Tiempo Completo? Mas voces se suman al reclamo
Ante el rechazo de la propia población objetivo, la exposición de informes y argumentos de expertos, la presentación de estudios de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales, así como las críticas de la opinión pública, sumado el anuncio de que el gobierno morenista en la Ciudad de México y otras 12 entidades mantendrían el programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) con recursos propios, tal parece que hace unos días se reviró la iniciativa de cancelar el programa desde la federación. En las últimas horas han sido las voces de los legisladores, desde el Congreso de la Unión y algunos congresos locales, así como algunos líderes de partido, los que ahora se han sumado a este reclamo de evaluar y razonar sobre lo perjudicial que puede ser esta decisión de cancelar el programa. En particular, señalan que con su remoción se pone en riesgo la salud de los menores por la falta de alimentos, así como su permanencia en las instituciones educativas.
Fue el 23 de marzo, que se anunció, que, al parecer, no se cancelaría el programa Escuelas de Tiempo Completo desde el gobierno federal, sin embargo, se expuso que cambiarían sus reglas de operación. Se señaló que los apoyos se entregarán directamente a los padres de familia y ya no a los directores de las escuelas quienes junto con los Comités de Padres decidían sobre el destino y ejecución de este recurso otorgado a cada escuela para alimentación y clases extras, y entre eso además vigilaban el servicio de alimentos. Cabe esperar a ver, ahora, ¿cómo será la fiscalización del recurso que se entregue directamente a los padres de familia? ¿Para qué lo usarán los padres de familia si este no pasa por las escuelas y los objetivos operativos que estas persiguen? Los fines y resultados del programa quedarían desdibujados con la simple entrega del dinero a las familias.
Desde que inició este sexenio, los apoyos sociales se han estado entregando directamente a los beneficiarios, pero ¿quién vigila esta entrega? ¿quién revisa que estas entregas no se hagan de manera discrecional y que atiendan necesidades reales relacionadas con marginación y pobreza extrema? ¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?, ¿no se supone que además de combatir la pobreza también se trata de combatir la corrupción? La entrega de apoyos directos a los pobres, sin líneas operativas de acción, no contribuyen a mejorar su calidad de vida. Además, sin control social y clara fiscalización, los programas no ayudan a la estrategia de combate a la corrupción.
Ojalá este tema se resuelva pronto a favor de “los que menos tienen”. Pues la realidad es que, aunque han dicho que no se cancelará, aún lo siguen “evaluando”.
Primero los pobres y los marginados, ¿pero y sus derechos? ¿y la fiscalización y combate a la corrupción?
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
anacristinales@gmail.com
