En los últimos días ha circulado información sobre el comportamiento de la economía en lo que va de 2019, cero tasas de crecimiento, caída en la inversión extranjera y generación de empleos; estos datos llevan a que nos hagamos la pregunta: ¿los buenos resultados económicos que se tuvieron en el pasado reciente tuvieron un impacto en el bienestar de la sociedad mexicana? la respuesta es no, los grandes logros macroeconómicos no se han visto reflejados en la mayoría de la población mexicana.
Según el índice de Progreso Social (¿México como vamos?: 2019), con información de 2017 analiza la relación entre éxito de las políticas públicas económicas de México y su progreso social. El informe encontró evidencia empírica de que no hay impacto; el índice mide el desarrollo social en 149 países y ubicó a México como un país de desarrollo social medio alto, por lo que puede ser comparado con países como: Ecuador, Perú, Albania y Armenia; muy lejos de naciones como: Noruega, Dinamarca y Suiza.
Muchos grupos políticos y algunos académicos, extrañan las exitosas políticas económicas que no lograron un impacto en sectores como: seguridad personal, se ocupa el lugar 122 de 149 países; acceso y conocimiento básico, 81; libertad personal y de elección, 71; salud y bienestar, 69; inclusión social, 69; vivienda, 69; nutrición y cuidados médicos, 63; calidad del medio ambiente, 60; acceso a la educación superior, 54; agua y saneamiento, 52; acceso a la información y comunicación, 46.
Estos resultados indican que la política económica no ha logrado atender las necesidades básicas de la sociedad mexicana, generar las condiciones para su bienestar y las oportunidades para el progreso social; los beneficios del crecimiento económico han sido para los sectores sociales altos, el resto de la sociedad aun tiene grandes necesidades de alimentación, salud, agua potable, seguridad, educación básica y superior, acceso a internet, medio ambiente sano.
El índice de progreso social 2019 genera información para los 32 estados del país, ubica como de “alto progreso social” a entidades como: Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Sinaloa, Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Sonora, Yucatán; “progreso social medio”: Morelos, Estado de México, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Coahuila, Zacatecas, Nayarit; “progreso social bajo”: Oaxaca, Guerrero y Chiapas, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Tabasco y Michoacán.
San Luis Potosí se ubica en la posición 19 de las 32 entidades federativas, por lo que es considerado con un “progreso social medio”, por lo que su crecimiento económico ha sido insuficiente para atender sus áreas sociales criticas: a grandes sectores de la sociedad potosina no les alcanza para comer con sus ingresos laborales, sus viviendas tienen grandes carencias en infraestructura y servicios públicos, presencia del crimen organizado y percepción alta de inseguridad.
Los logros económicos en San Luis Potosí han sido insuficientes para generar las condiciones de bienestar que demandan los potosinos: el analfabetismo aun es alto, la tasa de mortalidad por enfermedades circulatorias y diabetes son muy altas; el acceso a la telefonía móvil es muy bajo; un alto porcentaje de viviendas no tiene acceso a computadores y servicio de internet; la calidad del medio ambiente es malo por la existencia de prácticas como quemar la basura y deforestación de áreas verdes.
El haberse concentrado en políticas públicas de crecimiento económico tiene sus costos: no hay oportunidades para la movilidad social, la cobertura y acceso a la educación superior es limitada para la mayoría de los potosinos; las personas con discapacidad, los indígenas, mujeres y gays han sido excluidos de la sociedad, la economía y la política; la corrupción, la precariedad laboral y la violencia contra las mujeres son muy altas; la estructura gubernamental no cuenta con espacios y estímulos para la participación ciudadana.
La agenda de política pública para los próximos años de San Luis Potosí es social y no económica, debe tener como prioridad satisfacer las necesidades básicas de los potosinos tales como educación, salud y precariedad laboral; generar las condiciones para combatir la desigualdad social: acceso a una educación superior de calidad, propiciar las condiciones que la sociedad este informada y tome mejores decisiones personales, en ello el acceso a internet es fundamental y proteger el medio ambiente.
El próximo año la clase política se enfrentará entre sí para buscar posicionarse en puestos de elección popular, sin duda que su discurso será social, combatir la pobreza, mas empleos, educación, salud, combate a la corrupción; en un proceso electoral como el que se avecina importa no el discurso sino el perfil de los participantes, la agenda social requiere de un perfil innovador y sin miedo al cambio, la experiencia podría ser su principal obstáculo, por lo que se necesita juventud, que conozca y haya vivido las necesidades de la mayoría de los potosinos.
La administración pública debe tener un perfil profesional, que sea capaz de resolver las necesidades de la sociedad y no que solo busque cumplir con requisitos y procesos burocráticos, que se pase de manera permanente quejándose de que lo que se necesitan son mayores recursos presupuestales; se demanda una administración pública flexible, transparente y abierta a la participación de todos los sectores sociales, que tenga conocimientos para diseñar políticas públicas orientadas a resolver las necesidades de la sociedad potosina.
En síntesis: Los resultados del índice de progreso social plantean los grandes retos de la agenda de política pública para los próximos años: 1) una agenda social orientada a satisfacer las necesidades básicas de los potosinos, generar las condiciones y oportunidades para la movilidad social; 2) actores políticos jóvenes, con sensibilidad social, sin miedo y sin compromisos políticos para generar grandes cambios; 3) una administración pública profesional, que sea capaz de diseñar y resolver problemas sociales. Busque esta columna el próximo 4 de diciembre.
@jszslp