PURO BERRINCHE

En el gobierno del estado, particularmente en el Ejecutivo, ya perdieron el uso de la razón. Los hacen enojar ocho alcaldes remisos y se desquitan castigando a unos 270 mil potosinos que ninguna culpa tienen. El ansia de cobrarse el supuesto agravio los desquició.

La historia de lo sucedido es del conocimiento público, pero no tanto sus alcances, implicaciones y revelaciones. 

La semana pasada el Ejecutivo a cargo de Ricardo Gallardo Cardona convocó a los 59 alcaldes de la entidad a una reunión para abordar temas de seguridad pública. El día de la cita, miércoles 8 de este mes, acudieron 51. Faltaron ocho. Los de Catorce, Cedral, Ciudad Valles, Moctezuma, San Antonio, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa Hidalgo.

No se conocen las causas reales de tales ausencias, pero lo cierto es que no todas tuvieron la misma. Sabemos de uno que se quedó en su municipio porque tenía anunciada para ese día una manifestación de protesta y quiso atenderla personalmente para que no fuera a crecer.

Sea como fuere, lo cierto es que la irresponsabilidad o los imponderables que hayan provocado su ausencia solo tienen que ver con ellos. Si tal falta es tan grave que amerita algún tipo de sanción, administrativa o política, pues que se las apliquen, pero a ellos, no a cientos de miles de ciudadanos que ninguna culpa tienen.

Aún con el enojo derramándoseles por las orejas, el gobernador y su secretario de Gobierno anunciaron que en castigo por su falta, los municipios de los ausentes no recibirán nuevos apoyos en materia de seguridad pública. “Con tal actitud, esos ayuntamientos perdieron los incentivos estatales destinados a fortalecer las corporaciones municipales”, puntualizó Lupe.

Ese hecho, el retiro de apoyos o incentivos en materia tan delicada y socialmente reclamada como es la seguridad, ¿a quién afecta, a los alcaldes incumplidos o a sus gobernados?

Hasta donde se sabe, los ocho que no acataron el citatorio disfrazado de invitación siguen despachando en sus respectivos palacios municipales, cobrando el mismo sueldo, utilizando los mismos vehículos oficiales, contando con la protección de los mismos escoltas, disfrutando de los mismos viáticos y, en resumen, ejerciendo el mismo poder de siempre.

Si su desatención a los emplazamientos del Poder Ejecutivo merece ser sancionada severamente, pues que los sancionen, pero a ellos y a nadie más. El arsenal disponible es amplio: abrirles un juicio político, promoverles auditorías perrunas, legislar para que se bajen el sueldo, sacar de circulación a sus escoltas que no cuenten con permiso de portación de armas, refrescárselas o sacarles la lengua. Lo que quieran, pero la bronca es con ellos. 

Sus gobernados, que según el censo del INEGI de 2020 suman 270 mil en números redondeados, ¿qué culpa tienen? Por supuesto que ninguna, pero el enojo gubernamental a los únicos que lastima es a ellos.

Perder los incentivos estatales destinados a fortalecer las corporaciones policiacas de sus municipios, como amenazó Lupe, a quienes realmente perjudica es a los ciudadanos que perderán la esperanza de que sus comunidades tengan más y mejores agentes del orden en el corto plazo.

Este incidente que ilustra maravillosamente bien la forma errática, confundida y visceral de gobernarnos, tienen otros ángulos no tan preocupantes, pero sí interesantes.

POCOS Y MALOS

Para comenzar, de los ocho rejegos a venir presurosos a postrarse ante el Señor, seis militan actualmente en el Partido Verde Ecologista de México (algunos llegaron al poder con otras siglas, pero ya son Verdes), o sea que ni siquiera su actitud fue porque tengan o mantengan diferencias políticas, ideológicas o doctrinarias con Gallardo Cardona. Únicamente dos de esos faltistas mantienen su militancia original en Movimiento Ciudadano: San Antonio y Villa de la Paz.

En el recuento que se hizo durante la célebre reunión, quedó claro que en materia de recursos humanos para hacer frente a la delincuencia, sea organizada o desorganizada, andamos para llorar: 13 municipios no cuentan con un solo elemento incorporado a la licencia colectiva de portación de armas. Es decir, hay 13 jurisdicciones municipales donde si algún policía tienen, es de adorno, pues si acaso traerá una macana como todo armamento.

Luego, se informó ahí mismo, hay otros 42 municipios que tienen menos de diez agentes policiacos armados. Algunos tendrán más, pero desarmados es muy poco para lo que sirven.

Durante sus intervenciones, tanto el gobernador como sus secretarios de Gobiernos y de Seguridad, hicieron insistentes llamados a los alcaldes para que “se porten bien”. “No se anden juntando con gente que no deben”, les dijeron más específicamente. Nada del otro mundo. 

Lo sorprendente fue que el alcalde de Villa de Ramos, Erick Giovanni Espino de la Rosa, postulado por la alianza Verde-PT-Morena, pero en los hechos pintado de Verde, pidió la palabra para poner algunos puntos sobre las íes. La pedrada más llamativa fue para Ruiz Contreras, a quien palabras más palabras menos le dijo que quién no debía andarse juntando con gente que no debe es la Guardia Civil del Estado a su cargo. Que además, puntualizó, no solo anda en malas compañías sino que ya trae malas mañas. 

Como para que no hubiera dudas, Espino de la Rosa acusó a elementos de la GCE de extorsionar gente, en los caminos y en las poblaciones; de cometer abusos y de no atender las solicitudes que les hacen los ciudadanos o las autoridades comunitarias. 

Creo que la cara de asombro y disgusto que pusieron los gerifaltes en el evento, todavía la traen. Ahora, ojalá no resulte que en represalia el Ejecutivo disponga dejar sin servicios médicos, sin escuelas, sin agua potable y sin cantinas a Villa de Ramos, en castigo por tener un alcalde levantisco y lenguaraz.

Llama también la atención que de los ocho municipios cuyos alcaldes no vinieron a la reunión, seis pertenezcan a la zona del Altiplano: Catorce, Cedral, Moctezuma, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz y Villa Hidalgo. Los otros dos, Valles y San Antonio, son de la Huasteca. 

Decíamos en las últimas líneas del apartado anterior, que las amenazas contra los habitantes de esos municipios ilustran muy bien la forma errática, confundida y visceral de gobernarnos, pero en rigor de verdad creo que eso no es todo. 

En desplantes como esos, que no se piensan ni dos segundos antes de lanzar rayos y centellas, se asoma también, por lo menos, una cierta intolerancia a cualquier resistencia, imaginaria o real, a los dictados del poder, así como cierto ánimo vengativo contra los que no acudan presurosos a lamer suelas. ¿O no?

Y mucho me temo que estos síntomas tan ominosos se van a ir agudizando conforme transcurra el tiempo y se haga presente el ocaso del poder. Y peor, sin solución de continuidad para los seis o doce años más que se llegaron a soñar.

COMPRIMIDOS

En nuestra columna anterior, utilizando datos bien trabajados y sustentados por nuestro compañero de páginas Jaime Hernández, señalamos escuetamente que la deuda pública estatal, de corto y largo plazo, que al inicio de esta administración sumaba 5 mil 063 millones, tres años después (a septiembre del 2024), se había disparado a 13 mil 093. Casi el triple. Agradezco al propio Jaime y a otro experto en la materia que prefiere el anonimato, una observación crucial: esos 13 mil millones son los que se deben a los bancos, entre créditos a corto y a largo plazo. No incluyen otros adeudos como los cinco mil millones a Pensiones y la enorme deuda con contratistas y proveedores. Así, no es disparatado sostener que el total de obligaciones financieras de este gobierno rebasa fácilmente los 20 mil millones, si no es que se aproxima a los 25 mil. Ya se sabrá la realidad. 

Lo que recién ha sucedido en la Fiscalía General del Estado parece acreditar que la insensatez es contagiosa. Este pensamiento viene a la mente al constatar la forma tan sorprendentemente desconsiderada como su titular habló de la desaparición de Daniela Martell. Pocas veces como ésta resulta cierta la afirmación de que se está revictimizando a alguien. Es tan desconcertante el episodio que yo me atrevo a pensar que no es algo que se le haya ocurrido a Manuelita sino que se lo ordenaron de Palacio de Gobierno, seguramente en el torpe afán de restarle intensidad a las exigencias de búsqueda. No resisto la tentación de volver a preguntar ¿Qué está haciendo ahí Manuelita?

 En nuestra columna anterior, en clave de humor, dijimos que el primer propósito de año nuevo del gobernador Gallardo Cardona era “mentir menos”. Ese mismo día, en entrevista con los medios declaró que su gobierno ya brindaba apoyos “a un millón de familias”. Solo que esté apoyando a familias de Zacatecas, de Querétaro o de cualquier otra entidad vecina. Un millón de familias potosinas no existe. Según el censo 2020 del INEGI, nuestro estado tiene 2 millones 822 mil habitantes. Según ese mismo organismo, el promedio de integrantes de una familia mexicana es de 3.6 personas. Esto significa que en San Luis Potosí existen 783 mil 959 familias. Actualizada la cifra al día de hoy, probablemente lleguen a 825 mil. Ustedes perdonarán la brusquedad, pero ¿qué deveras nos consideran tan rependejos?

Si en algo malgasta dinero este gobierno, sobre todo en el Ejecutivo y el Legislativo, es en sus abogados. Pronto habrá que hacer las cuentas exactas, pero a ojo de buen cubero me animo a decir que ocho de cada diez litigios que encaran, los pierden por incompetentes. Debo aclarar que algunos, como ciertos juicios laborales, los pierden a propósito cuando los trabajadores demandantes son representados por despachos jurídicos estrechamente vinculados con altos funcionarios estatales, y que se llevan gran tajada de las fuertes cantidades que extraen de las arcas públicas. Traigo a colación el tema porque en vano trataron de sacar de la jugada a Nina, negándole la toma de nota. La lideresa sindical les ganó el pleito en instancias federales con una mano en la cintura.

Tan inútil resultó Héctor Serrano, el experredista convertido en petista pero postulado por el Verde, que con todo el poder y dinero que le transfiere su cuate del alma Ricardo Gallardo Cardona, y toda su fama de excelso operador político, no consigue que asistan todos sus compañeros diputados locales. Y pronto va a sufrir descalabros judiciales por algunas de sus incompetentes aprobaciones.

Hasta el próximo jueves.