Reforma a pensiones ¿realidad, engaño o trampa?
Raúl Rodríguez Cortés
Nadie en su sano juicio podría ver con malos ojos que un trabajador jubilado reciba como pensión un monto equivalente al cien por ciento de su último salario y no de entre 35 y si bien le va casi 50%, como ha ocurrido ahora con quienes empezaron a laborar en 1997, fecha en la que entraron en vigor las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), un total de diez instituciones financieras privadas que operan hasta la fecha.
La iniciativa por debatirse mañana en la Cámara de Diputados propone que quienes cotizan en el IMSS-ISSSTE (Ley 73) accedan como mínimo a una pensión mensual de 16 mil 777 que equivale al salario mensual promedio de 2023. Luego entonces, no todos los trabajadores se retirarán con cien por ciento de su último sueldo, sólo los que ganen esa cantidad o más.
Otro golpe de realidad lo asesta la viabilidad del mecanismo para fondear lo anterior, así como mejores pensiones que las que entregan actualmente las Afores, lo que implica la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se habla de varias fuentes de financiamiento: aumento de la cuota a cargo de los empleadores de 5.5 a 13.87%, recursos de la Sedena y de Marina provenientes de las empresas que administra y las cuentas individuales de las Afores no reclamadas por sus beneficiarios diez años después de la edad requerida para la jubilación, esto es, los 70 años. Esa prescripción a favor del IMSS ya está considerada en la actual legislación (artículo 32 de la Ley del Seguro Social), pero el plazo para ello corría a partir de la jubilación.
Si bien se estima que muchas de esas cuentas no reclamadas podrían corresponder a personas fallecidas, también es cierto que hay quienes a los 70 años no se han jubilado porque aún no quieren hacerlo. Entonces perderían su derecho constitucional a una pensión. Pero otros, con mente más maliciosa, ven en esa prerrogativa legal el inicio de una política en la que el gobierno estaría metiéndose con el ahorro de los trabajadores.
Súmese a todo ello la suspicacia que levantó el hecho de que el dictamen correspondiente aprobado en comisiones haya llegado con cambios no avalados por la oposición a la discusión del pleno, lo que obligó a reelaborarla para su discusión mañana en el pleno.
Instantánea:
TUFO A CORRUPCIÓN. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha abierto una investigación sobre operaciones cuestionables en varios estados del país, algunos de ellos gobernados por políticos de la 4T (Zacatecas y Baja California) y otros por la oposición (Chihuahua). En esa investigación aparece repetidamente el conglomerado empresarial “Grupo Cimarrón”, de Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz, que ofrece un amplio rango de servicios: desde útiles escolares, y equipamiento a policías y bomberos, hasta el desarrollo de software y la venta de alimentos y medicinas. Auditores a cargo de la investigación explican que “Grupo Cimarrón” llamó la atención en las altas esferas de la ASF por su estrategia de ventas basada en facilitar a los servidores públicos darle vuelta a la política de austeridad republicana del gobierno. ¿Será?
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