Represión desproporcionada
La incontenible especulación de tierra destinada para fines inmobiliarios en el sur y poniente de la ciudad de San Luis Potosí comenzó en 1993 al permitirse la lotificación de los terrenos ejidales de la Garita de Jalisco. Hay otros antecedentes no inmediatos, pero en el referido año la codicia de los barones del concreto se lanza sobre el botín que les representaba y representa la Sierra de San Miguelito.
En éste y otros espacios he dado, sin profundizar, cierto seguimiento cronológico y con algunos detalles sobre el acaparamiento de tierras en las estribaciones de la Sierra de San Miguelito, colindantes con la mancha urbana e industrial de la ciudad y que algunos hubiéramos pensado que disminuiría con la declaratoria presidencial de área natural protegida, pero no es así. La realidad es muy distinta y, si bien se ha logrado disminuir los embates de los especuladores, al día de hoy éstos continúan no sólo contra las comunidades propietarias de las tierras, sino también contra la declaratoria.
En esta dinámica de apropiación y despojo juega un papel muy importante la cooptación (me gusta más coptación) que las empresas inmobiliarias hacen de comuneros, ejidatarios, académicos, ambientalistas, abogados, notarios, jueces y funcionarios de los tres poderes y niveles de gobierno. Un ejemplo cercano es la desigual batalla que por la tenencia y posesión de la tierra libra la comunidad de San Marcos Carmona –perteneciente al municipio de Mexquitic pero contigua al norponiente de la capital– contra diversas empresas constructoras, éstas por la defensa y expansión de sus inversiones (que evidentemente conllevan un fuerte daño ambiental) y aquella por el espacio del que depende su subsistencia inmediata.
Al margen de la apropiación de terrenos (que es el problema de fondo) por diversas empresas constructoras desde 2016, derivado de éste la comunidad enfrenta problemas diversos, destacando entre éstos la represión por parte de fraccionadores y cuerpos policiacos municipales y estatales, así como un fuerte daño ambiental al entorno inmediato y la contaminación del río Calabacillas al convertirlo en vertedero de drenajes de los nuevos fraccionamientos (por no contar con conexión al drenaje municipal) y al rellenar con escombro partes del cauce del río, actos que inciden en perjuicio directo a la comunidad.
La contaminación del mencionado río generó confrontaciones entre los habitantes de la comunidad y las compañías constructoras, las cuales lograron que los cuerpos de seguridad privada y las propias policías municipales reprimieran a aquellos. El problema incrementó al grado que en febrero de este año un diputado local propuso atraer el caso, en tanto que el partido Verde exhortó a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental a actuar en el caso, y el propio gobernador ordenó de manera directa a la misma dependencia solucionar el asunto. Nada ocurrió como no fuera el escándalo mediático propio de la farsa que es el gallardismo.
En búsqueda de la salvaguarda de su entorno la Comunidad promovió diversos juicios ambientales en los que ha contado con la asesoría de la Clínica de litigio estratégico de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Dentro de este contexto, el pasado 12 de junio el juez federal José de Jesús Rosales Silva otorgó a favor de la comunidad, una suspensión definitiva mediante la que se ordena a las autoridades municipales de Mexquitic, Comisión Estatal del Agua y Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí, garanticen la integridad del río Calabacillas, se suspendan las descargas de aguas residuales y las obras que afecten su cauce natural, así como garantizar el acceso de los habitantes de la comunidad a la Sierra de San Miguelito (impedido –violentando el derecho de libre tránsito consagrado en la Constitución –por compañías privadas de seguridad).
La venganza de los constructores no se hizo esperar y promovieron una demanda penal contra el comité comunal por la demolición de una barda (levantada en terrenos de los que no han logrado demostrar plenamente su propiedad) que valuaron entre seis y ocho millones de pesos. El actuar de la fiscal Perla Correa (quien integró con sorprendente rapidez la carpeta de investigación) y el juez penal Juan de Dios Flores, que emitió una resolución desproporciona, evidencian servilismo, falta de sensibilidad y la predisposición a criminalizar a los defensores ambientales.
De nada sirve que se ganen los juicios ambientales en juzgados federales mientras los empresarios inmobiliarios busquen echarlos por tierra mediante la desproporcionada vía penal en juzgados locales, pero sobre todo donde un gobierno –que mediante falso e hipócrita discurso se dice ecologista– en evidente contubernio con aquellos, respalda la represión, no acata las sentencias y desestima lo que puede convertirse no sólo en un problema ambiental sino también en un estallido social.
