Responsabilidad

La reforma constitucional de combate a la corrupción del 27 de mayo de 2015, definió los plazos para que en el ámbito local se armonizaran las constituciones locales y se publicaran las leyes secundarias para el diseño de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA); se nombraran a las autoridades de los SEA; se instalaran sus órganos de decisión y operativos; se les asignara presupuesto público y se implementaran sistemas electrónicos que contribuyeran al combate de la corrupción en México.

Los avances formales son significativos, al 15 de noviembre de 2019, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción: en 32 estados ya se han reformado las constituciones locales, se han publicado las leyes locales anticorrupción, actualizado las leyes orgánicas de la administración pública, las leyes orgánicas de los tribunales de justicia administrativa, así como los códigos penales; lo que falta es: en Nuevo León, la Ley de fiscalización y rendición de cuentas, en Baja California la Ley orgánica de la fiscalía general y en Campeche, la Ley de responsabilidades administrativas.

En cuanto a la conformación de las instancias de los Sistemas Estatales Anticorrupción, en 32 entidades federativas se han conformado las Comisiones de Selección y se han nombrado a los magistrados en responsabilidades administrativas; en 31 se han conformado los Comités de Participación Ciudadana y los Comités Coordinadores; en 29 se han nombrado a los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción; y en 28 existen la Secretaria Ejecutiva; el 75 % de los SEA cuentan con presupuesto asignado.

Los datos anteriores indican que existen las condiciones legales y organizativas para el funcionamiento de los SEA, pero, ¿Qué pasa en la realidad?, la respuesta es que en varias entidades federativas las leyes no siguieron el modelo nacional, con ello se deformó la objetividad del sistema, por lo que la sociedad organizada no se encuentra conforme con las autoridades que han sido designadas para encabezar las instancias anticorrupción, ya sea por los vínculos políticos, perfiles poco profesionales o sin especialización en corrupción.

Las prácticas que dominaron en la mayoría de los Congresos locales del país durante los procesos de designación fueron: la ausencia de transparencia en las diferentes fases de nombramientos de los Comités de Selección y los fiscales locales anticorrupción, la más relevante fue la ausencia de perfiles honestos y capaces provenientes de la sociedad civil; también sobresalieron los acuerdos políticos entre los actores tradicionales, por lo que estas dos instancias fundamentales de los SEA presentan grandes crisis de credibilidad para combatir los actos de corrupción.

En este contexto es oportuno preguntarse ¿por qué no funcionan los SEA?, la sociedad civil, los medios de comunicación y algunos estudios académicos llegan a la conclusión de que los SEA no funcionan porque falta voluntad política para que sean conformados y así existan las condiciones para su funcionamiento, su principal argumento es que los actores involucrados intervienen de manera corrupta, protegiendo sus intereses, lo cual no se encuentra alejado de la realidad, pero para impulsar su funcionamiento, requieren adoptar otra postura.

Se debe destacar la existencia de gran diversidad de factores que han obstaculizado tanto la estructura como el funcionamiento de los SEA, sin embargo dominan las intervenciones directas de los ejecutivos estatales a través de sus funcionarios, de los congresos estatales y de los actores económicos; algunos de estos obstáculos han entorpecido la promulgación de leyes y convocatorias, influido en los nombramientos de los comités de participación ciudadana, o en la nula o poca asignación presupuestal; se han nombrado miembros que sean fáciles de manipular

Otros tipos de prácticas que predominan son: congelar la instalación de comités ciudadanos, poca antelación de las convocatorias, opacidad en los criterios para integrar los órganos ciudadanos; los nombramientos de ciudadanos, de fiscales anticorrupción, de auditores superiores, de comisionados de transparencia y de magistrados, han sido cuestionados por su cercanía con grupos locales de poder político y por su perfil profesional y ético poco idóneo para combatir los actos de corrupción.

Otro hábito que ha perjudicado la estructura y funcionamiento de los SEA es el corporativismo en el proceso de nombramiento de los Comités de Selección y los Comités de Participación Ciudadana, esto ha generado parálisis en su interior, sus miembros no logran ponerse de acuerdo, actúan en función de los intereses de las organizaciones que respaldaron su nombramiento,  su desempeño ha sido poco ético y de nulo compromiso con el combate a la corrupción, su comportamiento es el que más ha dañado la legitimidad del sistema.

Falta adoptar posturas de voluntad política por parte de los ejecutivos estatales y de los congresos locales, ya que ambos tienen sus límites para explicar lo que realmente sucede a nivel local; cuando se entrevista a los actores involucrados de los SEA, estos expresan que la causa es externa, pero nunca asumen la responsabilidad que les corresponde, trasladan su ineficacia a factores que no están bajo su control, siempre tratan de ser los buenos en la película, evadiendo la responsabilidad que les corresponde, verdadera causa de la inoperancia de los SEA.

Ha llegado el momento de pedir cuentas a todos y cada uno de los actores involucrados, que respondan de manera clara al asumir las responsabilidades que les corresponden, conocer qué acciones se han llevado a cabo para combatir la corrupción sin justificar su comportamiento por las omisiones de otros actores, se requiere que asuman de manera ética la responsabilidad para lo que fueron nombrados, que rindan cuentas de manera pública a la sociedad y no en los oscurito a las corporaciones que los respaldan para su nombramiento. 

En síntesis: en el proceso de conformación y estructuración de los SEA predominaron aspectos como: marcos normativos desvirtuados con la finalidad de dificultar su estructura y funcionamiento, autoridades anticorrupción capturadas por redes de intereses locales, nula o reducida asignación de presupuesto por parte de los congresos locales, pero sobre todo por un comportamiento poco ético de sus miembros para asumir sus responsabilidades. Busque esta columna el próximo 18 de diciembre de 2019.  

@jszslp