Retroceso en el Senado al combate a la impunidad

¿Por qué hay tanta impunidad en el país? Se pueden nombrar muchos factores, pero casi todos conducen de una manera u otra al bajo desempeño de las procuradurías y fiscalías. Las instituciones de procuración de justicia, tanto las estatales como la Federal, están rebasadas y carecen de los modelos y recursos necesarios para conducir y realizar buenas investigaciones basadas en evidencia científica y llevar a cabo defensas adecuadas de sus casos ante los jueces. No es de extrañar dado que por años la realidad delictiva del país era otra, robo de ganado, riñas callejeras, uno que otro homicidio. Las instituciones de procuración de justicia eran utilizadas más como un mecanismo de control y castigo político que como verdaderas instancias de investigación.

Se han realizado muchos esfuerzos por mejorar la procuración de justicia del país, uno de ellos fue la creación y aprobación de la Ley Orgánica de la FGR, un logro de la sociedad civil y el actual gobierno. Sin embargo, aunque dicha ley fue aprobada con un amplio consenso y apoyo de diversos sectores, actualmente en el Senado pretenden reemplazarla por una propuesta del Fiscal General de la República. Esta no es la primera vez que el titular de la FGR pretende llevar a cabo una contrarreforma con propuestas legislativas.

El proyecto de dictamen de la Ley de la Fiscalía General de la República que se pretende aprobar fast-track en el Senado la siguiente semana representa una regresión normativa que sólo profundizará el problema de impunidad en el país. A continuación haré un recuento de algunos de los puntos preocupantes de este dictamen identificados por el “Colectivo contra la Impunidemia”.

El actual dictamen regresa a un esquema jerárquico y rígido a la fiscalía como el que se tenía antes en la PGR, se vuelve a la prevalencia de la figura del Ministerio Público en las investigaciones. Se deja de lado la obsolencia de investigar delitos en lugar de fenómenos criminales. Se pierde el diseño dinámico de contar con unidades de investigación que investiguen casos de acuerdo a lo establecido en el Plan de Persecución Penal. Se regresa al modelo fallido de Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Se pierde el Servicio Profesional de Carrera tan necesario para dar continuidad al trabajo y formación del personal de esta institución y garantizar que los funcionarios más aptos y preparados llegan a los puestos de mayor responsabilidad. Se quita la independencia de los Fiscales de la institución dado que el Fiscal General tendrá control sobre ellos y sus investigaciones a través de la figura de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

Otra de las principales preocupaciones de este proyecto tiene que ver con la idea errónea de autonomía que conlleva. En lugar de entenderla como un rasgo de independencia de la FGR de otros poderes para poder realizar investigaciones independientes y sólidas, así como de contar con autonomía dentro de la institución para que cada funcionario realice su labor sin miedo a repercusiones por parte del titular, la actual propuesta deteriora y abusa del concepto de autonomía para exigir una falta de contrapesos, opacidad y aislamiento. Si antes la FGR tenía que participar en sistemas de coordinación de diversas instancias, ahora recurre al concepto de autonomía para exigir que no se le considere en estas mesas. Si se le requería informar sobre su operación, ahora se invoca la autonomía para reservar información y avances. Las más afectadas como siempre son las víctimas que se encuentran detrás de esta idea obtusa de autonomía.

La gran apuesta de este gobierno siempre ha sido acabar con la impunidad y la corrupción. Sin embargo, en este rubro no se ha logrado ninguna sentencia o recuperación del dinero robado. De las investigaciones relacionadas con el huachicoleo no tenemos noticia, respecto a las investigaciones de Lozoya se está generando un precedente extremadamente nocivo. El caso del General Cienfuegos fue abiertamente desechado y así con el resto de investigaciones que lleva esta institución. Lo que sorprende tanto es que los senadores quieran cambiar una ley que nunca ha sido utilizada, después de varios intentos fallidos de reforma severamente cuestionados, a petición de una autoridad que no ha dado resultados en dos años.

(Dir. ejecutiva de Impunidad Cero)