“La seguridad es el principal
enemigo de los mortales”
W. Shakespeare
Información privilegiada, íntima, horarios, costumbres, hábitos, secretos, vicios de familia, monitoreo por medio de alarmas/cámaras sin registro y control; se encuentran en poder de empresas de seguridad privada, unas registradas a medias y las más sin registro y sin póliza de fianza. La conveniencia de vacíos legales ha propiciado su crecimiento asociado a procesos burocráticos y de corrupción, más la inseguridad rampante en nuestro país, forman un binomio poco analizado.
A nivel nacional se encuentran registradas casi cuatro mil empresas y se calcula que unas ocho mil operan en la ilegalidad.
El servicio de seguridad privada no ha pasado por el tamiz de la autoridad del Estado, en forma por demás responsable. La multiplicación y el caos que ha generado la expedita aparición de cientos y cientos de “negocios” que se dedican a ofrecer seguridad privada, no están en la ecuación de la ambigua inseguridad al realizar el análisis de la misma.
Empresas fantasmas literalmente, que deberían estar en las mesas interrogantes de la inseguridad, así como de su control, no son temas que ocupen y preocupen a las autoridades. Cientos de miles de hombres y mujeres día a día son contratados por empresas, negocios, fabricas, viviendas, consultorios, hospitales, estacionamientos, parques, zonas residénciales, mercancía en su traslado, escoltas, etc., sin un control mínimo de costo-beneficio y sobre todo de prudencia ¿Quiénes son?
Legalmente todos los servicios de seguridad privada a nivel nacional son y deben ser auxiliares de la seguridad pública, además, deben coadyuvar con las autoridades y sus instituciones en situaciones de emergencia, desastre o simple y sencillamente cuando lo solicite la autoridad competente. De igual forma, tanto los particulares que ofrecen el servicio y su personal se deben regir por los marcos legales y principios de actuación que les son aplicables a las instituciones de seguridad pública y a sus elementos.
De igual manera, todos los vigilantes o guardias de seguridad, así como su personal directivo y administrativo deben estar registrados, incluyendo todos los equipos que utilizan en sus servicios, altas, bajas, cambios de adscripción, sanciones, capacitaciones, evaluaciones, etc.
La realidad es otra, al día de hoy no se sabe cuántos individuos ejercen labores de seguridad privada, se calcula que son más de un millón y aproximadamente el 75% no se encuentra en situación de control y registro. A raíz de los controles de ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad pública, tanto federales, como estatales y municipales, aunado a necesidades de trabajo de cientos y miles de jóvenes, estos, tanto los separados de las corporaciones han encontrado refugio en empresa de “seguridad privada”.
La explotación, la inestabilidad laboral y la capacitación, parecen ser otra de las variables a analizar en la descomposición de la inseguridad en nuestro país. El problema es mayúsculo, el -negocio de la inseguridad- ha encontrado buen puerto de llegada y cabida en personajes de alto nivel político, empresarial, militar y policial. Las personas físicas o morales la mayor de las veces no son los propietarios de las empresas, actas constitutivas dudosas de mera formalidad legal ante notarios, registros ante Hacienda fraudulentos, la mayoría no acreditan que cuentan con los medios humanos, técnicos, de formación, financieros y materiales para ofrecer un servicio de seguridad privada.
El miedo y la percepción de inseguridad por parte de los empresarios hacen que desesperadamente contraten servicios de seguridad privada que ni siquiera están registradas y lo que es peor, cuentan entre sus filas a personas con negros antecedentes y algunos hasta delincuentes sin datos en el registro nacional de personal de seguridad pública.
El negocio es mayúsculo, tanto que la delincuencia organizada desde hace años ha volteado la vista a la inversión en el ramo. Sin un registro nacional confiable, con convenios de coordinación con los gobiernos estatales sin cumplimiento obligatorio de seguimiento y evaluación, el panorama se ve complejo, ya que diariamente ingresan al mundo laboral de la seguridad privada personas sin registro y control, con todo lo que ello implica.
¿Cuántas empresas están sin registro? y lo preocupante ¿Cuántas son híbridas en su operación? Las que estén registradas no cumplen con los marcos jurídicos de operación, ni el personal administrativo ni de dirección, menos el personal operativo; y las híbridas cuentan con el apoyo de los gobiernos locales para su operación, con personalidades ilegales habitan en sus marcos jurídicos, disfrutan el uso de la licencia oficial colectiva ilegítimamente, prestan servicios a dependencias estatales, tienen acceso a información privilegiada, y de pilón no son mínimamente responsables de la inseguridad.
Otra anomalía en las operaciones de las empresas de seguridad privada, es la obligación que tienen de aplicar exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo, misma que no sucede en la realidad. Lo ideal, sería que pasarán por exámenes de control de confianza en los Centros Estatales Certificados de su demarcación, que cuando menos obligaría a un mínimo control de identificación.
TAPANCO: Un botón, los Cuerpos Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), una empresa de seguridad pública-privada, con casi 40 mil elementos, le ha facturado al gobierno federal en cinco años más de ocho mil millones de pesos, sin contar los servicios prestados a gobiernos locales, custodia, vigilancia y traslado de valores. Según la investigación: http://www.ejecentral.com.mx/cusaem-hoyo-negro-en-edomex/
La próxima vez estimado lector empresario, que necesite un servicio de seguridad privada, piénselo dos veces, salvo particularidades contadas está Usted pagando por un peligroso servicio.
Francisco.soni@uaslp.mx
enemigo de los mortales”
W. Shakespeare
Información privilegiada, íntima, horarios, costumbres, hábitos, secretos, vicios de familia, monitoreo por medio de alarmas/cámaras sin registro y control; se encuentran en poder de empresas de seguridad privada, unas registradas a medias y las más sin registro y sin póliza de fianza. La conveniencia de vacíos legales ha propiciado su crecimiento asociado a procesos burocráticos y de corrupción, más la inseguridad rampante en nuestro país, forman un binomio poco analizado.
A nivel nacional se encuentran registradas casi cuatro mil empresas y se calcula que unas ocho mil operan en la ilegalidad.
El servicio de seguridad privada no ha pasado por el tamiz de la autoridad del Estado, en forma por demás responsable. La multiplicación y el caos que ha generado la expedita aparición de cientos y cientos de “negocios” que se dedican a ofrecer seguridad privada, no están en la ecuación de la ambigua inseguridad al realizar el análisis de la misma.
Empresas fantasmas literalmente, que deberían estar en las mesas interrogantes de la inseguridad, así como de su control, no son temas que ocupen y preocupen a las autoridades. Cientos de miles de hombres y mujeres día a día son contratados por empresas, negocios, fabricas, viviendas, consultorios, hospitales, estacionamientos, parques, zonas residénciales, mercancía en su traslado, escoltas, etc., sin un control mínimo de costo-beneficio y sobre todo de prudencia ¿Quiénes son?
Legalmente todos los servicios de seguridad privada a nivel nacional son y deben ser auxiliares de la seguridad pública, además, deben coadyuvar con las autoridades y sus instituciones en situaciones de emergencia, desastre o simple y sencillamente cuando lo solicite la autoridad competente. De igual forma, tanto los particulares que ofrecen el servicio y su personal se deben regir por los marcos legales y principios de actuación que les son aplicables a las instituciones de seguridad pública y a sus elementos.
De igual manera, todos los vigilantes o guardias de seguridad, así como su personal directivo y administrativo deben estar registrados, incluyendo todos los equipos que utilizan en sus servicios, altas, bajas, cambios de adscripción, sanciones, capacitaciones, evaluaciones, etc.
La realidad es otra, al día de hoy no se sabe cuántos individuos ejercen labores de seguridad privada, se calcula que son más de un millón y aproximadamente el 75% no se encuentra en situación de control y registro. A raíz de los controles de ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad pública, tanto federales, como estatales y municipales, aunado a necesidades de trabajo de cientos y miles de jóvenes, estos, tanto los separados de las corporaciones han encontrado refugio en empresa de “seguridad privada”.
La explotación, la inestabilidad laboral y la capacitación, parecen ser otra de las variables a analizar en la descomposición de la inseguridad en nuestro país. El problema es mayúsculo, el -negocio de la inseguridad- ha encontrado buen puerto de llegada y cabida en personajes de alto nivel político, empresarial, militar y policial. Las personas físicas o morales la mayor de las veces no son los propietarios de las empresas, actas constitutivas dudosas de mera formalidad legal ante notarios, registros ante Hacienda fraudulentos, la mayoría no acreditan que cuentan con los medios humanos, técnicos, de formación, financieros y materiales para ofrecer un servicio de seguridad privada.
El miedo y la percepción de inseguridad por parte de los empresarios hacen que desesperadamente contraten servicios de seguridad privada que ni siquiera están registradas y lo que es peor, cuentan entre sus filas a personas con negros antecedentes y algunos hasta delincuentes sin datos en el registro nacional de personal de seguridad pública.
El negocio es mayúsculo, tanto que la delincuencia organizada desde hace años ha volteado la vista a la inversión en el ramo. Sin un registro nacional confiable, con convenios de coordinación con los gobiernos estatales sin cumplimiento obligatorio de seguimiento y evaluación, el panorama se ve complejo, ya que diariamente ingresan al mundo laboral de la seguridad privada personas sin registro y control, con todo lo que ello implica.
¿Cuántas empresas están sin registro? y lo preocupante ¿Cuántas son híbridas en su operación? Las que estén registradas no cumplen con los marcos jurídicos de operación, ni el personal administrativo ni de dirección, menos el personal operativo; y las híbridas cuentan con el apoyo de los gobiernos locales para su operación, con personalidades ilegales habitan en sus marcos jurídicos, disfrutan el uso de la licencia oficial colectiva ilegítimamente, prestan servicios a dependencias estatales, tienen acceso a información privilegiada, y de pilón no son mínimamente responsables de la inseguridad.
Otra anomalía en las operaciones de las empresas de seguridad privada, es la obligación que tienen de aplicar exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo, misma que no sucede en la realidad. Lo ideal, sería que pasarán por exámenes de control de confianza en los Centros Estatales Certificados de su demarcación, que cuando menos obligaría a un mínimo control de identificación.
TAPANCO: Un botón, los Cuerpos Auxiliares del Estado de México (CUSAEM), una empresa de seguridad pública-privada, con casi 40 mil elementos, le ha facturado al gobierno federal en cinco años más de ocho mil millones de pesos, sin contar los servicios prestados a gobiernos locales, custodia, vigilancia y traslado de valores. Según la investigación: http://www.ejecentral.com.mx/cusaem-hoyo-negro-en-edomex/
La próxima vez estimado lector empresario, que necesite un servicio de seguridad privada, piénselo dos veces, salvo particularidades contadas está Usted pagando por un peligroso servicio.
Francisco.soni@uaslp.mx