Solo mis proyectos

"La igualdad ante el derecho es 

una de las más nobles conquistas del hombre".

Alfonso Reyes, Cartilla moral

Cada vez queda más claro por qué el presidente López Obrador ha considerado que la crisis le viene como anillo al dedo. Muchas de las medidas que está tomando buscan fortalecer su proyecto político antes que proteger la salud de los mexicanos o fortalecer la economía. 

Lo vimos este 6 de abril cuando se emitió una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación con el fin de fijar lineamientos técnicos para la emergencia sanitaria. Estos ratificaron que "las empresas de producción de acero, cemento y vidrio mantendrán una actividad mínima que evite efectos irreversibles en su operación", pero con una excepción: "Aquellas empresas de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el Gobierno Federal, continuarán las actividades que les permitan cumplir con sus compromisos de corto plazo exclusivamente para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Corredor Transísmico [sic, por "Transístmico"]; así como los contratos existentes considerados como indispensables para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad". 

En un momento en que el gobierno suspende las actividades productivas que considera "no esenciales", generando un importante daño a empresas y trabajadores, se otorga a sí mismo una excepción. No hay razón sanitaria o económica para hacerlo. El mensaje, de hecho, es inquietante. Nos dice que el presidente considera que sus proyectos son más importantes que los del resto de la sociedad. 

La idea de la excepcionalidad del gobierno ante los gobernados ha hecho un enorme daño a México y a otros países. Los políticos, sin embargo, no son seres superiores. Su obligación es ajustarse a las mismas reglas que ellos aplican a los demás. 

Me queda claro que las autoridades deben tomar medidas para reducir los contagios en esta contingencia. Mantener una sana distancia entre trabajadores, o requerir equipo para reducir contagios, como mascarillas o guantes, son acciones lógicas para centros de trabajo. Prohibir una gran cantidad de actividades, aunque no difieran en riesgo a la salud de otras que sí se permiten, no tiene sentido sanitario, pero sí implica un costo enorme para la sociedad. 

El presidente se da cuenta, tanto así que ha decidido otorgar una exención a sus proyectos favoritos. Todos los demás, aunque sean igualmente importantes para las empresas o los trabajadores, están siendo detenidos, además con órdenes del gobierno para que las compañías sigan cubriendo sueldos, aunque sus operaciones estén paradas, y paguen impuestos, aunque no tengan ingresos. Esto puede llevar a la quiebra de muchas. 

El gobierno olvida un concepto fundamental del estado de derecho: todos somos iguales ante la ley. El viejo principio liberal que López Obrador cita con frecuencia, "Nada ni nadie por encima de la ley", queda abrogado por esta medida de excepción. 

Uno supone que las autoridades entienden el daño que están haciendo a la economía con sus restricciones. Si las fijan es porque las consideran indispensables para preservar la salud de la población. En principio esta estrategia debe contar con el apoyo de la población. El problema surge cuando el gobierno se exenta a sí mismo de sus propias medidas. 

Ser gobierno no significa tener derecho a saltarse las reglas. Implica establecer medidas sensatas para todos y ser el primero en acatarlas. Si no, la autoridad perderá el respeto de la sociedad. 

Puertas cerradas

"Se nos cerraron todas las puertas", dijo ayer Carlos Salazar, presidente del CCE. Ante el rechazo del gobierno, pidió a la sociedad que participe en un programa de ayuda mutua. "Si no lo hacemos, estamos en riesgo de una caída de hasta 10 por ciento en el producto interno bruto, que significaría la pérdida de un millón a un millón 400 mil empleos. 

Twitter: @SergioSarmiento