SON UNOS MISERABLES

Que una familia en infortunio acuda ante la autoridad en solicitud de apoyo es comprensible, normal. Que esa autoridad responda positivamente y ofrezca la ayuda, es encomiable y alentador. Que los atendidos decidan expresar su agradecimiento en público o en privado, es natural, fácil de entender. Pero que sea la autoridad, la que sin haber cumplido a cabalidad su oferta de auxilio imponga condiciones humillantes y además exija un reconocimiento público en sus propios términos, amenazas impías de por medio, es canallesco y debe ser inadmisible, intolerable y denunciado.

En esos terrenos de bajeza y miseria moral nos movemos los potosinos en estos aciagos días.

Horas después de ocurrido el asesinato de la señora Revilla en el negocio de mármol donde trabajaba como gerente, en el periférico (que sigue siendo jurisdicción estatal), un amigo de la familia gestionó en la Fiscalía General del Estado que se pudiera agilizar la entrega del cuerpo. Les dijeron que sí, y les cumplieron. La entrega se hizo al anochecer del mismo día de los hechos, el 10 de mayo.

Poco después, familiares cercanos fueron contactados por la propia Fiscalía y la Secretaría General de Gobierno, para pedirles que se abstuvieran de presionar o apresurar al gobierno para el esclarecimiento de los hechos, en particular organizando marchas o manifestaciones con ese propósito.

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Ahí apareció el primer momento de miseria moral gubernamental. Simultáneamente con la petición de que no hubiera presiones o demandas públicas, se les dijo a los deudos que había abiertas varias líneas de investigación, y que en esas circunstancias los indicios de responsabilidad “podían apuntar para cualquier lado”. No hubo mucho qué descifrar. El mensaje era algo así como “si ustedes nos presionan, las indagatorias pueden apuntar al círculo familiar”.  La mal disimulada amenaza fue asumida.

Amigos de la familia, más por iniciativa propia que por cualquier petición, comenzaron a organizar una marcha silenciosa, pacífica, para demandar justicia. La noticia llegó rápidamente a Palacio de Gobierno de donde inmediatamente se recibió una llamada citando a los atribulados familiares. 

Los regañaron. Les dijeron que si participaban en la manifestación programada para el domingo 18, quedaría rota la comunicación con las autoridades estatales y de la Fiscalía. Los increpados insistieron en que ellos no organizaron nada, que todo era una acción espontánea. De cualquier manera, el torvo secretario general de gobierno les exigió dos cosas: que no acudieran a la marcha y que pidieran a sus amigos que respetaran una ruta que sería trazada por la propia Secretaría General de Gobierno. 

Esa es la razón de que el domingo no hayan acudido a manifestarse los parientes más cercanos de la víctima y que la marcha haya tomado desviaciones y dado vueltas de más para no pasar por la Plaza de los Fundadores ni por Palacio de Gobierno.

Claro que esto influyó -junto con la cobarde y arrastrada actitud de los dirigentes de organismos empresariales- para que la demanda pública de justicia tuviera la menor participación posible. 

No conforme con todo esto, los canallas que despachan en Palacio de Gobierno (a veces) o en el Centro de Convenciones (casi siempre), exigieron a los dolientes que firmaran una carta de agradecimiento al gobernador Gallardo Cardona. Era tan espantosamente ridículo el texto, tan abyecto, que con todo y su temor ante las siniestras amenazas, los familiares se negaron a firmarlo. Hubo que llegar a un punto intermedio para que ambas partes lo aceptaran.

Ergo: la carta pública de agradecimiento al gobernador firmada por el viudo es producto de exigencias oficiales, advertencias y amenazas; es producto de actos de ruindad pocas veces vistos. Es el pago de un chantaje brutal. En Palacio extorsionan.

YA SE LES HIZO VICIO

Ojalá el caso relatado en los párrafos anteriores fuera el único. Pero no es así. 

Al medio centenar de médicos jubilados del Hospital Central, les suspendieron el pago de sus pensiones a principios de año. En un primer momento el Gobierno del Estado les dijo que en lo sucesivo debería pagárselas el sistema IMSS-BIENESTAR, al que había sido traspasado el nosocomio. Fue necesario que la propia presidenta Claudia Sheinbaum aclarara en una mañanera que ese tipo de traslados institucionales no incluían los compromisos laborales.

Zanjado el tema de a quién correspondía efectuar el pago, una primera reacción del gobernador Gallardo fue decir que se les incorporaría al régimen de pensiones del gobierno potosino, lo cual, obviamente, era un disparate. Ese sistema tiene dueños: son los burócratas y maestros que a lo largo de sus años en activo han aportado cuotas para los fondos correspondientes.

Sea como fuere, a los médicos del Central los hicieron esperar un buen rato hasta que les llegó una oferta final: aceptar un recorte de entre el 20 y el 25 por ciento a sus pensiones, que antes provenían de las llamadas “cuotas de recuperación” que cobraba el Hospital a los pacientes que podían pagar algo, o irse a litigarlas en los tribunales. 

Más a fuerza que de ganas, porque ninguna razón válida sustentaba ese recorte -visto sobre todo el derroche gubernamental en eventos artísticos y renta de aviones-, los médicos aceptaron el descuento, excepto dos que decidieron irse a pelear sus derechos en los juzgados.

Hasta ahí, comprensibles las cosas; aceptables, diría yo. Pero luego de organizar un evento para quemarle incienso al mandatario potosino por su eficacia y generosidad, sus personeros “propusieron” al representante de los médicos que “espontáneamente” firmara una carta laudatoria, de agradecimiento y reconocimiento al gobernador. Hay razones suficientes para presumir que la adicción al elogio, a la lisonja, al encomio, al ditirambo, es cada día más profunda. Y mucho es de temerse que se agrave conforme el fin del poder se aproxime. 

Pero tampoco con este caso de los médicos jubilados se agotan los síntomas de añoranza anticipada.

El mismo día que se hizo pública la carta de agradecimiento al gobernador Gallardo suscrita por el esposo de la señora Sandra, circuló en las redes un breve video (1 minuto 08 segundos) en el que se ve y se escucha a una señora, con cubrebocas negro, que desde una habitación de hospital agradece sentidamente al “señor gobernador” su gran ayuda para que su hija pudiera salir adelante de un problema de salud no especificado. 

La cámara gira hacía la izquierda y aparece una jovencita en la cama, portando collarín ortopédico. Ella también agradece el apoyo recibido, pero sin dar mayores detalles. 

No conozco a ninguna de las dos personas, madre e hija, que aparecen en la grabación, ni sé de qué fecha sea. Lo cito porque al parecer se trata de una de las jóvenes lesionadas en el accidente del antro Rich, que de alguna manera fue llevada a ser parte de este horrible juego de los elogios inducidos, por no decir forzados.

Hay por lo menos un caso más, verdaderamente triste y doloroso, en el que igualmente se hizo de todo con tal de que nada manchara la impoluta imagen de Gallardo Cardona, pero además se trató de sacar raja para el culto a la personalidad cada vez más chafa y chocante que nos asfixia.

Me quedo con la impresión, perturbadora y poco agradable, de que conforme los plazos se acerquen a su ineludible conclusión, la enfermedad del ego será cada vez más virulenta y agresiva.

Esto es mucho más grave y peor que las charolas de plata que mandaba hacer el líder electricista Antonio Sandoval González, cuando fue candidato a diputado federal, y enviaba con anticipación a las humildes localidades que visitaría, para que sus habitantes se las entregaran en muestra de reconocimiento. Las recibía con sorpresa, con profundo agradecimiento y luego lloraba conmovido.

COMPRIMIDOS

Ahora que veía el ultimo sainete en el Congreso del Estado a propósito del cruce de propuestas de puntos de acuerdo en materia de seguridad, unas para demeritar el trabajo municipal y otras contrarias al interés estatal, me acordé de dos cosas: la primera, que en materia legislativa los puntos de acuerdo son más o menos como las llamadas a misa; son entretenimiento para la tribuna y guerritas a ligazos. La segunda, la maravillosa frase de Shakespeare: “Era un duelo de inteligencias, entre contendientes desarmados”.

De pasada, se agranda mi duda de si el gobernador Gallardo Cardona verdaderamente detesta a Enrique Galindo Ceballos, o le tiene miedo, políticamente hablando, claro. En ratos pareciera que RGC no ve en el horizonte otro competidor de su proyecto político más importante que EGC. Yo creo que en justa correspondencia el alcalde debería darle las gracias al mandatario. Véalo usted bien.

 No sé con certeza qué intereses privados estén detrás del proyecto en el ejido Corcovada de Villa Hidalgo, ni si efectivamente se trata de instalar una cementera o de disfrazar una explotación minera. Lo que sí sé, por su obviedad, es que ya contaba con el visto bueno de las autoridades estatales, las cuales incluso defendieron el asunto. En tales circunstancias, la cancelación por parte de las autoridades federales es un mensaje muy poderoso, que solo no lo entenderá quien no quiera entenderlo.

El caso ventilado el fin de semana que involucra a un exdirector de Interapas, es un difícil conflicto familiar. De inicio tomó unas dimensiones diferentes porque varios quedabien del aparato propagandístico del gallardismo se confundieron, y lo aprovecharon para golpeteo político, resaltando que el protagonista había trabajado con Xavier Nava y que era amigo de Omar Niño. Despistados: fue también titular del organismo operador con Gallardo Juárez y con frecuencia se les ve desayunando juntos. Hasta para madrear hay que avisparse.

Los daños sufridos por el puente elevado sobre el periférico a la altura de la calle 71 de la colonia Prados, tienen una explicación muy sencilla: entre mayor el moche, menor la calidad. Contrario a lo que inicialmente se quiso aparentar, no se trata de una falla menor. Si como se vio hace unos días, se está levantando la superficie de rodamiento, sin duda para volver a compactar los terraplenes y utilizar el material apropiado, aquello va a costar por lo menos la mitad de los 367 millones que se gastaron originalmente, según su licitación y adjudicación. Dice la Seduvop, muy orondamente, que las reparaciones se van a pagar con las fianzas depositadas por la empresa constructora. Ojalá por un día se sacudiera la opacidad que la caracteriza e informara si todavía están vigentes y de qué monto son esas garantías. Puros pinochos y pinochas.

Hasta el próximo jueves.