Temporada de informes
Es temporada de informes de gobierno. Esa obligación constitucional que se establece para que, en el nombre de la rendición de cuentas, un gobernante electo se haga responsable de sus acciones, decisiones –y quizás omisiones- frente a la población desde dos ámbitos: la representación política de la población –en el Congreso- y la opinión pública de la ciudadanía.
Para lo primero está la entrega del documento técnico y una glosa estadística y presupuestal. Luego vienen las comparecencias ante el legislativo por parte de las personas titulares de las secretarías y dependencias de la administración pública centralizada –y en algunos casos de la desconcentrada y la paraestatal-. El formalismo puede tener un significado, pero la utilidad se encuentra en la profundidad que las personas participantes quieran dotar al ejercicio. La mera presentación de discursos o argumentos será estéril si la retroalimentación que de ello se genere, no propicia modificaciones sustantivas orientadas hacia la mejora.
Déjeme expresarlo de otra manera: de poco sirve que se cuestione la implementación de determinados programas y acciones de gobierno, si esto no propicia cambios que mejoren su diseño y ejecución.
El otro ámbito de responsabilidad pública del desempeño gubernamental se relaciona con la población a la que se sirve. Tengo claro que durante los días previos y posteriores a la presentación de un informe, un gobierno emprende acciones de propaganda gubernamental en las que se destacan determinados logros en el tiempo reportado. Como hemos discutido en este mismo espacio semanas atrás, hay quienes quieren ver en esto a un acto de propaganda personalizada que puede constituir actos anticipados de campaña. Ya existe una buena cantidad de criterios jurisdiccionales que permiten distinguir lo que constituye o no promoción personalizada y actos anticipados de campaña con el empleo de recursos públicos, en realidad la discusión tiene que ver con la manera en que un gobierno atiende al derecho de la ciudadanía de enterarse sobre lo que hace un gobierno con sus impuestos. Lo que quiero poner sobre la mesa es que hay distintas formas de ver a los informes de gobierno: como una obligación gubernamental, como un derecho de la ciudadanía o como una oportunidad para hacerse campaña. Le prometo que en una próxima entrega discutiremos la aparente incompatibilidad que tenemos en el esquema de reglas de comunicación que los gobiernos deben de seguir para no incidir en la equidad de la contienda electoral –en el argot le llamamos “modelo de comunicación política”- y las posibilidades de reelección o la legítima aspiración de un servidor público de acceder a otro puesto de elección popular –aunque impopular, es legítima-.
Para quien quiera tomarse en serio el tema de los informes de gobierno debe colocar al escrutinio y la exigencia como divisa de cambio entre quien informa y quien recibe la información. La transmisión unilateral de mensajes controlados con narrativas correctas podría no satisfacer a una población que merece saber y entender qué es lo que hace su gobierno y por qué lo hace. En este espacio hemos insistido que el voto es uno de los primeros eslabones de una cadena que vincula a un gobernante con la población a la que sirve. ¿Y qué otros controles puede tener la ciudadanía –el pueblo soberano- para controlar el desempeño de su gobierno? ¿será que tiene que esperar tres o seis años para premiar o sancionar al desempeño de sus gobiernos?.
Que estos informes sean una oportunidad efectiva de vinculación entre mandatarios y mandantes. Lo de la propaganda me parece bien, pero la justificación pública, abierta, transparente y proactiva de lo que se ha hecho y de lo que está por hacerse nos resulta bastante mejor.
No vaya a ser que se piense que la población no puede elevar el estándar de exigencia frente al gobierno que le sirve.
Twitter. @marcoivanvargas
