¡TENGAN SU TRANSPARENCIA!
Un gobierno que se oculta detrás de la opacidad es un gobierno que está haciendo mal las cosas. Si las estuviera haciendo bien las presumiría. Las cosas mal hechas pueden ir desde fallas administrativas producto de la incompetencia hasta las sinvergüenzadas de mayor calibre que incluyen el saqueo de las arcas públicas.
Al comienzo de su octavo mes de ejercicio, la administración gallardista confirma en los hechos que la opacidad no es una deficiencia sino una estrategia. Cada día que pasa es más difícil lograr que la ciudadanía comulgue con ruedas de molino tipo “los que se fueron dejaron un tiradero con las páginas de transparencia”. Igualmente, cada vez son más ofensivos e inaceptables esos jueguitos burlones de un gobernador diciendo, por citar un caso, que todo lo que se quiera saber en materia de contratos y contratistas se le pregunte a la titular de la Seduvop y ésta respondiendo que todo está en el portal de internet de su dependencia, lo cual es falso.
Aunque muchas de las obras y acciones anunciadas son todavía pura saliva, están en el papel o en sus primeros pasos, hay algunas que ya se han concluido o muestran avances importantes, e involucran inversiones por centenares de millones de pesos. Sería el caso, por ejemplo, de las remodelaciones de los parques Tangamanga I y II; de la “modernización” del acceso a Ciudad Valles o de las instalaciones de la Feria; de la rehabilitación de algunos tramos del periférico, y de varias pavimentaciones de calles.
De todo eso y más, no hay manera ni fácil ni difícil de saber cuándo y cómo se hicieron las licitaciones, si es que las hubo; no hay forma de conocer los fallos de adjudicación -otra vez: si es que existen-. Obviamente, tampoco ha sido posible saber si los contratos de obras y adquisiciones y sus montos se definieron en procesos de licitaciones abiertas o restringidas, o si se optó por el casi siempre chapucero método de las adjudicaciones directas. En consecuencia, al menos hasta hoy, es imposible saber quiénes son los contratistas y proveedores beneficiados, los nombres, antigüedad e historial de sus empresas.
En ausencia de información confiable sobre estos temas, la atmósfera ciudadana comienza a enrarecerse con la abundancia de versiones sobre amplias y numerosas operaciones para que los beneficios lícitos e ilícitos de la inversión pública se concentren en unas pocas manos, lo mismo de empresarios que de funcionarios.
Lo que se dice y repite en los círculos enterados es que tanto las obras como las compras de todo tipo ya en proceso han quedado en manos de unas cuantas empresas “favoritas”, algunas constituidas a los pocos días de que Ricardo Gallardo Cardona fuera declarado gobernador electo.
Un tópico recurrente en esta materia es que si bien las constructoras involucradas son diversas, al final del día tienen vasos comunicantes que al conocerse dejan al descubierto una red que es controlada por unas pocas personas. Algunos conocedores del medio nos dicen que en materia de obra pública estatal todo se ha ido pintando de un solo color. No queda claro aún si verde o rojo.
Sin bases documentales o testimoniales que sirvan de sustento, por ahora no es posible convalidar todas estas versiones, pero tampoco es razonable tenerlas por falsas. Es totalmente previsible que mientras la información oficial, veraz y oportuna, no comience a fluir, el sospechosísmo seguirá intoxicándonos.
Por ahora, a reserva de volver sobre aspectos más específicos de esta temática, es evidente que conviven en nuestra conversación pública dos convicciones encontradas: el gallardismo está empeñosamente dedicado a hacer historia y el gallardismo está empeñosamente dedicado a hacer ricos, muy ricos, a sus próceres.
Al final del día me quedo con una reflexión: si no están haciendo las cosas mal o cosas malas, si no están robando hasta vomitar ¿por qué tanto miedo a la transparencia? ¿Por qué ese empeño en ocultar nombres, socios, fechas de constitución, historiales y asociaciones de sus principales contratistas, sean de obras o de proveeduría?
Si eventualmente no fuera una estrategia bastante burda de ocultamiento de transas altamente rentables, la otra única explicación sería deplorable: un acto chicharronero de “no informo porque no me da mi chingada gana”.
Tengo la impresión de que si hacia el primer informe de gobierno la administración gallardista no ha comenzado a honrar sus compromisos con la transparencia (que es una obligación legal
y no un acto voluntario), va a comenzar a enfrentar demandas administrativas y judiciales al respecto.
LO QUE SON LAS COSAS
Quizá el primer acto canalla de este gobierno haya sido la dura y bajuna presión que a través de Uñas Largas ejerció sobre la contadora Rocío Cervantes Salgado para obligarla a renunciar a su cargo de Auditora Superior del Estado, los primeros días de diciembre del año pasado, cuando le restaban tres años de su mandato de siete.
Y el tamaño de la canallada ha comenzado a hacerlo evidente el propio gobierno de Gallardo Cardona, a partir de un hecho imposible de ignorar: las carpetas de investigación abiertas y sustanciadas en la Fiscalía General del Estado que le permitieron meter en la cárcel a los exsecretarios de Seguridad y Salud, Jaime Pineda y Mónica Liliana Rangel, tienen como uno de sus principales fundamentos los resultados de las auditorías practicadas en sus cuentas públicas precisamente por la ASE, durante los años que la encabezó Rocío Cervantes.
Es decir, Rocío y su equipo cumplieron sus responsabilidades lo suficientemente bien como para que ahora hayan servido de piezas claves a la Fiscalía. La historia se repite con las carpetas de investigación que involucran a otros exfuncionarios carreristas que están con un pie en La Pila.
¿Por qué entonces el empeño en hacer renunciar (no la podían simplemente despedir porque su nombramiento lo hizo el Congreso y habría sido necesario un juicio de responsabilidad) a Cervantes Salgado? Aparte de la prepotencia que es uno de los sellos de la casa, para colonizar una dependencia clave en los procesos de fiscalización del gasto público. La titularidad de la ASE, en calidad de encargada del despacho hace ya cinco meses, la ocupa Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, vinculada al gallardismo desde hace años.
Abro aquí un peréntesis: esta será la segunda o tercera ocasión que comento que una adición legal necesaria y útil en nuestra legislación es aquella que establezca un determinado período máximo (tres o seis meses, por ejemplo) para los interinatos o encargos de despacho. En ausencia de una norma como esa, doña Edith Virginia podría continuar ahí hasta noviembre de 2024, cuando concluye el período de siete años iniciado por Rocío Cervantes.
Por otra parte, si RGC pretende imponer un nuevo titular en la ASE que le garantice mayor sometimiento, va a tener que hilar fino. Conforme lo dispone la normatividad vigente, el procedimiento debido hace obligatorio al Congreso expedir una convocatoria pública, para que se inscriban todos los interesados. Luego de excluir a quienes no cumplan los requisitos, las comisiones respectivas deben hacer una valoración objetiva y fundamentada de las candidaturas, entrevistas incluidas con los interesados, hasta definir una terna que se somete a la consideración del pleno, al cual corresponde hacer la designación final, mediante mayoría calificada.
Lo relativamente problemático para el gallardismo es que si la decisión del pleno es arbitraria por atender a una consigna, el o los candidatos que se sientan lastimados en sus derechos pueden acudir al juicio de amparo. Ya hubo un caso, el de Néstor Garza contra la designación de José de Jesús Martínez Loredo en el 2014, que tenía ganado en un tribunal federal pero desistió por un arreglo extrajudicial con el gobierno de Fernando Toranzo.
Dicho de otra forma, si el Ejecutivo quiere un auditor a modo que lo acompañe hasta el fin de su sexenio, por lo menos va a tener que buscarse un prospecto no tan chafa como los que acostumbra.
COMPRIMIDOS
Bueno, creo que ya nos habremos liberado de los ataques de pánico. Ya el presidente López Obrador nos hizo el favor de visitarnos. Fue una visita de menos de una hora, bastante retrasada, sin reunión privada con Gallardo Cardona ni invitación siquiera a acompañarlo algún tramo en la camioneta presidencial; pero ya vino, hubo fotos de ambos muy sonrientes y, en corto, AMLO dijo que el mandatario potosino está gobernando bien en beneficio de todos nosotros. Con eso debería de bastarnos y sobrarnos.
En cambio, en lo que seguramente es una lamentable coincidencia, el lunes 25 el columnista de El Financiero, Darío Celis, revela que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, por instrucciones superiores ha iniciado la investigación de todas las operaciones bancarias y financieras de una treintena de políticos, como vigorosa respuesta de AMLO a su derrota en la Cámara de Diputados en el tema de la reforma eléctrica.
Sin embargo, quedan saldos de la visita presidencial como para que regresen los episodios de ansiedad: la Presidencia de la República no difundió ni media palabra de la presencia de López Obrador en San Luis Potosí el sábado 23 de abril del 2022. Es como sí esa fecha no hubiera existido jamás. Todavía ayer revisamos las páginas que difunden la agenda y las distintas actividades presidenciales, y nada.
Luego de enlistar nombres los nombres de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Miguel Ángel Osorio Chong, Alejandro Alito Moreno, Miguel Ángel Riquelme y Alejandro Murat Hinojosa, el columnista, que habitualmente maneja información de calidad, escribe lo siguiente: “Otro también bajo escrutinio financiero es el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo “El Pollo” Gallardo Cardona, del Partido Verde Ecologista, así como su antecesor, el priísta Juan Manuel Carreras López”. (El subrayado viene en el original). Total, que para soponcios no gana uno.
Antonio Rocha Cordero fue un buen gobernador (1967-1973). Se aplicó con eficacia a restañar las heridas dejadas por las batallas políticas de 1958-1961 y la imposición del gobernador Manuel López Dávila (1961-1967). Su probidad personal y la de su gobierno nunca estuvieron en duda. Si la memoria no me falla, su nombre le fue impuesto a un tramo del periférico en 1993 por Teófilo Torres Corzo. Es verdaderamente surrealista que su nombre haya sido borrado por quien siendo un treintañero, sin más méritos que haber sido alcalde soledense dos años y presidiario doce meses, aceptó complacido que el Ayuntamiento le cambiara la denominación a una de las principales avenidas de la cabecera municipal, San Pedro, para imponerle el suyo: “Ricardo Gallardo Cardona”.
Hasta el próximo jueves.
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