Transparencia y protección de datos en la incertidumbre
La extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aprobada mediante una reforma constitucional ha dejado a México en un escenario incierto respecto a la garantía de dos derechos humanos fundamentales.
Expertos y organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación por las lagunas legales y los riesgos que implica la centralización de funciones en organismos del Ejecutivo Federal.
La publicación de las leyes secundarias aún sigue pendiente, y éstas serán clave para definir el futuro de la transparencia y la protección de datos. Tras su entrada en vigor, sabremos qué sucederá con las facultades de garantizar el derecho de acceso a la información, la estructura que se utilizará, y hasta qué punto se aprovechará la experiencia acumulada por los órganos autónomos.
También está por verse si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Secretaría de la Función Pública) asumirá todas las competencias o si se regresará al esquema de 2002, cuando cada dependencia decidía de manera discrecional qué información entregar sin la presencia de un arbitro que por ley les obligue a entregar la información, como hasta ahora lo ha venido haciendo el INAI.
Retroceso en la autonomía
institucional y jurisdiccional
El nuevo modelo federal representa un retroceso significativo ya que, con esta reforma, se pierde la independencia de un órgano autónomo que hasta hoy resuelve los conflictos cuando un ciudadano no recibe la información solicitada. Pues ahora, el Ejecutivo, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, decidirá unilateralmente qué datos entregar, pero esto no incluye a los Poderes Legislativo y Judicial, ni a los organismos autónomos.
Tampoco sabemos si se crearán nuevas instancias para supervisar que se entregue la información y se protejan los datos personales o si los sujetos obligados a hacerlo asumirán estas funciones de manera directa sin un ente externo que justamente garantice que lo hagan. Es esta una incógnita preocupante.
Tutela de derechos humanos en el limbo
Uno de los aspectos más críticos de la reforma es la falta de claridad respecto a la protección de datos personales. Aunque el dictamen establece que estas funciones quedarán bajo la tutela de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, no se define quién supervisará los datos que estén en posesión de particulares o de otras instancias públicas, como la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o los partidos políticos.
El vacío legal también alcanza a los datos manejados por bancos, aseguradoras, servicios médicos y otras entidades privadas. Sin el INAI, ¿quién garantizará que no se haga mal uso de esta información? Se vuelve necesario que dichas competencias recaigan en una autoridad especializada con, al menos, autonomía técnica. Este es un compromiso internacional que México asumió al firmar el Convenio 108 y su protocolo adicional, único tratado vinculante en esta materia.
El Convenio 108, adoptado por países europeos y algunos latinoamericanos, como Uruguay y Argentina, establece reglas homogéneas para el intercambio seguro de información entre naciones. México, al extinguir el INAI, quedará sin un órgano de control autónomo, lo que pone en riesgo el cumplimiento del acuerdo.
Preocupación internacional
La desaparición del INAI ha generado gran preocupación en el ámbito internacional. Organismos como la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información han advertido que esta decisión pone en riesgo los compromisos de México en materia de transparencia y protección de datos, lo que afecta su reputación como país líder en estos temas en América Latina.
Sin los organismos autónomos de transparencia, el nacional y los locales, México incumple su compromiso con ciertos tratados internacionales, lo que a su vez podría dificultar el intercambio de información con otros países, en especial en un contexto donde la colaboración internacional es clave para combatir delitos transnacionales y proteger la privacidad de los ciudadanos.
El diseño y redacción de las leyes secundarias que definirán el futuro del acceso a la información y el manejo de datos personales en nuestro país está actualmente en proceso. Es crucial que los legisladores no solo atiendan a un mandato presidencial, ideológico y de partido. Es menester que actúen con sensibilidad y responsabilidad, pensando en la defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos, a quienes realmente se deben y a quienes ni más ni menos representan. No se puede dejar a la sociedad mexicana en estado de indefensión ni podemos permitir que se pierda lo avanzado que está nuestro país en materia de transparencia y protección de datos personales. Juzgue usted.
Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas
anacristinales@gmail.com
