“Una Década de Resistencia”

La asociación internacional Global Witness, con sede en Londres, publicó el pasado jueves su reporte anual.

Dolió leer que México ocupa el primer lugar en asesinatos de activistas ambientales, con 54 del total de 200 homicidios registrados en el mundo en 2021.

En el informe “México: Décadas de muerte y destrucción”, se detalla que: “En los últimos diez años, el país se ha convertido rápidamente en uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, con 154 casos documentados durante este periodo. La mayoría de los asesinatos (131) ocurrieron solo entre 2017 y 2021”, advirtió el informe.

Así, México es el país más mortífero del mundo para defensores ambientales, asegura informe de Global Witness, mientras que en 2020, registró 30 homicidios de defensores ambientales, en 2021 esta cifra se elevó a 54 asesinatos, 40% de ellos eran personas de origen indígena y 19 también fueron víctimas de desaparición forzada.

Mientras tanto, la impunidad sigue siendo un tema pendiente, con más del 94% de los delitos sin denunciar y solo el 0,9% resueltos. Otro ejemplo del hostigamiento que sufren los defensores ambientales en México es el caso de Irma Galindo Barrios, quien desapareció en octubre de 2021, pero que desde 2018 enfrentaba intimidaciones por parte de funcionarios públicos, además de persecución, difamación y amenazas de muerte por su lucha en la defensa de los bosques.

También el informe de Global Witness señala que en la última década, mil 733 defensores de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en el mundo. Más de las tres cuartas partes de los asesinatos tuvieron lugar en América Latina, donde Colombia, Brasil, Nicaragua y México registraron las cifras de muertes más elevadas.

Global Witness instó a los gobiernos a hacer cumplir las leyes que protegen a los activistas ambientales, tal y como ocurre con el Acuerdo de Escazú, ratificado por México en enero de 2021 y que entró en vigor en abril de ese mismo año. El organismo señaló que, pese a la existencia de este recurso, hay poca capacidad o presupuesto estatal para apoyar a los defensores, lo que reduce la probabilidad de que las personas y las comunidades obtengan acceso a la justicia y reparación.

Parte de la numeralia del informe es:

a.- Tres de cada cuatro de los ataques documentados ocurrieron en Latinoamérica, mientras que tan solo México, Colombia (con 33 homicidios) y Brasil (26) concentraron más de la mitad de los asesinatos a nivel mundial.

 b.- Le siguen Filipinas (19), Nicaragua (15), India (14), Honduras (8), República Democrática del Congo (8), Perú (7), Ecuador (3), y Chile, Argentina, Bolivia, Gabón y Kenia, con un asesinato en cada uno.

 c.-En Brasil, Perú y Venezuela, el 78 % de los ataques se produjeron en la Amazonía.

 d.- Mientras que Brasil e India tuvieron un aumento en los ataques letales de 20 a 26 y de 4 a 14 respectivamente, tanto Colombia como Filipinas registraron una caída, al pasar de 65 a 33 y de 30 a 19 respectivamente.

 e.- También se advirtió una “cantidad desproporcionada de ataques contra pueblos indígenas”, con más del 40 % de todos los ataques fatales dirigidos a poblaciones originarias, a pesar de representar el 5 % de la población mundial. “Estos casos fueron documentados predominantemente en México, Colombia, Nicaragua, Perú y Filipinas”, observó el informe.

 f.- De los activistas asesinados, poco más de una cuarta parte de los ataques letales se relacionaron con la explotación de recursos, como madera, minería y agronegocios a gran escala, represas hidroeléctricas y otras infraestructuras.

 El informe concluye diciendo que “En todo el mundo, los pueblos indígenas, los activistas medioambientales y otros defensores de la tierra y el medio ambiente arriesgan sus vidas por la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

 También refiere que ellos “Desempeñan un papel crucial como primera línea de defensa contra el colapso ecológico, pero ellos mismos son atacados enfrentándose a la violencia, la criminalización y el acoso perpetuados por gobiernos represivos y empresas que priorizan el beneficio sobre el daño humano y medioambiental.”

Ante esto ¿qué debe hacerse?

Los gobiernos deben elaborar y aplicar leyes que protejan a los defensores de la tierra y a los activistas medioambientales y llevar a los infractores ante la justicia lo antes posible para mitigar la atmósfera de miedo y los patrones de violencia que impregnan muchos países.

 Las empresas, por su parte, tienen un papel que desempeñar a la hora de erradicar la violencia en sus cadenas de suministro y de apoyar únicamente prácticas de abastecimiento éticas y transparentes.

Es decir, los gobiernos y las empresas tienen que comprometerse de forma significativa con el acuerdo climático de París y empezar a eliminar gradualmente las industrias destructivas para el medio ambiente.

Delírium trémens.- Qué buen ejercicio confrontar el Eje Ambiental del Plan Estatal de Desarrollo versus el Informe de Gobierno del Gobernador Gallardo.

@luisglozano