Valores y ética en la función pública

“La razón es la piedra angular de la ética y la política, y el deber jurídico es la base donde se asientan” 

Herr Kant.

Todos los ámbitos que rigen nuestra vida, ya sea el espiritual o material, el social, el familiar, o el político, aparecen los valores y están regidos por ellos; es decir, toda nuestra actividad posee y está presidida por una multitud de valores, proyectados en la ética y, por ende, en nuestro existir.

Los valores -que cabe decir, son universales-, rigen cuestiones tan básicas e innegables como la libertad, los derechos humanos, nuestra propia existencia y convivencia, además de los valores éticos, sociales, científicos, económicos, políticos, democráticos, jurídicos, empresariales, etc.

Pero también están asociados a expresiones, como cuando aludimos al valor de la salud, de la educación, de la economía, o del ejercicio de la política y/o la administración pública.

Al reflexionar con mayor profundidad y realizar un análisis axiológico de este concepto, nos invita a un diálogo ponderado y crítico ante los diversos problemas y desafíos contemporáneos. En mi opinión, la premisa básica es partir de la dignidad de la persona, para después pensar, por ejemplo, en el ámbito público, en la justicia social traducida en una buena planeación y ejecución de políticas públicas.

Aproximando este razonamiento a la praxis de los valores, y la ética a la política o la administración pública, es una creencia muy asentada y arraigada socialmente en nuestra sociedad, que ésta deriva en corrupción, formando parte intrínseca de cualquier gobierno o sujeto que ostente un cargo público de cualquier nivel.

En palabras de Luis Miguel Martínez Anzures, “hoy es menester cambiar la forma de concebir la ética pública: mientras pensemos que la política es la lucha por el poder sin importar los medios, estaremos condenados a gobiernos donde prevalecerá la discordia y la corrupción; la administración pública se verá retenida a fungir como instrumento de pequeños grupos, y no de la colectividad”.

Esta inquietud la tengo con nuestros representantes populares, paro más aún, con aquellos que dirigen y están hoy al frente del gobierno, o tienen un cargo público.

Centrándome en la actividad de estos dos últimos, es importante decir que tienen la gran responsabilidad de asumir y ostentarse como funcionarios públicos, puesto que su sueldo es devengado por la sociedad y sus actividades están dirigidas a procurar el bienestar común, además de rendir cuentas sobre lo realizado.

Independientemente de su origen familiar, social, profesional, ideológico o filiación política, están obligados a ejercer sus actividades de excelente manera, con valores, con ética, y de manera profesional. De ello depende la buena marcha del Estado.

¿Por qué participo a Usted todo esto? Ante mi preocupación cuando observo muchas situaciones que han venido aconteciendo desde que inició la actual administración estatal, y que conforme avanza, me inquieta cada vez más la dirección que va tomando la actividad del Estado. Me enfoco en dos situaciones.

Una de ellas relacionada con el recurso humano; y la otra, la gran facilidad que se tiene para cambiar o modificar el destino del recurso público -sin saber previamente de dónde se obtendrá- para construir, reconstruir, remodelar, o ampliar infraestructura pública, y sin una planeación previa o estudio mínimamente serio de por medio.

Respecto a la actividad de los funcionarios públicos, reconozcamos que no es ni mucho menos insignificante ni superficial. Es importante que al frente de cualquier cargo público estén las mejores personas que demuestren conocimiento, capacidad y sensibilidad política para mantener la operación razonable del gobierno, amén de tener una constante actualización en sus funciones, complementadas con una vocación demostrada de servicio público.

Apreciamos que muchos perfiles de titulares, directivos, mandos medios que hoy están al frente en las instituciones públicas, necesitan muchas de estas habilidades. Espero equivocarme, pero si esta administración sigue su curso actual en este rubro, eventualmente tendremos situaciones indeseadas, o difíciles de resolver.

En relación a la obra pública, su situación podría implicar mayor complejidad en el tiempo. Me explico con una declaración realizada por el propio titular del ejecutivo estatal a finales de noviembre de 2022, cuando anunció que para este año se tendría un presupuesto estatal de 60 mil millones de pesos. De ese total, alrededor de 7 mil mdp, estarían destinados a obra pública en todo el Estado, 30% a municipios, y el restante a la zona metropolitana de la capital -4.9 mil mdp. Mucho dinero-.

Entre la multitud de obras anunciadas, a ejecutarse con este recurso, estaba incluida la “Vía Alterna” a la zona industrial, proyecto que al parecer se canceló y/o sustituyó hace unos días, por otro dado a conocer como “el segundo piso en la carretera 57”.

¿Este cambio de opinión, o de plan, estará fundamentado bajo los valores de justicia social, democráticos, económicos, éticos?, ¿o es un mero “efecto mediático”, o de “relumbrón” para obtener rentabilidad política y llamar la atención de alguien?, ¿se cuenta con el capital humano capacitado, formado y comprometido para tomar las mejores decisiones en beneficio del Estado y de la sociedad en su conjunto?

Usted haga sus propias conclusiones.

jmanuelrm@msn.com