¿VIENEN DÍAS PERROS?
Si la actitud tiene relación con la caída de las hojas del calendario, esto se va a poner muy difícil. Si el endurecimiento en el ejercicio del poder se asocia con la inevitable aproximación al final del sexenio, tenemos por delante dos años y tres meses peligrosos. Si la intolerancia y las pulsiones amenazantes van ligadas al ineluctable ocaso, nos aguardan días perros.
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No son los únicos casos, pero son de los más publicitados, más del conocimiento público. Hay otros menos conocidos por haberse referido a personajes de municipios alejados a esta zona conurbada. Hoy me referiré a tres, suficientes, me parece, para dar sustento al argumento central de esta colaboración: Ricardo Gallardo Cardona se muestra cada día más amenazante, represivo.
En el primero de los eventos, se llegó a los hechos de una manera tosca y feroz, frustrado en sus propósitos últimos por la intervención del gobierno federal. Me refiero a la aprehensión del periodista Omar Niño, quien luego de ser traído de la Ciudad de México por orden de un juez local recuperó en pocas horas su libertad. Sin la mano tendida de la federación lo más seguro es que todavía hoy, justo tres meses después, todavía estuviera encarcelado y habría sido humillado públicamente.
A mediados del mes pasado, el arzobispo potosino decidió por vaya usted a saber qué razones hacer pública su oposición a la presentación en la Feria del controvertido cantante Marilyn Manson. Un tema que perfectamente podría haber controvertido el presidente del patronato o el gerente de la Fenapo, lo hizo suyo el gobernador Gallardo Cardona y lo afrontó como si lo hubieran ofendido en lo personal.
Como a todo mundo consta, reaccionó reivindicando el carácter laico del Estado y señalando correctamente que a nadie se lleva a fuerza a esos espectáculos. Pero luego mostró la parte oscura de su personalidad: amenazó con acciones penales en contra de miembros del clero. Advirtió groseramente al dignatario eclesiástico que había investigaciones que fácilmente podían reactivarse.
De muy mal gusto, revelador e inquietante el asunto, pero todavía cabía la posibilidad de pensar que andaba de malas, que sobre reaccionó porque le tocaron su juguete favorito y que pagó cierto costo por andar de ajonjolí de todos los moles.
Pero vino en seguida, hace una semana, la resolución inapelable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara improcedente y anula la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 18 años que le impuso el Congreso del Estado al exalcalde Xavier Nava Palacios, y el mandatario potosino perdió los estribos.
Dijo algo así como que la Corte lo había exonerado "de cuestiones administrativas" (lo cual no es cierto), pero que Nava Palacios tenía pendientes de carácter penal, cuyas carpetas seguían abiertas y ya se estaban reactivando. Todo esto, dicho sea de paso, con total desconsideración para Manuelita, que como titular de la Fiscalía General del Estado dispone, al menos nominalmente, de autonomía funcional y no tiene por qué interferir en sus responsabilidades ningún funcionario, por muy gobernador que sea.
Me parece claro el continuum de los tres asuntos citados: amenazar, reprimir, inhibir las críticas y no asumir hechos adversos por muy contundentes e inapelables que sean.
Pero si además, como apuntamos párrafos arriba, este talante se vincula con el inevitable paso del tiempo; si va en la ruta de empeorar conforme se aproxime el fin del sexenio y la despedida del poder, ¡cuidado!
No se trata de ser alarmistas, y menos catastrofistas, pero me parece que hay razones suficientes para temer que conforme se achiquen los tiempos la intolerancia y las pulsiones represivas sean mayores, con todos los riesgos que eso implica. La nostalgia anticipada puede causar estragos en la estabilidad mental y emocional.
Y quizá lo que más preocupe es que todo esto ocurre en el seno de una ciudadanía cada vez más apocada, menos contestataria; cada día más medrosa, más asustada. No quiero decir cada vez más acobardada, pero estaría a discusión.
LA TREMENDA CORTE
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Xavier Nava Palacios es en gran medida un severo regaño a los diputados potosinos de la pasada legislatura (y desde luego también a sus muy incompetentes asesores jurídicos). Es también una cátedra de derecho elemental, un palo dado de esos que ni Dios quita y una advertencia para que no se quieran pasar de lanzas.
Como se recordará, durante su gestión como alcalde (2018-2021), Nava Palacios emprendió la construcción de un puente vehicular en el periférico oriente. Ejidatarios de La Libertad sostuvieron que la obra invadía terrenos suyos, por lo cual interpusieron un recurso de amparo. El juez de la causa les concedió la suspensión provisional. Poco después acusaron a XNP de violar esa suspensión y fueron ante el Congreso local a solicitar un juicio político en su contra, por supuestamente haber desatendido un mandato judicial federal. Los diputados que pastoreaba en ese entonces José Luis El Chiquis Fernández, se apresuraron y en diciembre de 2021, dos meses después de haber abandonado el cargo, encontraron culpable a Nava, imponiéndole una inhabilitación de 18 años para desempeñar cargos públicos.
Todo mundo entendía que era una maniobra muy burdamente orquestada por el flamante gobernador Gallardo Cardona para cobrar la afrenta que Xavier le causó a su papá Gallardo Juárez al derrotarlo contundentemente en la elección de la alcaldía capitalina.
Sea como fuere, muchas voces autorizadas le advirtieron a los diputados que estaban cometiendo un craso error. Pudieron más las presiones del gallardismo y por unanimidad aprobaron la sanción al nieto del doctor Nava.
Luego de pasar por juzgados y tribunales federales, el asunto llamó la atención de la Corte, que ejerció su facultad de atracción y se hizo cargo del asunto. En total pasaron tres años y medio, pero al final resolvió el pasado jueves.
En lenguaje directo, el encabezado mismo de la síntesis oficial define situaciones: "Los Congresos de los estados carecen de facultades para calificar el incumplimiento de una suspensión concedida en un juicio de amparo". Añade: "Por tanto, las determinaciones de un juicio político que se adopten con base en ese supuesto incumplimiento carecen de validez al ser contrarias a los principios de legalidad, competencia y división de poderes".
En dos breves párrafos el máximo tribunal constitucional del país le dice a nuestros ínclitos legisladores que se metieron a terrenos ajenos y que irresponsablemente ignoraron tres principios fundacionales de nuestra República.
Como muchos recordarán, ante la avalancha de opiniones expertas de que estaban cometiendo una atrocidad, el rebaño de El Chiquis argumentó que se trataba de Actos Soberanos, en los que nadie podía interferir.
En su resolución, la SCJN reconoce la existencia de esos Actos Soberanos, pero educadamente le dice al Congreso potosino que nada tienen que ver con andar invadiendo jurisdicciones ajenas.
Luego, en lo que a Servidor le parecen ganas de echar sal en la herida, la Corte dice que ante lo ocurrido no bastaría con ordenar la reposición del juicio político para enmendar las numerosas fallas procesales cometidas (los legisladores no evaluaron ni se pronunciaron respecto de diversas pruebas que les fueron ofrecidas ni cerraron la instrucción debidamente), por lo que invocando el principio constitucional de Máximo Beneficio, procede a declarar totalmente inválido, por inconstitucional, lo hecho en nuestro Congreso.
Hay un breve párrafo que no tiene desperdicio: "Si bien es cierto que el juicio político, como figura constitucional, corresponde a los órganos legislativos, su desarrollo no puede implicar -bajo el ropaje de una sanción política- la realización de valoraciones jurídicas que son competencia exclusiva de los jueces constitucionales...".
Luego, como de pasadita, los ministros de la Corte citan el artículo 107 fracción XVI de la Constitución General de la República, donde se establecen sanciones para quienes incumplan una sentencia de amparo (vale la pena googlearlo), como la que favorece a Nava Palacios.
Lo más chocante de todo el asunto, es que la paliza de la Corte, en términos jurídicos, es para los diputados de la LXIII Legislatura. Al Ejecutivo estatal ni en cuenta, ya que no fue parte del litigio. Pero aunque ni lo hayan mencionado, RGC montó en cólera y salió a vociferar amenazas. Dirían en el barrio, se invitó él solito al baile.
Mientras tanto, el reivindicado Xavier Nava prepara con sus abogados una contrademanda, por daño moral y otras cosas, que si gana le va a dar tranquilidad económica muchos años. ¿Regresa a la política? Oficialmente lo está meditando, pero ha iniciado pláticas con por lo menos dos partidos políticos.
COMPRIMIDOS
En la fracción del PVEM en la Cámara de Diputados están convencidos de que su próximo candidato a la gubernatura potosina va a ser su compañero Ricardo Gallardo Juárez.
Esa convicción está alimentada por él mismo, con argumentos ya conocidos: "Yo soy el creador del movimiento desde que empezamos
en el PRD"; "A mi hijo yo lo hice gobernador y él lo sabe", "Me toca porque me toca", y más por el estilo. Si no hay acuerdo, va a haber madrazos.
Los ineptos funcionarios del gobierno estatal, de Educación en este caso pero el calificativo igual vale para todo el gabinete, con su desbarajuste en la Normal no solo honraron su fama de burros sino que mostraron desconocer el sabio consejo "si no está descompuesto, no lo compongas".
Si va en serio eso de que el gobierno gallardista quiere construir un Cablebus en no sé qué parte de la ciudad, humildemente me permitiría sugerir que abandonen el proyecto. Si ya ahorita la gente se lo piensa mucho para ir a la Arena por aquello de las puertas que se caen; para circular por el puente elevado de Prados que de repente se despanzurra o para ir del centro de Ciudad Valles al Ingenio por la carretera que a cada rato se le levanta el pavimento dizque nuevo, imagínese usted subirse a una madrinola colgando a 20 metros de altura. Tampoco hay que preocuparse mucho. Esa magna obra va en el mismo paquete que el rio artificial en el Tangamanga 1, la Rueda de la Fortuna gigante y el campo de golf del Tangamanga II, el Cristo monumental de La Joya y los cuatro hospitales de especialidades. Tranquilos, pues.
Insisten con el mal chiste. Ahora que hubo reunión con el cómodo Auditor Superior de la Federación volvieron a sacar a relucir que somos uno de los estados más transparentes de la República. Ahí les va otra vez: jajajajajajajajajajajajajajaja.
Hasta el próximo jueves.
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