Vínculos claros
“A menos que se haga un compromiso, solo hay promesas y esperanzas; pero no planes “. - Peter F. Drucker
La distancia entre aspiración y realidad se mide por la capacidad de concretar. Cuando se trata de asuntos públicos donde las agencias gubernamentales -o las organizaciones públicas- son las responsables de dirigir un proceso de transformación de la realidad, la capacidad de concretar se compone, por lo menos, de cuatro elementos fundamentales: orientación social, voluntad política, eficacia administrativa y eficiencia en el gasto.
Como si se tratara de un diagrama de Venn -sí, ese que hicimos incansablemente en la secundaria-, la ausencia de cualquiera de estos elementos compromete a la capacidad de concretar. La orientación social es la que dota de rumbo y pertinencia a la acción pública. La voluntad política es la que permite que se tomen decisiones y que éstas tengan efectos sobre el aparato administrativo. La eficacia administrativa es la capacidad del aparato burocrático para cumplir las metas y alcanzar los efectos deseados; y la eficiencia en el gasto es la que permite que el ejercicio de los recursos se mantenga dentro de los estrictos umbrales de la necesidad, optimización y suficiencia.
Gobernar significa hacerse cargo de estos procesos. Contrario a la narrativa simplona que otorga capacidades sobrenaturales a una sola persona para definir un rumbo y transformar una realidad, resulta útil y definitivamente más relevante entender y visualizar los medios y las herramientas a través de las cuales un gobierno hace lo que hace. Hoy quisiera centrarme en dos asuntos concretos que se relacionan con lo anterior: el plan y la voz de la ciudadanía en su construcción.
Como Usted sabe, la formulación de un plan de gobierno no solo constituye una obligación constitucional, sino que representa un elemento esencial para orientar el trabajo de la administración pública. No estamos diciendo nada nuevo. Esta obligación encuentra su antecedente en la Constitución de 1917 y en la Ley de Planeación General de la República de 1930, la cual se puso en práctica con el plan sexenal de Lázaro Cárdenas. Lo que me sorprende es que noventa años después de eso, hay un notorio distanciamiento entre los procesos técnicos de formulación de los planes de desarrollo, el centro de gravedad democrático a partir del cual se identifican y definen los problemas, necesidades y demandas; y la ejecución de las actividades ordinarias de la administración pública. Parecen ser vectores que apuntan hacia lados distintos -sí, esos vectores que hicimos incansablemente en el bachillerato-.
Como lo escribí en este espacio hace un tiempo. Una elección no es el único espacio que existe a través del cual la ciudadanía envía “señales” para la expresión de sus deseos. Asumir ello implicaría partir de otra noción reduccionista de la voluntad popular: no todos los temas de la ciudadanía están contemplados en las plataformas electorales. No todas las voces están expresadas en una mayoría ganadora. Ni todas las necesidades salieron a expresarse el día de la votación.
Por lo anterior, necesitamos abrir otros dispositivos que permitan a las(os) representantes, actuar según el interés de la ciudadanía a la que representan. Se trata de mecanismos para establecer vínculos claros y significativos para que la ciudadanía exprese, para que el gobierno responda o que al menos tenga buenas razones para no hacerlo. Es por ello que la formulación de los planes de desarrollo debe ir de la mano de procesos participativos. Sustantivos, no simulados. Y después de eso: voluntad política, eficacia administrativa y eficiencia del gasto.
Seamos serios. No vaya a ser que nos abandonemos a la idea de que un gobierno se basa en promesas y esperanzas.
Twitter. @marcoivanvargas
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