Volver al pasado en el Infonavit

Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó la minuta de la propuesta presidencial de modificaciones a las normas que rigen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) (EL UNIVERSAL, 1/2/2025). Los cambios al texto original exigen que vuelva al Senado para su validación, lo cual parece garantizado por el manejo legislativo del partido de estado.

Según Morena, el “nuevo” Infonavit garantizará que la presidenta cumpla su promesa de “construir” un millón de viviendas “de interés social” y “mejorar” 500 mil más; pero esta meta es limitada pues el déficit, según la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), es de más de 9 millones de unidades (EL UNIVERSAL, 26/12/2024), concentrado en los sectores populares, lo cual implica que estaremos muy lejos de resolver el problema de la vivienda para los trabajadores. Recordemos que en la década de2010, cuando ya habían quebrado las mayores inmobiliarias vivienderas, se hablaba de 5 millones de viviendas no vendidas, abandonadas, desvalijadas o invadidas por el crimen organizado y los migrantes, debido a sus pésimas condiciones de habitabilidad.

La “nueva ley” es un retorno al pasado pues la obligación de los empresarios de dar vivienda a sus trabajadores, o la vivienda en renta administrada por organismos estatales, ya habían estado vigentes antes de la creación del Infonavit; y este pudo construir vivienda durante 30 años, hasta la reforma de 1992. Solo volvemos al pasado intervencionista estatal keynesiano, que no resolvió la penuria de vivienda.

La escasez de vivienda para los sectores populares es causada por la falta de empleo estable y bien remunerado que los haría “sujetos de crédito” en el mercado de vivienda, pero que lleva al 55% de la población económicamente activa (PEA) a la informalidad, y al alto costo de la vivienda, añadida la “de interés social” (EL UNIVERSAL, 26/12/2024). El Infonavit no garantiza unidades al alcance de cerca de 9 millones de sus inscritos, de donde saldrán, en parte, los 2.4 billones de pesos del fondo de cotizantes que la reforma autoriza al Estado a utilizar, a riesgo de su perdida por los trabajadores, para los programas del Instituto. ¿O piensa Morena que siempre estará en el gobierno para “protegerlos”? Estas causas del déficit de vivienda popular no son tocadas por la “nueva ley”, que no afecta la operación de otros organismos estatales —el Fovissste, por ejemplo— ni por otras acciones de la 4T.

Resolver el déficit de vivienda popular implica tocar muchos aspectos del patrón de desarrollo vigente. Como hemos señalado desde Por México Hoy, es necesario avanzar hacia la absorción formal de la informalidad, garantizar su estabilidad laboral y la elevación del salario real de todos los trabajadores; establecer subsidios reales crecientes en proporción inversa al ingreso hasta llegar a la gratuidad para los más pobres, y controlar el mercado de suelo para esta vivienda y los precios de los materiales utilizados en la construcción. ¿Estará el gobierno actual interesado en estas reformas que, desde luego, afectarán negativamente a quienes acumulan ganancias y capital gracias a la producción de vivienda popular?

(Integrante de Por México Hoy)